Los médicos forenses han ratificado ante la jueza de Arganda del Rey que la tía política del actor Luis Lorenzo no murió a causa de un envenenamiento por el matrimonio. Los profesionales han avalado la teoría de que los metales hallados en su cuerpo respondían a una redistribución por un trasvase 'post mortem'.
A instancias de la Audiencia Provincial de Madrid, la jueza había citado esta mañana a los forenses para ampliar el informe pericial en el cual determinaron que no existían datos objetivos que permitieran afirmar que María Isabel murió envenenada y para que profundizaran sobre si los fármacos que se le suministraron ayudaron a acelerar el deterioro de sus facultades.
Hace unos meses, la Audiencia de Madrid ordenó citar por el Juzgado a los médicos forenses para que estos, a presencia de las partes ratificaran los informes, pudieran "aclarar, ampliar o modificar los mismos".
Allí, los expertos concluyeron que, a pesar de haberse encontrado importantes cantidades de cadmio y manganeso en el análisis de sangre de la fallecida, "no existían datos objetivos de intoxicación aguda por cadmio o manganeso".
En su comparecencia, los forenses han descartado una posible intoxicación, apoyándose en un artículo publicado en Estados Unidos sobre la alta acumulación de cadmio por un trasvase 'post mortem'.
De igual modo, los expertos han indicado que la pauta médica respecto a la mujer estaba bien llevada, al igual que los fármacos que le suministraron los médicos conforme a sus dolencias.
La jueza dictó un auto por el que concluía la causa sin especificar el delito, por lo que la resolución acabó siendo impugnada por el abogado de la defensa y de la acusación particular.
Denuncia por parte del hermano de la víctima
La pareja fue investigada por la Guardia Civil a raíz de una denuncia del hermano de la víctima después de que este no se pudiera comunicar con María Isabel, ni saber nada de ella desde que fue trasladada a Madrid por la pareja.
Tras conocerse los resultados de la autopsia de la anciana, con el hallazgo de elevadas cantidades de metales pesados en su sangre, la pareja fue detenida e investigada por el posible asesinato de María Isabel para hacerse con su herencia. La familia esgrimió que cuando estaba en la localidad de Grado (Asturias), no tenía ninguna patología salvo una sordera y cataratas.
En el auto por el que la jueza cerraba la investigación, exponía que de las diligencias no existen indicios racionales de criminalidad que permitan imputar a Luis Lorenzo, a Arancha Palomino y a una cuidadora diversos hechos punibles.
El relato arranca el 8 de marzo de 2022 cuando el matrimonio se desplazó a Grado con el objetivo de recoger de su domicilio a la tía materna de Arancha y la idea de que se instalara definitivamente en Madrid.
Según la jueza, María Isabel, de 85 años, "gozaba de autonomía para vivir sola y realizar pequeños viajes en tren a Madrid, sin necesidad de asistencia". Además de una importante sordera y cataratas, se le detectó un episodio de demencia el 4 septiembre por los servicios sanitarios madrileños.
Llama la atención de la jueza que, durante doce años, la mujer acudiera catorce veces a consultas médicas de Asturias por diversas causas, mientras que en los cuatro meses que estuvo en Madrid hasta su muerte, lo hiciera catorce veces por "razón del deterioro impresionado".
La sanidad madrileña le diagnosticó deterioro cognitivo neurodegenerativo y parkisonismo con alteración conductual, y prescripción de antidepresivos antipsicóticos. En junio del 2021, fue valorada en consulta de neurología del Hospital Ramón y Cajal con diagnóstico de demencia degenerativa primaria tipo enfermedad de Alzheimer.
"Problemas sociales por aislamiento"
Desde su llegada a Madrid hasta el día de su fallecimiento (28 de junio del 2021), el matrimonio, "actuando de común acuerdo y con ánimo de lucro, mantuvo a María Isabel en su domicilio de Rivas Vaciamadrid, aislada e incomunicada de todos sus familiares, con la intención de facilitarse el control económico de su patrimonio".
Pese a que el 22 de abril de 2021, según el auto, se detectara por los servicios sanitarios de Asturias "problema social por aislamiento", mantuvieron el escenario de incomunicación y dependencia del matrimonio.
Aprovechando el deterioro de la víctima, "el matrimonio dispuso del dinero de la cuenta corriente de ésta, simulando un uso en favor de la enferma, cuando en realidad se destinaba a servicios personales, que nada tenían que ver con los intereses y necesidades que iban surgiendo debido al avance de su deterioro".
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