La moral torticera

Creo que todos sabemos que hace escasos días la Ley de Salud Sexual y Reproductiva superó su primer tramite en el Congreso de los Diputados. Que dicha reforma era necesaria y que iba a seguir adelante resultaba obvio para cualquiera con un mínimo sentido de la responsabilidad, pero lo que empieza a ser preocupante es el rumbo absurdo que está tomando el debate, alimentado con insidia por los sectores más reaccionarios de la sociedad española.

Toda esta algarada de voces amenazantes, condenas a heresiarcas y jubilosas embarazadas hablando de regímenes totalitarios no hace otra cosa que falsear los principios básicos de la discusión, ocultando con esa cortina de ruido que lo único que los empuja es una falsa moralidad enraizada en el machismo, el integrismo católico y el abuso de poder. Conviene por tanto intentar poner en claro – una vez más – el  marco objetivo del debate.

En primer lugar, cuando hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo hablamos en primer lugar de un derecho. Sin embargo el tono de la respuesta de la derecha parece querer advertir de una imposición. Las democracias gestionan los derechos de las personas, las dictaduras – y esta derecha vociferante es precisamente la que se niega a condenar la dictadura franquista tanto en España como en Europa – imponen actos por el uso de la fuerza. Al hablar de un derecho, hablamos de algo fundamental en democracia, que es la seguridad jurídica. Es impresentable, como defendió la ministra Bibiana Aído, que una mujer tenga que alegar motivos de salud mental para poder abortar y sume a la carga de responsabilidad tan enorme de tal decisión la amenaza de no saber si algún día se tendrá que ver frente a un tribunal de justicia. Es inadmisible.

En segundo lugar, el embarazo es un hecho que atiende a una doble naturaleza, recayendo tanto en el ámbito de la salud como en el de la sexualidad. En nuestro país, todas las personas mayores de dieciséis años son libres de decidir sobre su vida sexual, y del mismo modo son libres de decidir sobre todo lo relacionado con su salud, con absoluta autonomía y sin la participación de los padres y madres. Entonces ¿marcamos una distinción en la que los hombres tienen la totalidad de esos derechos y las mujeres no? ¿Limitamos derechos para la mujer en sus derechos sanitarios y en los relacionados con su sexualidad?

¿Una chica de dieciséis años puede determinar si se somete a un transplante de corazón, pero para interrumpir su embarazo deben ser papá y mamá quienes decidan? Y por último, si una chica de dieciséis años que se ha quedado embarazada quiere continuar adelante con la gestación… ¿Sus padres tienen derecho a obligarla a abortar? Porque hablamos de derechos. Y ese es el marco que esta vez, como tantas otras, la derecha reaccionaria de nuestro país pretende olvidar, y hacer que olvidemos.

Para eso es para lo que siempre ha servido la amenaza del infierno.

Daniel Méndez Guillén

Secretario General de Juventudes Socialistas de Madrid
Diputado Nacional