El juez Adolfo Carretero ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Luis Medina y Alberto Luceño por el 'caso de las mascarillas' en relación a la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario durante el inicio de la pandemia.
En el auto se abre juicio oral contra Luceño por un delito continuado de estafa agravada, delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular.
Respecto a Medina, se abre juicio oral por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. El órgano competente para enjuiciar este procedimiento será la Audiencia Provincial de Madrid.
La decisión de Adolfo Carretero se produce después de que la Sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado los últimos recursos de apelación, confirmando así completamente la instrucción desarrollada por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 47.
El fiscal Luis Rodríguez Sol ya adelantó su escrito de acusación en el que solicita una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño.
En el caso de Luceño, el fiscal reclama una multa que asciende a los 5 millones, mientras que su socio deberá pagar si es condenado una multa de 450.000 euros. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.
A Luis Medina le imputa en concepto de coautor un delito continuado de estafa agravada y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. A Luceño le acusa de los citados delitos en calidad de autor, junto a otro delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y otro contra la Hacienda Pública agravado.
De igual modo, el fiscal pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.386,29 euros.
El fiscal considera que procede, asimismo, decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros, en el caso de Luis Medina.
"La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador", recalcó el fiscal.
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