El Gobierno ha convocado para este lunes, 17 de noviembre, una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el fin de abordar junto a las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera que servirán de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Este órgano, que reúne a los gobiernos central y autonómicos, debe emitir un informe previo antes de que el Ejecutivo apruebe la senda de estabilidad que guiará también los presupuestos regionales.
Tras el encuentro, previsto para las 12.00 horas, el Consejo de Ministros aprobará el martes el límite de gasto no financiero (‘techo de gasto’) y los objetivos de estabilidad y deuda pública que se remitirán a las Cortes, según confirmó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La ministra ha defendido que la senda de estabilidad “es el primer paso” para elaborar las cuentas públicas, ya que permite conocer “la capacidad económica con que van a contar las diferentes administraciones”.
Si el Parlamento valida los objetivos para 2026-2028 —puesto que el techo de gasto no se vota en las Cortes—, el Gobierno podrá presentar el proyecto presupuestario para su tramitación. El proceso llega tras un año de bloqueo: los objetivos de 2025 fueron rechazados por el Congreso y los presupuestos para 2024 no prosperaron por el adelanto electoral catalán.
Obstáculo parlamentario: el veto de Junts
El Ejecutivo afronta ahora un escenario más complicado después de la ruptura con Junts, que ha amenazado con bloquear toda la acción legislativa. La formación soberanista ya ha advertido que, si el Gobierno vuelve a presentar la misma senda de estabilidad del pasado año, “la volverán a rechazar”. “Si presenta lo mismo va a tener el mismo voto”, advirtió la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, reclamando un reparto más favorable para las comunidades.
Pese a ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que continuará con su “hoja de ruta” y que la legislatura se completará “con o sin nuevos Presupuestos”.
El análisis de la AIReF
El CPFF deberá fijar también los objetivos para las comunidades autónomas. En este punto, la AIReF considera que las regiones no necesitan mayor margen respecto a la tasa de déficit planteada por Hacienda —0,1 por ciento para 2026 y 2027—. Con sus previsiones de equilibrio presupuestario en 2026, “no parece que el conjunto del subsector necesite un objetivo mayor”, señaló su presidenta, Cristina Herrero, quien estará presente en la reunión, aunque sin derecho a voto.
En cuanto a la Administración Central, los objetivos planteados el pasado año situaban el déficit en el 1,8 por ciento para 2026 y en el 1,5 para 2027. Para los ayuntamientos, se mantenía el equilibrio presupuestario.
Financiación autonómica: debate pendiente
Según el orden del día remitido a las comunidades, el Consejo abordará también el estado de la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace más de una década. Hacienda trabaja para presentar una propuesta que, asegura, será “positiva” y “beneficiosa” para todas las autonomías, con la intención de cerrar un nuevo modelo esta legislatura.
Montero precisó que el lunes se explicará el punto en el que se encuentra el debate, aunque la discusión técnica se reservará para reuniones posteriores. El Gobierno quiere avanzar ahora en esta reforma tras aprobar el anteproyecto para la condonación de deuda.
Entre las ideas en estudio, Hacienda analiza un sistema en el que los ingresos procedentes del IRPF, IVA y otros impuestos compartidos lleguen “a la vez” al Estado y a las comunidades, sustituyendo al actual modelo de entregas a cuenta, muy criticado por las autonomías. En paralelo, el Ejecutivo tiene pendiente concretar la financiación singular para Cataluña, acordada con ERC.
Antecedentes
En la legislatura pasada, el Ministerio de Hacienda llegó a enviar a las comunidades de régimen común, Ceuta y Melilla una propuesta basada en el criterio de población ajustada, atendiendo a las demandas de las regiones infrafinanciadas. Tras dar un mes para alegaciones, el proceso quedó paralizado por los ciclos electorales y no volvió a reactivarse, pese a que varios presidentes autonómicos reclamaron reformar el modelo e implementar un fondo compensatorio hasta su actualización definitiva.
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