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De conversaciones privadas y materia policial

Por Elena Sevillano
miércoles 22 de noviembre de 2017, 15:14h

Durante esta legislatura en la Asamblea de Madrid estamos abordando serios problemas en las competencias en materia policial en nuestra región. Estas se limitan a la coordinación y formación de policías locales de la Comunidad de Madrid que, al llegar a las instituciones vimos que estaban abandonadas y a día de hoy lo siguen estando por parte del gobierno de Cristina Cifuentes. Esto deriva entre otra cosas, en una ausencia absoluta de formación desde que se cerrase en 2013 la Academia de Policía de nuestra Comunidad y la conversión de la “Ley de Coordinación de Policías Locales” en papel mojado.

Tras dos años el resultado es el mismo, seguimos trabajando y peleando la recuperación de una Academia de la que disponen todas las autonomías a excepción de Madrid –situación que contradice la legalidad– y cuya no recuperación, según los rumores, responde a un intento del Partido Popular de evitar que sobre gobiernos como Ahora Madrid recaiga una parte de la formación de nuestros policías y es que al Partido Popular le sigue costando aceptar que la voluntad de la ciudadanía ha elegido cambio en varios municipios de nuestra comunidad.

Respecto a la Ley de Coordinación de Policías Locales, desde que empezamos con su modificación y siguiendo las recomendaciones europeas –que ya han sido adaptadas a otras comunidades como Navarra– estamos tratando de incluir comités de ética para las policías locales. Estos configuran un espacio de reflexión para el debate ético dentro de la seguridad pública. Con la formación en Derechos Humanos que reclaman incluso organizaciones como Amnistía internacional y la introducción de estos comités se podrían prevenir y evaluar problemas como el que ha estallado esta semana y que ha llenado de indignación a la ciudadanía: afirmaciones inadmisibles y amenazas a diversos políticos, migrantes, medios de comunicación, el propio denunciante o autoridades como Manuela Carmena, escritas en un chat de una famosa red social conformado por más de cien policías locales de Madrid Ciudad. Sin embargo, Partido Popular y Ciudadanos siempre se han mostrado contrarios al establecimiento de estos comités.

Que estas conversaciones se produzcan con naturalidad en un chat formado en un principio por cerca de 200 policías –servidores públicos acreditados para llevar armas y sobre los que recae la protección de todos y todas las ciudadanas– es grave, más si cabe, si nos paramos a pensar en que la contestación por parte de quienes formaban parte del grupo y no se sentían cómodos ante tales amenazas, ha sido mayoritariamente el silencio o la baja del mismo. En esta ausencia de respuesta vemos cómo es vital una democratización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Tras esta falta de democratización se esconde también la anomalía democrática tal y como ha sido calificada también en Europa, de que el negacionismo y la apología del nazismo y fascismo, no esté prohibida y penada como tal en nuestro país, cosa que si sucede por ejemplo en Alemania, bajo mi punto de vista esto constituye parte de la raíz de un problema profundo y preocupante de nuestro país, un problema más que de desmemoria de memoria determinada.

En este marco nos encontramos con la respuesta dada por parte de un sindicato de policía, que reduce el problema a un caso aislado poniendo el foco en el denunciante y su “traicionera filtración”, justificando así las expresiones y amenazas en su supuesta provocación y falta de contexto.

Desde mi posición de diputada que debe tratar con todos los sindicatos policiales y que defiende todos los días las condiciones laborales y los derechos de nuestras policías locales, me gustaría que este sindicato recapacitase sobre su posición, dado que estas amenazas no son casos aislados sin más, sino que lastran al colectivo y a la sociedad.

Estos “justicieros” cuya función es “estar donde debemos estar, en la calle” y para los que “matar es nuestro lema” son quienes tienen que velar por nuestra protección y seguridad independientemente de opiniones o ideologías políticas y es realmente preocupante que con esta mentalidad estén efectivamente en la calle, armados, trabajando con las personas sobre las que dicen hay que “hacer cacerías”, quemar en las cámaras de gas o tirar al mar como comida para peces.

Los sindicatos deben proteger los derechos y libertades del colectivo al que representan, al completo, y por ende, la calidad del servicio público que presta dicho colectivo y defender a quienes denigran al cuerpo y dañan la confianza de toda la ciudadanía sólo hace un flaco favor a los otros cerca de 6.000 policías que sí cumplen con sus obligaciones de manera intachable.

La sanción a los protagonistas de estos mensajes estoy segura de que ayudará en casos determinados, pero no solucionará la raíz del problema que significa la perpetuación de ideologías que confrontan directamente con los Derechos Humanos, y que deben ser erradicadas de nuestras sociedades y no tratadas como casos aislados. Aun así, estoy segura de que aparte de la Justicia, tanto la Policía Municipal de Madrid como el Ayuntamiento, que llevan dos años trabajando la seguridad como un derecho desde una perspectiva más amplia e inclusiva y apartando los gérmenes nocivos de la misma, solventarán este problema mirándolo de frente y con valentía, respondiendo con unas fuerzas de seguridad adaptadas a la sociedad diversa, plural, respetuosa, acogedora, multicultural y multirracial que estamos construyendo en Madrid.

Elena Sevillano es diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid

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