La asamblea enseña su accesibilidad y los discapacitados quieren más

Hace unos meses, los grupos de la Asamblea de Madrid acordaron, con sus lógicas diferencias sobre cómo hacerlo, la creación de una comisión para tratar temas específicos de las personas discapacitadas de la región. Como no hay muchos datos, unos cifran en unos 250.000 ciudadanos el colectivo y otros se acercan más a los 450.000. A esta comisión, que se reúne una vez al mes,  acudirán todos los que los grupos consideren conveniente y que puedan aportar algo  nuevo a la situación de un colectivo que se siente agredido por el diseño de las ciudades y que no se siente grato con las posibilidades que ofrecen los que creen que las personas deben adaptarse a las ciudades, y no al revés, que sería lo lógico.

Hace un mes, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, expuso todos los programas y buenas intenciones de su departamento con este colectivo. El segundo invitado, el presidente del Comité de Entidades Representativas de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunidad de Madrid, Javier Font, tuvo la fortuna de estrenar todas las medidas puestas en marcha por la Presidencia del Parlamento regional para mejorar la accesibilidad de sus instalaciones, respetuosas con las personas con alguna discapacidad.

Cuando se inauguró la sede parlamentaria de Vallecas, los ingeniosos que la diseñaron olvidaron el ascensor que da acceso a la sala de invitados que usan las personas que desean ver en directo las sesiones plenarias de los jueves. Si instaló poco después. Siempre se ha respetado escrupulosamente el derecho de las personas diferentes a moverse en un edificio público pagado con el impuesto de los ciudadanos y se ha sido cuidadoso en las tareas de mejorar estas prestaciones.

La última aportación ha sido la mejora del acceso a la tribuna de oradores de la sala José Prat, con la supresión del escalón existente mediante la construcción de una rampa con meseta de maniobra. Eso dice el escrito de la Asamblea de Madrid en el que se explican las actuaciones para eliminar las barreras arquitectónicas que impedían que Font entrase con normalidad en la citada sala de comisiones y se colocase en el mismo lugar en el que hablan los demás comparecientes a ésta o cualquier otra comisión parlamentaria.

El presidente del Cermi de Madrid, que fue recibido por los diputados sentados en una sala con impedimentos hasta ayer para muchos cientos de miles de madrileño, no notó tantos detalles porque, desde su silla de ruedas, no considera extraordinario que lo normal se cumpla y que si es invitado a un acto pueda acceder, moverse y actuar sin necesidad de que su discapacidad sea una pega.

Habló de los efectos de la crisis en su sector, aseguró que el paro se extiende como una mancha de aceite entre las personas discapacitadas y que las mujeres sufren más que el resto del colectivo. Pidió que el Gobierno regional trate al colectivo de discapacitados como otro grupo humano más y que los problemas educativos de este sector lo atienda la Consejería de Educación, y no sean remitidos a Servicios Sociales. Los de transportes, la consejería correspondiente, y así sucesivamente con el resto de servicios.

Las personas discapacitadas quieren ser atendidas como personas y no como discapacitadas. Eso dijo Font en la Cámara regional a la que acudieron pocos informadores interesados por esta noticia de tan bajo nivel que nada tiene que hacer ante las grandes exclusivas como la incapacidad de Esperanza Aguirre para hacer declaraciones cuando lleva zapatos sin tacones o la conveniencia de que Rodrigo Rato presida Caja Madrid sin aclarar convenientemente el castigo que debe recibir Manuel Cobo por decir en público lo que piensa del Gobierno de la amiga de su gran aliado, Alberto Ruiz-Gallardón. Mala suerte.

La Asamblea respeta las leyes de accesibilidad y supresión de barreras y las personas discapacitadas lo tienen en cuenta. No olvidan que ser diferentes les obliga a ser agradecidos con los normales por respetar lo que establecen las leyes, pero también a decir alto y claro que su vida se normaliza con actuaciones concretas que les convierte en iguales en derechos.