Miguel Reneses, imputado por presunto acoso sexual

Debido a la condición de aforado de Reneses como diputado autonómico, el 11 de enero se trasladó desde el Juzgado de Fuenlabrada al TSJM el caso, para el que se ha abierto un auto de procedimiento.

El magistrado del TSJM considera la existencia de "indicios razonables" de presunto acoso sexual por parte de Reneses, que además de diputado autonómico es secretario de Organización de IU.  Una compañera de partido y concejala del Ayuntamiento de Fuenlabrada entre 1995 y 1999, J.C.P., ha denunciado a Reneses, con el que trabajó durante cuatro años en la misma Corporación.
  
El auto expone que Reneses y la demandante mantuvieron, desde 1995 a 1999, "frecuentes encuentros para satisfacer las apetencias de su fuerte atracción sexual". Se citaban en la habitación de un hotel madrileño, que Reneses contrataba.

Entre 1998 y 1999, la concejala inció otra relación con un guardia civil con el que después se casó. En este momento la demandante comunicó a Reneses su intención de dejar la relación, hecho que, según el auto, "el demandado no aceptó de buen grado insistiendo de forma persistente" para que continuaran sus encuentros.

El auto recoge que el demandado, al parecer, llamaba telefónicamente al cuartel de la Guardia Civil de Pinto, donde la concejala convivía con su nueva pareja, y luego al de Batres, en 2005. Este texto jurídico expone que "para ejercer presión sobre ella", el demandado podría haber conseguido que la demandante no figurase como aspirante al cargo de concejal por Fuenlabrada.

La demandante asegura en el auto que, a pesar de su matrimonio, "recibió constantes requerimientos" de Reneses para desplazarse juntos a Madrid con el "fin" de asistir a una "inexistente reunión del partido". Además, la concejala señala que el ahora diputado regional le "ocultaba la intención de ocupar una habitación en el mismo hotel en que se citaban en el pasado".

Al final, J.C.P ocupó el cargo de directora de Transportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada, aunque su despacho carecía de ordenador, hecho que ella achacó a "una decisión de Miguel Reneses para continuar presionándola para retormar la relación sexual que habían mantenido". La concejala mantuvo este puesto hasta 2003, cuando se quedó en paro y comenzó a tener problemas económicos durante dos años.

En ese período, ella afirma que Reneses le ofreció un trabajo en los servicios administrativos de la Asamblea de Madrid, un puesto que, según relata la concejala,  Reneses decía que lo había conseguido a través del que era consejero de Transportes, Francisco Granados, perteneciente al Partido Popular. J.C.P. señala que rechazó el empleo al temer que el diputado de IU quisiera continuar con sus acercamientos sexuales.

El auto recoge que "cada vez que Reneses veía a la mujer intentaba abrazarla y manosearla". Al final, la demandante consiguió un puesto de trabajo en Pinto, lugar hasta el que supuestamente se desplazó Reneses varias veces "con un coche oficial de la Asamblea de Madrid" para verla. Según el texto jurídico, Reneses volvió a proponerle retomar su relación, ya que de esta forma "su situación económica cambiaría de forma radical y podría recuperar la actividad política que antes desarrollaba".
  
En el auto se recoge información sobre una serie de ingresos hospitalarios de la demandante, por hasta cinco intentos de suicidio mediante la ingesta de medicamentos. El Ministerio de Trabajo dictó en mayo de 2008 una declaración de incapacidad laboral permanente absoluta, y fue en marzo de 2011 cuando la Comunidad de Madrid le concedió un grado de discapacidad psíquica del 47 por ciento.

El magistrado ordenó un nuevo reconocimiento psiquiátrico, en el que J.C.P. achaca la situación de acoso como causa de situación mental. La psiquiatra no descarta que se produjese el acoso, aunque no valora esta cuestión en su dictamen médico.

El magistrado ha concluido que "existen indicios pero fundados" que podrían terminar determinando la existencia de un delito de acoso sexual", sin perjuicio de la valoración definitiva y de las pruebas que se expongan en el juicio oral.

Reneses rechaza las acusaciones
Por su parte, el diputado autonómico de Izquierda Unida, Miguel Reneses, ha rechazado las acusaciones que se le imputan y las achaca a "una estrategia de venganza política y personal por parte de sectores interesados y antagónicos" hacia su persona.

Reneses asegura que las acusaciones de las que ha sido objeto son  "rotundamente falsas". "Mi condición de imputado supone para mí una mejor defensa y poder conocer con mayor suficiencia y profundidad el procedimiento judicial puesto en marcha contra mi persona", asegura.

El demandado expone que esas "calumnias" corresponden a hechos que supuestamente tuvieron lugar hace más de diez años, por lo que considera "inexplicable" que no hubieran sido denunciados en el momento en el que presuntamente ocurrieron. "Esto induce a pensar que todo forma parte de un plan de ataque personal, basado en una estrategia de venganza política y personal por parte de sectores interesados y antagónicos hacia mi figura", destaca.

Reneses ha explicado que "el hecho de recurrir a este tipo de subterfugios para dañar mi imagen o la de la organización en la que milito retratan perfectamente a las personas que los utilizan". Por último, Miguel Reneses añade que ante el posible daño ocasionado a su honor y dignidad personal se reserva la posibilidad de emprender acciones legales contra aquellas personas que hayan sido "responsables de estos ataques".