La Policía Nacional ha iniciado una investigación interna tras la denuncia de varios manifestantes que fueron interrogados, en presencia de sus abogados, por agentes encapuchados tras su arresto en la protesta no autorizada del 10 de febrero en Madrid contra la reforma laboral.
El director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, ha ordenado recopilar toda la información relacionada con esta denuncia para determinar si procede la apertura de algún expediente disciplinario derivado de la actuación de los policías. No es habitual que los agentes realicen este tipo de diligencias policiales sin identificarse y sobre todo en presencia de los abogados ante los que es normal que se identifiquen y presenten su carné profesional.
La Asociación Libre de Abogados (ALA) ha sido quien ha interpuesto la denuncia en la que relatan que "cuando los abogados designados, unos por turno de Oficio y otros por designación directa de los interesados, acudieron a asistirles, se encontraron con que fueron recibidos por personas vestidas de paisano, cubiertas con capuchas, de las que no se desprendieron en ningún momento, actuando en todo momento como policías, recibiendo en tal concepto las declaraciones y acompañando a los letrados, siempre encapuchados, hasta la salida".
Esta asociación denuncia que "la referida práctica no tiene apoyo en ningún texto legal conocido, carece de toda lógica y viola de manera inequívoca tanto el ejercicio del derecho de defensa como la dignidad de detenidos y abogados". "Constituye una absurda cautela, no prevista por la Ley, que arroja intolerables sospechas no sólo respecto de los detenidos, sino también de los abogados que, expresamente designados por ellos o designados por Turno de Oficio, les asisten", añaden.
Además, alegan una "total indefensión, ya que resulta absolutamente imposible comprobar que las personas encapuchadas que intervienen y suscriben la declaración y el atestado, como Instructor y Secretario, respectivamente, son realmente los funcionarios que dicen ser, e incluso su propio carácter de funcionarios policiales". Consideran "intolerable este tipo de interrogatorio que contribuye a la creación de una cultura de impunidad ante los malos tratos, contraria al principio constitucional de responsabilidad y sujeción al ordenamiento jurídico por parte de los poderes públicos, previsto en la Constitución".
"Por todo ello, venimos a solicitar se cursen las órdenes oportunas para que cesen dichas prácticas y en modo alguno se produzcan declaraciones o práctica de diligencia alguna por parte de funcionarios encapuchados o que, de alguna otra forma, traten de ocultar su identidad, debiendo, además, identificarse los funcionarios", señala esta denuncia.
Sin embargo, la Policía ha explicado que
el exjefe superior de Policía de Madrid, Francisco Javier Redondo, había autorizado verbalmente a los agentes que trabajan como infiltrados en las manifestaciones a ir encapuchados cuando tenían que tomar declaración a los detenidos en las mismas.
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