Según informaron los convocantes, con esta nueva ley la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quiere que los puestos "salgan a concurso". "Quieren expulsarnos de nuestros mercadillos para repartirse los 5.200 puestos de la Comunidad entre unas pocas cooperativas y empresas", criticaron.

Además, con la nueva norma se quiere "privatizar la gestión de los mercadillos", por lo que los puestos quedarán "para sus amigos" y "subirán las tasas municipales a precios desorbitados, como con los mercadillos navideños". Otro de los puntos que critican es que se les imponen "lonjas y puestos todos iguales, destruyendo así los mercadillos tradicionales que atraen a la clientela".

Según indican, con esta nueva ley quienes ganarán serán "las cooperativas, las asociaciones y los empresarios con poder económico, que dicen que todo está arreglado y apoyan las nuevas normas". Por el contrario, los 'perdedores' resultarían los vendedores "que viven exclusivamente de sus puestos".

Por ello, aseguran que los vendedores ambulantes ya no tendrán garantizado el seguir trabajando en sus puestos. "Todos necesitamos tener garantía de que vamos a renovar nuestras autorizaciones hasta el final de nuestra vida activa, por esa razón necesitamos juntar nuestras voces en la concentración y que el Gobierno regional nos escuche", concluyeron.