El empresario hispanovenezolano Francisco Javier D’Agostino, residente en España y activo en el ámbito de las inversiones internacionales, ha logrado un fallo judicial contundente contra Manuel March Cencillo, nieto de Juan March Ordinas, fundador de Banca March. Tras más de un año sin que March cumpliera con la condena impuesta por un juzgado madrileño, el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid decretó el embargo de todos sus bienes para cubrir la deuda.
El conflicto tiene su origen en una fallida operación inmobiliaria. En 2021, March acordó la venta de la finca Son Galcerán, una propiedad histórica situada en Valldemossa, a una sociedad vinculada a D’Agostino por un valor de 8 millones de euros. El contrato incluyó el pago anticipado de 2,4 millones de euros, pero March anuló unilateralmente el acuerdo y vendió la finca poco después a un tercero por 12 millones de euros, sin devolver la cantidad ya recibida.
En abril de 2024, un tribunal condenó a March a restituir los 2,4 millones de euros y a pagar una indemnización adicional de 300.000 euros. Como no cumplió con el fallo, la justicia procedió a embargar cuentas bancarias, propiedades, acciones y participaciones en fondos de inversión, tanto en España como en el extranjero. El total de la deuda, incluidos los intereses y las costas judiciales, asciende ahora a 3,5 millones de euros.
La finca Son Galcerán, objeto de la disputa, tiene una importante relevancia histórica, habiendo pertenecido al archiduque Luis Salvador de Austria y acogido en su día a la emperatriz Sissí. En su sentencia, la jueza señaló que no existía una razón válida para la cancelación del contrato y concluyó que la motivación de March fue exclusivamente económica.
Francisco Javier D’Agostino es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, descendiente directo del rey Alfonso XIII y figura destacada de la aristocracia española. Aunque este parentesco ha sido mencionado en distintos medios, no tuvo ninguna influencia en el desarrollo del proceso ni en el dictamen judicial.
Además, a comienzos de 2025, Francisco Javier D’Agostino fue excluido de la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras concluirse que sus actividades empresariales no guardaban ninguna relación con el gobierno de Nicolás Maduro.
