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OPINIÓN

'Las Cajas de Ahorro: una historia que se cierra', por Joaquín Galván

Por Joaquín Galván Vallina
martes 22 de junio de 2021, 08:19h

Históricamente, las primeras Cajas de Ahorro aparecieron en Alemania y Suiza a finales del siglo XVIII. Su nacimiento las vincula a la iniciativa privada y a los Montes de Piedad: instituciones sin ánimo de lucro y de finalidad social, creadas para proteger a las clases desfavorecidas de los usureros a través de la concesión de préstamos sin interés. En España, el Monte de Piedad de Madrid (el más antiguo de los que existen en la actualidad) fue fundado por el sacerdote aragonés Francisco Piquer en 1702, y fue una entidad que inicialmente no cobraba intereses por los préstamos concedidos; de este Monte derivó la Caja de Madrid, y todos los demás Montes de Piedad que se extendieron por la geografía española.

En España, las Cajas de Ahorro surgieron a principios del siglo XIX, con objeto de fomentar el ahorro mediante préstamos con garantía prendaria, lo que las hacía complementarias de los Montes de Piedad. También las Cajas de Ahorro españolas mostraron desde sus inicios un gran particularismo en cuanto a sus estatutos, debido a la inexistencia de una normativa específica sobre las mismas y su creación por la iniciativa privada. La primera Caja en sentido estricto de que se tienen noticias en España fue la Caja de Jerez, en 1834; de todos modos, la realidad de las Cajas de Ahorro surgió a partir de la Caja de Ahorros de Madrid (1838), que nació con la finalidad de atender a las clases populares permitiéndoles ingresar sus ahorros. Posteriormente, en 1896, la Caja de Madrid y el Monte de Piedad se fusionaron en una misma entidad.

Las Cajas de Ahorro estaban caracterizadas por su autonomía o independencia respecto a otras entidades, su ausencia de ánimo de lucro y su naturaleza benéfico-social. Las Cajas tenían una finalidad social, lo que implicaba que un importante porcentaje de los beneficios eran invertidos en obra social (como ayudas a colectivos desfavorecidos, becas, actividades culturales, conservación del patrimonio histórico y artístico nacional o mejoras medioambientales). En cuanto a su forma social, había disparidad de opiniones y sentencias contradictorias de diversos tribunales, con lo que, pese a tener la forma jurídica de Fundaciones, se les concedía en general sólo un cierto carácter fundacional.

Así, las Cajas de Ahorro se desarrollaron como entidades del sistema bancario especializadas en la atención de pequeños clientes, y fueron granjeándose la confianza de los particulares durante muchos años. Por otro lado, se encontraban agrupadas en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

Ya a finales del siglo XX, en 1977, se equipararon las funciones operativas y de gestión de las Cajas de Ahorro a las de la banca privada y, pese a la potenciación simultánea de su obra benéfico-social, de facto, su orientación se solapó con la de los bancos. Por otro lado, las Cajas de Ahorro fueron sometidas a requisitos análogos a los de los bancos privados en materias como recursos propios, solvencia, liquidez o requisitos de administración y gestión. Lo que en realidad diferenciaba a una Caja de un banco era su adscripción territorial; por lo demás, ambos funcionamientos pasaron a ser análogos.

Las Cajas de ahorro se habían ganado la lealtad del cliente minorista. Esto se puso de manifiesto durante los años ochenta con la llamada guerra de las “supercuentas”: con la entrada de bancos extranjeros deseosos por captar clientes ofreciendo altos tipos de interés a sus depositantes , los distintos bancos españoles rompieron su acuerdo tácito de mantener bajos los tipos de interés de las cuentas de sus clientes. Aprovechando entonces los elevados tipos de interés del mercado, comenzaron a ofrecer altos tipos de interés en las “supercuentas” (llegaron a sobrepasar el 7%), arrebatándose entre sí los clientes a millares. Esto supuso el crecimiento masivo de la cuota de mercado de algunos bancos, como el Banco de Santander, y la debacle de otros. Sin embargo, el efecto del proceso en las Cajas de Ahorro fue relativamente pequeño porque los clientes, más que valorar ante todo el tipo de interés que les ofrecían, confiaban en instituciones que percibían como seguras, accesibles en su amplia red de sucursales y con un fácil trato personal.

En 1985, la Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) supuso la entrada de un germen nocivo que, con el tiempo, acabaría consumiendo a las Cajas de Ahorro: la politización de sus órganos rectores. La actividad de la mayoría de las Cajas, desde que pasaron a estar bajo el control de las Comunidades Autónomas, y desde que en sus órganos de gestión predominaron personas con mayor perfil político que profesional, estuvo marcada por el clientelismo y la orientación de su actividad crediticia hacia ciertos sectores y actividades por el interés político de quienes controlaban las Cajas, más que por una gestión sana y prudente de los fondos de la entidad.

En 1988, las Cajas de Ahorro, antes constreñidas al ámbito territorial donde realizaban su actividad, pasaron a poder abrir oficinas por todo el territorio nacional. Esto condujo a que durante los años noventa se produjeran importantes procesos de concentración bancaria protagonizados por las Cajas, ya sea mediante fusiones entre Cajas o mediante adquisición de bancos.

El proceso de expansión de las Cajas fue propiciado por una posición asimétrica entre Cajas y bancos, por la cual, las Cajas podían adquirir legalmente bancos privados mientras que los bancos no podían adquirir Cajas. Esto llevó a un aumento de la capacidad instalada a través de la red de oficinas y el consiguiente aumento de los costes fijos, sin que estas entidades actuasen reformando su forma jurídica para poder recabar fondos con más facilidad.

Durante los años noventa se produjeron importantes procesos de concentración bancaria protagonizados por las Cajas, ya sea mediante fusiones entre Cajas o mediante adquisición de bancos. Entrando en el siglo XXI los activos de las Cajas de Ahorro pasaron a estar caracterizados por su sobreexposición a la burbuja inmobiliaria y por su defectuosa gestión del riesgo. Todo lo anterior redundó, al estallar la burbuja inmobiliaria española (2007) y al comenzar la crisis financiera internacional (2008) en un importante porcentaje de créditos fallidos y unas necesidades de financiación que hacía inviables muchas de las Cajas. 

El proceso de fusiones de Cajas que venía realizándose desde finales del siglo XX se aceleró por necesidades de supervivencia. El Banco de España pasó a guiar un plan de reestructuración del sistema financiero; especialmente, de las Cajas, que serían orientadas a transformarse en bancos. Como vehículo de capitalización de las entidades, se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La reestructuración se produjo mediante dos sistemas:

1- Creación de los denominados Sistemas Institucionales de Protección (SIPs), también llamados “fusiones frías”, como fórmula para unir fuerzas entre distintas Cajas. Los SIP son una unidad de decisión que, en el caso de las Cajas de Ahorro, se debe articular a través de una nueva sociedad mercantil central con estatuto de entidad de crédito (en la mayoría de los casos, un banco). En general, los SIPs no llevaron a las necesarias mejoras de solvencia y liquidez, y adolecieron de falta de coordinación.

2- Transferencia de la actividad bancaria a un banco privado.

La reestructuración, ante la manifiesta pasividad de los integrantes de los órganos rectores de las Cajas de Ahorro, resultó exasperantemente lenta y prolongada en el tiempo, hasta llevar a situaciones de extrema gravedad en las distintas entidades.

En el caso de Caja Madrid, integró en 2010 su negocio bancario en un Sistema Institucional de Protección, unida a otras seis Cajas españolas (Bancaja, Caja Canarias, Caixa Laitana, Caja Rioja, Caja de Ávila y Caja Segovia). Este SIP, llamado Banco Financiero y de Ahorros, estaría controlado por Caja Madrid y en 2011 adoptó el nuevo nombre comercial de Bankia.

En 2012 se solicitó ayuda financiera a la Unión Europea para el sistema bancario español; el límite de la misma se situaría en 100.000 millones de euros. El rescate de las entidades bancarias se haría en función de las condiciones acordadas en un Memorándum de Entendimiento.

Las entidades que recibieran ayudas tendrían que ceder obligatoriamente sus activos tóxicos a un “banco malo” de nueva creación: la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb). El precio de la cesión de los activos debería negociarse cerca del precio de mercado, con objeto de posibilitar que la Sareb pudiera vender esos activos obteniendo beneficios.

El Mecanismo Europeo de Rescate (MEDE) transfirió los títulos con que se financió el rescate de los Bancos, utilizando como vehículo el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

El FROB capitalizó a la Sareb y también a los cuatro bancos que en el proceso de reestructuración se habían mostrado financieramente inviables y que, finalmente, se habían nacionalizado: BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco y Banco de Valencia. Como contraprestación a estas ayudas se les exigieron reformas drásticas en términos de reducción de balance, reorientación del modelo de negocio y reducción de riesgos, reducción de número de sucursales y, en ciertas condiciones, si no se pudieran vender, podrían verse abocados a la liquidación.

Posteriormente, también se transfirieron de Europa los fondos para rescatar a otros bancos no nacionalizados pero necesitados de ayuda, acompañándose la transferencia de un paquete de medidas obligatorias de reforma y reorientación de negocio al modelo tradicional minorista.

Las entidades bancarias que necesitaron dinero público para recapitalizarse procedían de Cajas de Ahorro; la única importante excepción de banco privado que se consideraba que iba a necesitar capital público, el Banco Popular, se recapitalizó y posteriormente se vendió al Santander, sin absorber fondos públicos.

En 2013, la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancaria afectó especialmente a las grandes entidades que no fueron nacionalizadas y cuyas fundaciones controlaban a sus bancos filiales (La Caixa, Kutxabank y Unicaja). Estas entidades tendrían que convertirse en fundaciones bancarias, a las que se sometería a un control estricto por parte del Banco de España.

De un total de 45 Cajas de Ahorros, a comienzos del 2010, 43 participaron en procesos de consolidación hasta confluir en 11 grupos bancarios (2 continuaron como Cajas de Ahorro). De este modo, ya no fueron Cajas de Ahorro los actores más visibles dentro del sector financiero, sino grandes grupos bancarios en cuyo accionariado se encuentran integradas las fundaciones bancarias y algunas ordinarias. Estos grupos bancarios estaban formados por 10 entidades o grupos de entidades: Caixa Bank, Ibercaja, Abanca, Kutxabank, Liberbank, Banco Mare Nostrum, Unicaja, Bankia, BBVA y Banco Sabadell.

Para las Cajas de Ahorro se proporcionó un nuevo marco legal, en el que se imponen tres requisitos para tener la condición de Caja: operar con productos no complejos-destinados a particulares y pymes-, constreñimiento a un área territorial y tamaño limitado. Además, se exige la profesionalización de los consejeros y la despolitización.

La Ley pretende que las Cajas vuelvan al modelo tradicional del que se desviaron en los últimos años, es decir, el minorista (de forma poco comprensible, si se observa la pérdida de la finalidad tradicional por parte de las cajas y su equiparación funcional a los bancos). A efectos prácticos, esta ley solo ha permitido que se mantengan como Cajas de Ahorro dos entidades: Caixa Ontinyent y Colonya, Caixa Pollença (como vimos, el resto de las Cajas tuvieron que convertirse en fundaciones de distinto tipo). En definitiva, de las 45 Cajas de Ahorro que existían en 2009, quedan tras la reestructuración 2 Cajas de Ahorro en actuación directa.

En Madrid, el día 26 de marzo de 2021 se culminó el proceso de fusión por el que Caixabank absorbió a Bankia (lo que ha supuesto su desaparición, tras diez años de historia). Este proceso de absorción se enmarca dentro de la estrategia de digitalización en que están inmersas todas las entidades, donde lo principal es la acumulación y tratamiento de la información. En este sentido, la fusión es positiva porque la información se gestiona mejor con más tamaño, a la vez que mejora la posibilidad de alianza con grandes tecnológicas para el proceso de digitalización. Quien sea capaz de filtrar la información relevante y usarla eficazmente para su conveniencia será quien domine el mercado financiero, y para eso ayuda ser una entidad grande.

La fusión conducirá a buscar una mayor eficiencia y al aprovechamiento de sinergias. Los solapamientos entre las entidades preexistentes llevarán a la reducción de costes operativos con cierre de oficinas y reducción de parte del personal, o reciclaje hacia otras formas de trabajo.

Se trata de bancos con culturas empresariales similares y con un apego de banca minorista al territorio donde están consolidados. Hoy se intenta hacer la gestión bancaria más eficiente para cada cliente, y cada vez más clientes acceden a servicios financieros online.

Pero, de todos modos, la mayor diferenciación sigue siendo el trato personal. Dentro de toda esta vorágine de digitalización, el negocio bancario no debe perder de vista al cliente y, para ello, el factor clave sigue siendo el mismo: la confianza.
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