Rifirrafe por el despido de una trabajadora en San Fernando de Henares

La batalla comenzó cuando, según fuentes municipales, el portavoz del PP, Eusebio González, solicitó en septiembre el despido de la responsable de comunicación del Grupo Popular que se encuentra de baja debido a un embarazo de riesgo. El Ayuntamiento ya ha anunciado que no procederá a llevar a cabo dicho despido. Y es que al tener la trabajadora un contrato eventual, ha de ser el alcalde el que firme su cese.

"Moralmente nos parece impresentable que se pretenda despedir a una trabajadora embarazada y de baja laboral, pero es que además no estamos dispuestos a ir en contra de derechos ganados y adquiridos con mucho esfuerzo, por eso, hasta que esta situación no se aclare, el Ayuntamiento no va a despedir a una trabajadora eventual, aunque trabaje para el PP, y a pesar de las reiteradas peticiones que ha hecho el portavoz del grupo", indicó la concejala de Personal de San Fernando de Henares, Antonia Arenas.

Por su parte, el portavoz del PP apuntó a Madridiario que fue la misma trabajadora la que solicitó su cese por traslado junto a su pareja y familia a Zaragoza. González aseguró que no se trata de un despido como dice el Ayuntamiento. "Todo se ha hecho con el asesoramiento del equipo de Gobierno y con conocimiento de la trabajadora", insistió el portavoz popular.

Y es que al parecer, según González, la trabajadora no vive en San Fernando de Henares desde el mes pasado. "Tengo un escrito fechado de septiembre en el que ella misma pide su cese para el 15 de septiembre", afirmó Eusebio González.

"Cuando se planteó su traslado, lo consulté con el equipo de Gobierno y fueron ellos los que me dijeron que la solución era el cese. Además, yo le aseguré a la trabajadora que en las próximas elecciones tendría trabajo de nuevo en el Grupo Popular si decidía volver", añadió.

Sin embargo, desde el Consistorio insisten en que la trabajadora en cuestión ha expresado su disconformidad con el despido, y por esa razón, el alcalde no firmó el cese porque "el Ayuntamiento no está dispuesto a conculcar los derechos recogidos en el artículo 14 de la Constitución, la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad entre Hombres y Mujeres, e incluso varias directivas comunitarias".