La Fiscalía ha prestado un recurso en contra de la decisión del juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso 'Begoña Gómez', para imputar al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Esta información fue adelantada por El País y confirmada por fuentes jurídicas a Europa Press.
Una querella presentada por Vox fue admitida a trámite por Peinado, quien ha citado como investigado a Martín Aguirre. Este último está bajo sospecha de un presunto delito de malversación de caudales públicos debido a su aparente participación en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa para la esposa del presidente del Gobierno, ya que Aguirre era su superior "por su condición de secretario general de la Presidencia en el mes de julio del año 2021".
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid señala en el auto que Vox imputa al delegado del Gobierno, así como a Álvarez y Gómez, "la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación Administrativa". Además, aclara que el delito de malversación de caudales públicos abarca un concepto penal que es "amplio" y que incluye "sin ánimo exhaustivo".
Se abordan diversos temas, entre los cuales se menciona que "cualquier bien y fuerza de trabajo, incluidos por consiguiente aquellos supuestos en los que se utiliza a un empleado municipal en horas en las que debe prestar su servicio en el Ayuntamiento, y se beneficia de dicho trabajo un particular".
En este contexto, el magistrado señala que no se puede atribuir el delito de malversación ni a Begoña Gómez ni a la asesora Cristina Álvarez.
Se señala que, aunque "sí que existen indicios de ese posible delito, (...) en lo que respecta a la participación como autor, cómplice o cooperador necesario, no se logra entender en qué grado la persona designada, al llevar a cabo el trabajo que se le ha encomendado y recibir la cantidad asignada, podría tener alguna responsabilidad penal en relación con la supuesta malversación".
La imputación de Martín Aguirre ha elevado a seis el número de personas bajo investigación en este caso. Entre los investigados se encuentran el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; Begoña Gómez; su asesora Cristina Álvarez; Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid; Juan José Güemes, directivo del IE Business School; y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Cuatro de ellos han sido imputados por el juez, quien previamente tomó su declaración como testigos. En cuanto a Gómez y Martín Aguirre, el instructor ha decidido llamarlos directamente como investigados.
En abril de 2024, surgió la causa debido a una denuncia interpuesta por Manos Limpias, en la que se señalaba a Gómez por haber utilizado su posición como esposa del presidente del Gobierno para aconsejar a empresarios que participaban en licitaciones públicas.
Nuevas ramas de investigación han sido abiertas por el juez, a raíz de las querellas interpuestas por Hazte Oír y Vox. Estas denuncias se centran en presuntas irregularidades relacionadas con el registro del 'software' de una cátedra de la UCM que era dirigida por Gómez, así como en la contratación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez.
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