El Ayuntamiento aprobó en junio una Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas que permite a entidades certificadoras gestionar los permisos bajo la tutela del Ayuntamiento.
Estas empresas, autorizadas por la Entidad Nacional de Acreditación y el Ayuntamiento, tramitarán los expedientes en algunas fases. Pueden ser públicas o privadas, lo que incluye a los colegios profesionales, que denunciaban que el Consistorio perdía cientos de millones de euros en recaudación por esta gestión y que se iba a encarecer la misma.
La ordenanza, que entra en vigor en enero de 2010, deriva de una normativa europea y según Alberto Ruiz-Gallardón era la forma de depositar la confianza de las administraciones en la "madurez" de los ciudadanos. El ciudadano paga a una empresa por el servicio y ve reducida e incluso eliminada la tasa según su caso. La licencia puede gestionarse por varios procedimientos según su naturaleza y especificidad.
El PSOE denunció que la nueva ordenanza no era legal ya que ni la Ley del Suelo estatal, ni la autonómica permitían que las entidades certificadoras aprobasen licencias. Por ello, apostaron mediante enmienda a que se reforzase el sistema de funcionarios, en vez de externalizar el servicio. En el mes de noviembre comenzaron los cursos de formación de estas entidades colaboradoras.
Jurado popular
Por su parte, la Justicia estableció que cuando se celebre el juicio del caso Guateque se hará con jurado popular. Mientras tanto, el juez Torres siguió tomando declaración a funcionarios y otros testigos de empresas privadas relacionadas con la trama. Algunos de los primeros reconocieron que recibían indicaciones para dar prioridad a determinados expedientes. Los segundos lo negaban. Uno de los casos más sonados fue el de la esposa de Alberto López-Viejo, ex-consejero de Deportes. Recibió la licencia para su local en 20 días, cuando lo normal era una media de dos años. El juez también pidió información sobre cuatro concejales y varios funcionarios más.
Venganza Por su parte, el 'caso Becara', una de las ramificaciones del 'Guateque' seguía su curso sin demasiadas novedades. El concejal del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, seguía denunciando que las acusaciones vertidas sobre él, relacionadas con el precinto de unas oficinas "ilegales" sobre la tienda de muebles 'Becara', se debían a una venganza.
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