Nueve trenes han sido detenidos este martes en hora punta en protesta contra la nueva subida de las tarifas del transporte público. Metro Madrid presentará una denuncia ante la Policía por el "sabotaje". La mayoría de partidos políticos ha condenado la acción de los activistas.
Nueve convoyes del Metro han quedado detenidos en plena hora punta de la mañana en otras tantas estaciones del suburbano en una nueva acción contra la subida de tarifas del transporte público.
Un portavoz de Metro de Madrid ha indicado que a las 8,29 horas distintas personas han tirado de los timbres de alarma de 10 trenes que estaban parados en las estaciones de Embajadores, El Carmen, Argüelles de la línea 6, Concha Espina, Alvarado, Sevilla, Callao en la línea 3, Colombia en la 8, Saenz de Baranda en la 6 y Antón Martín. Los trenes han estado detenidos hasta las 8,38 horas.
Según un comunicado de los autorers de la protesta, "la acción se ha producido cuando los trenes se encontraban parados en las estaciones y con las puertas abiertas, por lo que no ha causado daños ni situaciones de peligro para los usuarios".
Con esta iniciativa, sus autores pretenden demostrar que los ciudadanos de Madrid no aceptan la subida de tarifas y que están decididos a actuar para pararla. Afirman además que se produce "al calor de otras protestas similares que han tenido lugar en Madrid durante las últimas semanas" y que a su juicio "han sido criminalizadas".
El movimiento 'STOP al Tarifazo' ha convocado una
concentración el jueves 31 a las 20:00 horas frente a la sede de Metro para intentar parar definitivamente la subida de precios.
Metro de Madrid presentará una
denuncia ante la Policía por el nuevo sabotaje producido esta mañana en hora punta, una acción que, según sus cálculos, ha afectado a 90.000 viajeros, según han informado fuentes de la compañía.
Los partidos políticos condenan la acción
Los grupos municipales de PP, UPyD e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid y sus homólogos parlamentarios en la Asamblea regional no han tardado en reaccionar ante la acción cometida contra el Metro.
El portavoz municipal del grupo popular, Pedro Calvo, ha destacado que, aparte del riesgo a la seguridad de este boicot, se genera una "incomodidad" a miles de ciudadanos que utilizan un servicio "esencial" de transporte en Madrid. Su compañero de filas Íñigo Henríquez de Luna, portavoz en la Asamblea, ha mostrado su "indignación por estos actos de sabotaje", que ha calificado de "intolerables" y ha dicho que
para eso existe el ejercicio de manifestación.
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Mientras, el portavoz municipal de Izquierda Unida (IU), Ángel Pérez, ha comentado que su partido no ampara estas actuaciones y ha asegurado que
existen formas de protestas más "efectivas" y "colectivas". Por su parte, el portavoz regional de la coalición de izquierdas, Gregorio Gordo, ha indicado que rechazan "cualquier tipo de acción que pueda poner en peligro el funcionamiento de Metro", y ha señalado que "en ningún caso" pueden avalar acciones de estas características.
El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento, David Ortega, también ha expresado su censura a este tipo de protestas. El origen del problema, ha dicho, es la menor aportación del Estado al Consorcio de Transporte y que
ahora el ciudadano "paga más por peor servicio". El portavoz regional de UPyD, Luis de Velasco, ha afirmado que, además, si efectivamente se paró el Metro, "debe ser sancionado" el que haya llevado a cabo esta acción.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado que el sabotaje de esta mañana en el Metro de Madrid ha sido un acto "muy insolidario" y que "sólo
perjudica a los trabajadores madrileños, provocando que miles de ellos lleguen tarde a sus trabajos". Cifuentes ha insistido que este tipo de actuaciones son "un ataque directo" a los ciudadanos madrileños que tienen que usar el suburbano para acudir cada mañana a sus puesto de trabajo.
Por otro lado, Cifuentes ha señalado que
la Policía Nacional ha abierto una investigación y se encuentra analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del Metro para identificar a los autores de los hechos "para exigirles todas las responsabilidades administrativas y penales que la ley prevé".