El cierre inesperado de una clínica dental deja a sus pacientes con tratamientos pagados sin completar

La historia se repite. El cierre repentino de varias clínicas dentales vinculadas a una misma red empresarial ha dejado a numerosos usuarios sin atención especializada, sin respuesta por parte de la empresa y, en muchos casos, sin el dinero invertido.

Lo que comenzó como un tratamiento rutinario de ortodoncia invisible ha acabado convirtiéndose en un quebradero de cabeza para decenas de pacientes en Madrid. Uno de los afectados, que prefiere mantener el anonimato, relata a Madridiario que contrató en 2024 un tratamiento en la clínica Elims Goya de la calle Príncipe de Vergara por valor de 3.400 euros.

“Firmé el contrato de ortodoncia invisible y todo parecía normal. Durante meses estuve recibiendo revisiones y los alineadores sin problema”, explica. En su caso tenía contratada una suscripción en la que el tratamiento podía durar dos años e incluso extenderse más sin pagos añadidos.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente un año después del inicio del tratamiento. La empresa matriz en Barcelona había entrado en suspensión de pagos a comienzos de 2025, una circunstancia sobre la que no fueron informados los pacientes de Madrid. “Nos enteramos mucho más tarde, cuando las prestaciones que nos correspondían de repente pararon y al investigar descubrimos que en enero hubo un problema. A nosotros nadie nos dijo nada en su momento”, denuncia.

Durante el verano, el establecimiento siguió operando con aparente normalidad, pero al regresar en septiembre tras el periodo vacacional, los pacientes se encontraron con una situación inesperada. “Cuando volví y pedí cita, vi que la clínica estaba cerrada. Luego me dijeron que ya no eran la misma clínica, que otra se hacía cargo de los tratamientos”, relata.

Inesperado cambio de marca

Esa nueva empresa, bajo el nombre Oral Studio, continuó temporalmente con la actividad desde otra clínica en la calle Princesa y mantuvo las revisiones, aunque con algunas incidencias. “Había pequeños retrasos, pero seguíamos con las citas, las revisiones y nos daban los alineadores que nos correspondían”, señala.

El problema llegó en febrero de este año. Tras indicar a este paciente que debía continuar con el tratamiento para perfeccionar los resultados, la clínica aplazó las pruebas por un problema con el escáner y posteriormente comunicó un cierre temporal. “Nos dijeron que cerraban por reforma y que siguiéramos en contacto por WhatsApp”, explica. Pero ese canal dejó de funcionar poco después: “Los mensajes ya ni siquiera se entregan. Nunca más se supo”.

“No es solo una clínica, es toda una red la que tiene problemas”

Tampoco funcionan a día de hoy otros canales de comunicación. Al marcar su teléfono responde un mensaje automático indicando que ese número de abonado no existe. Además, sus redes sociales, aunque operativas, no actualizan los contenidos desde hace semanas y limitan los comentarios a sus publicaciones antiguas. Probablemente para evitar algo similar a la cascada de comentarios negativos con que los ‘estafados’ han inundado las reseñas de la clínica en Google. De hecho, ha sido gracias a un mensaje por esa vía cómo se han coordinado para tratar de buscar en conjunto una solución.

Una vez asumido que algo no iba bien, los afectados comenzaron a investigar por su cuenta. Descubrieron que ese mismo día, el 25 de febrero, otra clínica de la misma red en Zaragoza había sido clausurada por irregularidades. “Ahí fue cuando vimos que el asunto pintaba feo”, afirma este afectado.

Más casos por otros puntos del país

No se trata de un caso aislado. A lo largo del mes de marzo han ido conociéndose cierres similares de otras clínicas de la cadena en ciudades como Tarragona, Mataró o L'Hospitalet de Llobregat.

En la región, el centro en Getafe lleva semanas cerrado y sin actividad, según nos confirman los vecinos, mientras que en el local que supuestamente ocupaba el de Alcorcón se acaba de instalar otra empresa con el mismo tipo de actividad. En ambos casos, a este diario le ha sido imposible contactar con sus responsables a través de los teléfonos de referencia.

“No es solo una clínica, es toda una red la que tiene problemas”, asegura este paciente. Como precisan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta empresa tiene hasta 15 clínicas dentales repartidas en cuatro comunidades autónomas: Aragón, Cataluña, Madrid y Murcia. "De los socios que tenemos en Madrid, sólo hay uno y parece que la contratación la hizo online", apuntan desde esta organización. Sin embargo, no les constan reclamaciones específicas de contrataciones en persona en alguno de los tres centros madileños.

Ante la falta de información oficial, los afectados han empezado a organizarse. A través de redes sociales lograron formar un grupo que ya reúne a unas 25 personas en Madrid, aunque creen que el número real es mucho mayor.

“Somos los que hemos visto el mensaje, pero seguramente haya muchos más afectados”, advierte. También se han organizado grupos mucho más amplios en Barcelona y Zaragoza y "se ha creado una plataforma de soporte para los afectados, con una guía sobre qué hacer".

Las cantidades económicas estafadas varían considerablemente en función de si los tratamientos son más o menos complejos. “En mi caso fueron 3.400 euros. Pero sabemos de personas que para implantes tuvieron que pagar alrededor de 14.000”.

En muchos casos, además, los pagos se realizaron por adelantado para beneficiarse de descuentos. “Te lo vendían como que si pagabas de inmediato sin pedir financiación recibías un descuento importante, entonces, claro, mucha gente ha decidido hacerlo para ahorrarse quizás 3.000 o 4.000 euros del coste final. Y ahora se quedan sin dientes”, se lamenta.

Este usuario de la clínica desaparecida reconoce que es afortunado pues su situación no es la peor. “Dentro de lo malo, mi caso es de los mejores, porque ya había avanzado bastante el tratamiento”, explica. Sin embargo, alerta de la situación de quienes estaban empezando: “Los que empezaron hace poco o tenían implantes lo tienen mucho peor, porque su relación era directamente con la clínica y si desaparece, el dinero también”.

Denuncias en Policía y Consumo

Algunos pacientes ya han comenzado a tomar medidas legales. En la Oficina de Consumo de la Comunidad de Madrid trasladan a Madridiario que no ha entrado "ninguna reclamación hasta el día de la fecha. Solo consta un arbitraje ya cerrado del 2025". Sin embargo, este cliente de Oral Studio dice haber presentado una denuncia tanto en la Policía Nacional como en Consumo y reconoce la dificultad del proceso: “No es fácil entender qué hay que hacer, cada uno te dice una cosa distinta”.

En Madrid, el cierre de establecimientos parece haber tenido menor repercusión que en Cataluña. De hecho, en la Federación de Asociaciones de Consumidores, Facua señalan a este digital que, "al menos por ahora, no hay abierta ninguna reclamación por el cierre de esa clínica. Los usuarios que están llamando y preguntando es más por el cierre de las clínicas Hedonai (de depilación láses y medicina estética), que ha sido generalizado en toda España".

Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Madrid, explican a Madridiario que "en general, cuando una empresa cierra, desde la OMIC no se puede hacer nada".

Sin embargo, trasladan que el criterio de actuación en estos casos sería comprobar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) si la empresa está en concurso de acreedores. De ser así, "se informaría al consumidor del juzgado donde se tramita y del administrador concursal para que se persone, en su caso". Desde este organismo añaden que "en la práctica, para los consumidores es imposible recuperar el importe abonado porque no son acreedores preferentes".

El segundo paso con el que se procede es "comprobar el cierre efectivo del local u oficinas e intentar localizar otros posibles locales u oficinas", una actuación que efectúan los distritos. "Hecha la comprobación, realizan un informe, que llamamos Protocolo de Cierre, y con lo actuado y la relación de reclamaciones o denuncias que tenga, se remite a nuestro Servicio de Inspección para su traslado al Ministerio Fiscal si se considera oportuno, es decir, si hay mucho afectados".

Por su parte, la OCU reclama que se tomen medidas para evitar que queden desprotegidos los usuarios ante casos como estos. Sugiere "una mejor regulación de la prestación de estos servicios que garanticen los derechos de los usuarios en casos de cierre".

Asimismo piden que se realicen "campañas de inspección y mayores controles" para garantizar que cuando un usuario acude a una clínica recibe un trato adecuado y profesional. Por último, esta organización considera necesaria y urgente una "modificación de los procedimientos concursales" para que los créditos a los consumidores gocen de privilegio frente al resto de acreedores.

Mientras tanto, los pacientes de Oral Studio en Madrid siguen sin respuestas. Sin tratamiento, sin atención y sin certezas sobre si podrán recuperar su dinero o finalizar sus tratamientos en otras clínicas. Y no es solo una cuestión estética, es un tratamiento médico que se ha quedado a medias.