Responsabilidad social frente a los desahucios

Uno de los más graves e hirientes problemas que sufren en la actualidad muchos ciudadanos españoles, y madrileños, es el del sobreendeudamiento por la adquisición de vivienda en los años inmediatamente anteriores al desencadenamiento de la crisis económica, y el consiguiente riesgo de desahucio a que se ven sometidos en el momento presente por una situación general de la que son en gran parte responsables las propias entidades financieras, y de la que no pueden mantenerse al margen las administraciones públicas en cualquiera de sus ámbitos de actuación.

Lo primero que hay que decir, en contra de los argumentos que emplean habitualmente tanto los bancos y cajas como las diversas instancias públicas y oficiales, es que los contratos hipotecarios privados ni son contratos entre iguales, aunque legalmente así lo parezcan, ni impiden, dada esa supuesta privacidad, que el Estado pueda intervenir en la corrección de un estado de cosas profundamente injusto como consecuencia de los abusos cometidos precisamente en este campo del crédito hipotecario.

Porque los particulares que acudieron a la solicitud de créditos lo hicieron impulsados por la propia propaganda de las entidades financieras -y de las administraciones- en ese ambiente de euforia de la burbuja inmobiliaria facilitado, de añadidura, por la falta de controles y de regulación eficiente por parte del supervisor público. Además, esos contratos siempre se han establecido en una posición de subordinación del particular frente a los infinitos recursos y asesoramientos legales del banco o de la caja correspondiente, a lo que hay que añadir la otra desigualdad de trato existente entre la inmobiliaria respectiva y el ciudadano individual, ya que mientras aquélla sólo responde con los bienes de la empresa, los particulares lo tienen que hacer con todo su patrimonio. Y de ahí su actual indefensión, poco menos que absoluta.

De otra parte, conviene subrayar que no es verdad que el Estado no pueda intervenir frente a entidades privadas o ante los contratos (abusivos) que firman con los particulares. Porque sí ha intervenido el Estado en las entidades financieras al inyectarles dinero para que tuvieran liquidez, en los meses iniciales de la crisis, contando, para esto sí, claro, con su complaciente aceptación, aunque ahora, cuando se les pide algún pequeño sacrificio a favor del conjunto de la sociedad, se nieguen a ello aduciendo ese carácter privado que no alegaron, en cambio, para coger el dinero público que les ofreció el Gobierno en su momento.

El sobreendeudamiento y las ejecuciones hipotecarias son un problema de tal magnitud -cuyas causas no son imputables en términos exclusivos a los consumidores o compradores de vivienda sino, sobre todo, a las mismas entidades financieras-, que exige de los poderes públicos, de los políticos y de los gobernantes, una respuesta democrática en términos de responsabilidad social, justamente porque han sido elegidos para representar y proteger los derechos de los ciudadanos e intentar resolver los problemas que les afecta colectivamente o a un gran número de ellos.

Y pocos problemas existen hoy que tengan una mayor repercusión social y que resultan más acuciantes para cientos de miles de personas que los derivados de los lanzamientos judiciales y de los procedimientos de desahucio, que son la consecuencia última de unas prácticas de codicia y rapiña de las que ha hecho y hace gala un sistema financiero que, además, pretende que esos poderes públicos estén a su servicio.

Por todo ello, desde UGT-Madrid consideramos urgente y prioritario abordar la solución de este problema con medidas concretas que analicen bien la situación de conjunto y que hagan más justo el sistema hipotecario.

Habría que evitar el desahucio de las familias que, queriendo pero no pudiendo pagar, tengan derecho a poder renegociar con la entidad de que se trate, o puedan dar su vivienda en pago, o acceder a un régimen de alquiler impropio si la situación de impago se prevé transitoria, o bien proceder a una quita en determinados casos. Y, desde luego, y con carácter preferente, alertar a los particulares, siempre y en todo caso, de las posibles, o probables, consecuencias de la asunción de determinadas hipotecas.

Este conjunto de propuestas las vamos a articular en el sindicato para presentarlas formalmente en la Asamblea de Madrid nada más reanudarse la actividad parlamentaria, en el correspondiente documento que someteremos a la consideración del gobierno de la Comunidad de Madrid y de las distintas fuerzas políticas con representación en aquélla, así como al conocimiento público de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región.

Ni las entidades financieras ni las diferentes administraciones pueden mirar para otro lado ni eludir su responsabilidad. La protección de los ciudadanos y de las familias -en nuestro caso de los ciudadanos y de las familias madrileñas- para evitar los sobreendeudamientos en la adquisición de viviendas y los sobrevenidos desahucios exigen la implicación de todos en la corrección de un estado de cosas que a todos nos incumbe y afecta.  

Juan Luis Martín Sierra
Secretario de Políticas Sectoriales de UGT Madrid