Victoria -al menos momentánea- para la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo aprobado por el Ejecutivo central que otorgaba la consideración de Lugar de Memoria Democrática a la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede de la Presidencia autonómica.
“Frente al sectarismo del Gobierno de Pedro Sánchez. Los tribunales han dado la razón a la Comunidad de Madrid en su defensa de la Real Casa de Correos como espacio de libertad y como casa común de todos los madrileños y de todos los españoles”, ha celebrado al respecto el consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín.
Y es que, apostillan fuentes autorizadas de Sol, "la Comunidad de Madrid entiende que se trata de un edificio que tiene 250 años de historia" y, por ende, "está completamente resignificado desde que se decidió hace 40 años que esa sede fuera la sede institucional de la Presidencia de la Comunidad".
La propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su intervención en el Comité Ejecutivo autonómico del PP, celebrado en Valdemoro, se ha hecho eco de la noticia para "celebrar que la Justicia nuevamente le ha quitado la razón (a Pedro Sánchez) en uno de sus nuevos empeños sectarios".
Díaz Ayuso ha recordado que "la Real Casa de Correos fue elegida sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid por don Joaquín Leguina, socialista, el primer presidente de la Comunidad de Madrid, que decidió que ese edificio tendría que ser un símbolo de futuro de unidad y de respeto por la pluralidad que caracteriza al pueblo de Madrid".
Asímismo, la mandataria madrileña ha aludido de nuevo al presidente del Gobierno para reprocharle que "los títulos de demócrata no los pone ni los quita quién está ahora mismo trabajando de manera denodada por carcomer los contrapesos de esta democracia y todas las instituciones para seguir al frente de ella".
Los magistrados atienden la petición del Gobierno regional
La suspensión cautelar figura en un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que los magistrados respaldan la petición presentada por el Ejecutivo regional para paralizar provisionalmente la medida mientras se resuelve el fondo del recurso.
La Comunidad de Madrid había argumentado previamente que la declaración aprobada el pasado 20 de octubre podía afectar a la imagen institucional de la sede autonómica. El tribunal, sin embargo, considera que, aunque no puede asegurarse de manera concluyente que exista un perjuicio irreversible, tampoco puede descartarse por completo esa posibilidad.
En este sentido, los jueces sostienen que existe la hipótesis de que la decisión provoque “un efecto adverso en la imagen institucional de la Comunidad de Madrid”, motivo por el que entienden que procede adoptar la medida cautelar solicitada por el Gobierno regional.
La resolución supone, por el momento, la paralización temporal de la declaración impulsada por el Ejecutivo central hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie definitivamente sobre el recurso.
El Gobierno anuncia recurso
Tras esta sentencia, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno central recurrirá esta decisión judicial. "Toda persona que se considere demócrata debería defender que sea 'Lugar de Memoria', aunque sea por humanidad. Y estamos convencidos de que así lo acabará reconociendo la Justicia. Tiempo al tiempo", ha escrito en su cuenta de X.
Torres ha recordado que se trata de una medida cautelar, "no definitiva", y que la sentencia no entra en el fondo de la cuestión. Según ha remarcado el ministro, el Gobierno sigue defendiendo que declarar 'Lugar de Memoria' la Real Casa de Correos "no afecta a los usos del edificio". Por este motivo, se recurrirá la suspensión. "Que la fachada recuerde lo que fue ese inmueble no interfiere en la actividad administrativa ni en la imagen institucional, y así lo argumenta uno de los magistrados con un contundente voto particular".
Ángel Víctor Torres sostiene que "se trata de hacer justicia con las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar".
CCOO expresa su "firme rechazo"
Por otra parte, CCOO de Madrid ha expresado este martes su “firme rechazo” a la suspensión cautelar y ha criticado la postura de la Comunidad de Madrid, a la que acusa de “pretender impedir el reconocimiento institucional de la represión franquista vinculada a este edificio”.
El secretario de Cultura y Memoria Democrática del sindicato, Daniel Gismero, ha defendido que “tratar de ocultar este pasado bajo argumentos relacionados con la imagen creemos que supone una grave irresponsabilidad democrática y política”. “La memoria de las víctimas no degrada a las instituciones, por el contrario, la dignifica”, ha añadido.
Desde la organización sindical han recalcado que “lo verdaderamente dañino es negar hechos históricos ampliamente documentados, pretendiendo cambiar la historia”. Asimismo, han recordado que la antigua Dirección General de Seguridad, ubicada en el actual edificio de la Presidencia regional en la Puerta del Sol, fue durante la dictadura franquista uno de los principales centros de persecución y tortura, donde miles de sindicalistas, estudiantes y defensores de las libertades democráticas fueron detenidos, interrogados y torturados.
CCOO también ha rechazado que el reconocimiento de este espacio como Lugar de Memoria Democrática pueda interpretarse como un ataque a las instituciones autonómicas actuales. En este sentido, ha defendido que “la democracia se fortalece desde el reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación, nunca desde el silencio o el olvido”.
Tras conocerse la suspensión cautelar, el sindicato ha reafirmado además su compromiso “con la memoria democrática, la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de quienes lucharon contra la dictadura por las libertades sindicales, sociales y políticas que hoy sustentan nuestra democracia”.
Colectivos memorialistas y el delegado del Gobierno se suman al rechazo
Colectivos memorialistas y asociaciones de víctimas del franquismo han mostrado su rechazo a la decisión de la Justicia. Las organizaciones han recordado en un comunicado que la solicitud de declaración fue presentada el 25 de abril de 2023 al amparo de la Ley de Memoria Democrática y que el acuerdo fue aprobado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática el 20 de octubre de 2025.
Las entidades memorialistas han reprochado a la Comunidad de Madrid su oposición a la instalación de una placa en la fachada del edificio en recuerdo de “miles de personas que fueron detenidas, torturadas e incluso asesinadas por luchar contra una dictadura”. Asimismo, han cuestionado el argumento empleado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sobre el posible “efecto adverso” para la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.
“El edificio de la Real Casa de Correos debe ser un lugar de memoria ya”
“¿Qué hay menos adverso para cualquier demócrata que reconocer y valorar la lucha por la democracia en nuestro país?”, se preguntan los colectivos, que consideran que deberían ser las propias instituciones las que impulsaran el reconocimiento de las víctimas y de los crímenes cometidos en el edificio.
“El edificio de la Real Casa de Correos debe ser un lugar de memoria ya”, concluye el comunicado difundido este martes.
Del mismo modo, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confiado en que la Justicia acabe modificando la suspensión cautelar. Martín ha animado a “reflexionar” a quienes, a su juicio, continúan “boicoteando que la Puerta del Sol sea un lugar de memoria”, y ha pedido “profundizar en sus convicciones democráticas” a quienes se sientan “amenazados o incómodos” por la colocación de una placa que recuerde lo ocurrido en el edificio durante el franquismo.
Martín ha defendido que la declaración del inmueble como lugar de memoria supone un “paso importante” y un avance en la “reparación” para las personas que sufrieron torturas en las instalaciones de la antigua Dirección General de Seguridad y se ha mostrado convencido de que “ninguna institución puede verse amenazada en su prestigio, en su reputación, por lo que en el edificio que hoy alberga pudo pasar tiempo atrás” y ha emplazado a las actuales instituciones que ocupan el inmueble a reflexionar sobre ello.
“Poner esa placa significa reparación para las víctimas y aquellos que se puedan sentir amenazados o incómodos porque una placa recuerde lo que sucedió en el edificio que ellos hoy ocupan, pues creo que tienen que profundizar en sus convicciones democráticas para seguir avanzando”, ha zanjado.
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