Calidad, especialización y amplia cobertura en la atención a la dependencia

La atención a las personas en situación de dependencia y el fomento de su autonomía personal son una prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los Presupuestos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales destinan casi dos millones y medio de euros al día a la consolidación de una red de servicios y prestaciones que bajo los principios de calidad, especialización y amplia cobertura atienda de forma adecuada a las personas mayores y las personas con algún tipo de discapacidad que puedan encontrarse en situación de dependencia.

La puesta en marcha de la llamada Ley de Dependencia ha otorgado un nuevo derecho subjetivo a los ciudadanos, completando la acción protectora que, de forma principal, las comunidades autónomas y las entidades locales veníamos desarrollando desde hace muchos años, en colaboración con el sector privado y el tejido asociativo. El camino no ha estado exento de dificultades, máxime cuando hemos puesto los cimientos del nuevo sistema con una ley pendiente de desarrollo en muchos de sus aspectos y en un contexto en el que las comunidades autónomas hemos tenido que transformar no sólo nuestras estructuras organizativas, disposiciones normativas y sistemas de información, sino toda la red de servicios sociales preexistentes, respetando los derechos de las personas atendidas y de las que se encontraban en alguna de sus listas de demanda.

A fecha de hoy, cuando nos encontramos en el ecuador del calendario de aplicación de la Ley de Dependencia, es un buen momento para realizar un balance de los primeros cuatro años de implantación de una norma que ha tenido distintos desarrollos y que, por tanto,  ha dado lugar a modelos de atención diferentes.

Mientras que algunas comunidades se han decantado por la construcción de un modelo de atención a la dependencia basado principalmente en la concesión de prestaciones económicas y muy limitado en lo que a recursos profesionales se refiere, una fórmula que, además, les ha permitido disfrutar del éxito que provoca la falsa “ilusión” de las cifras iniciales; en otras regiones, como en la Comunidad de Madrid, hemos apostado desde el origen por la construcción de un modelo de atención mixto, en el que las ayudas económicas se constituyan como una prestación más dentro en un catálogo de servicios integrado por una red de recursos de alta cobertura, profesional y especializada que permita a los ciudadanos elegir cuál es el tipo de atención más satisfactorio para cubrir sus necesidades específicas, aunque ello suponga tener que hacer frente a costes mucho más elevados.

Es incontestable que, desde su concepción, la Ley de Dependencia parte de la idea de crear un sistema de atención profesional a las personas que se encuentran en situación de dependencia y, por eso, otorga un carácter de excepcionalidad a las prestaciones económicas. Y es indiscutible, a la vista de los resultados, que no todas las regiones han realizado el mismo esfuerzo para hacer realidad los preceptos que inspiraron la redacción de dicho texto normativo cuya finalidad es, nada más y nada menos, que la construcción del cuarto pilar del Estado de Bienestar.

Los datos que cada mes hace públicos el ministerio de Sanidad y Política Social demuestran que, a día de hoy, la apuesta por los servicios especializados, la atención de calidad y los servicios de promoción de la autonomía personal, tan importantes a medio y largo plazo debido a que propician la creación de empleo, retrasan al máximo las situaciones de dependencia y, por tanto, generan retornos sociales y económicos, sólo la hemos realizado algunas comunidades autónomas.

En este sentido, la apuesta de la Comunidad de Madrid por crear un sistema de atención a la dependencia basado en los servicios de calidad es muy clara y las cifras que así lo demuestran, contundentes.
A cierre del mes de abril, la Comunidad de Madrid es -con 22.484-  la región que más plazas en residencia ha asignado a los ciudadanos que así lo han solicitado; la que lidera el número de plazas de centro de día (11.689); y, además, es la segunda en cuanto a la prestación de servicios de atención domiciliaria con la concesión de 18.763 servicios de ayuda a domicilio y 13.170 usuarios de teleasistencia, amén de las 19.251 prestaciones económicas otorgadas a aquellos ciudadanos que se han decantado por esta modalidad de atención y que cumplen los requisitos marcados por la propia Ley.

Estas cifras, y una vez transcurrido el tiempo que permite relativizar la “ilusión” inicial a la que antes me refería, colocan a la Comunidad de Madrid 13 puntos por encima de la media nacional en cuanto a número de beneficiarios atendidos -con  una cifra que supera el 81 por ciento-, y casi el 20 por ciento de todas las plazas públicas del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia se encuentran en nuestra región. Además, ponen de manifiesto que 97 por cientode las personas que han solicitado reconocimiento de la situación de dependencia ya han sido valoradas en su propio domicilio o lugar de residencia.

Hoy, Madrid es la tercera región por solicitudes recibidas -135.035-, valoraciones realizadas -131.308- y ciudadanos atendidos -73.258-, cuando somos la cuarta comunidad en ciudadanos potencialmente dependientes y es la Comunidad que encabeza, con una diferencia notable, la lista de regiones que han otorgado un mayor número de servicios profesionales a sus ciudadanos. Porque nuestra intención siempre ha sido y continúa siendo crear un sistema de atención a la dependencia sólido, bien cimentado, y capaz de garantizar a las personas en situación de dependencia y a su familias la cobertura que realmente necesitan.

Miguel Ángel García Martín es el director general de Coordinación
de la Dependencia de la Comunidad de Madrid.