De Vic a Torrejón

Cuando hay crisis, siempre la pagan los mismos, los que menos tienen,  y siempre se recurre al arcaico argumento de repartir lo poco que hay entre los mismos, es decir, poniendo pegas a los diferentes, los distintos al estereotipo de normalidad que establecen los tiempos y las mayorías morales: de nuestro color, con nuestros andares, gustos eróticos y de los otros y de nuestra nacionalidad y religión.

Alguien ha decidido que sobran muchos de aquellos que en épocas de bonanza sirvieron para realizar las tareas que ya creíamos ajenas porque estábamos subiendo de nivel y los bancos nos buscaban para darnos créditos sin problemas ni pegas. Ya se necesitan menos chachas inmigrantes que parecían enviadas por el Dios Bienestar para fregar nuestros pisos, planchar nuestras camisas y encargarse del cuidado de nuestros hijos y abuelos. 

Nuestro tiempo parecía destinado a intentar ser como los demás y adorar al becerro de oro. Tampoco hay trabajo para los moritos y rumanos que hacían las obras de construcción y de otro tipo que ya no eran de interés para muchos nacionales. Eran otros tiempos, el paro se reducía mes a mes y el dinero se repartía en los supermercados de la vida.

Con más de cuatro millones de parados y con una situación económica impredecible a corto plazo, los ayuntamientos, con más deudas que nadie porque el ladrillo dejó de dar grandes beneficios, están pasando serias  dificultades económicas. Y algunos tienen problemas de verdad para pagar las nóminas de sus empleados. La gran mayoría de los alcaldes y consistorios hacen lo que pueden para seguir garantizando a sus vecinos un nivel de vida decente y unos servicios de calidad, pero algunos echan cuentas y buscan el ahorro en colectivos como los inmigrantes, menos necesarios como mano de obra barata en estos tiempos. Ya no trabajan y reciben lo mismo que los nacionales y asimilados.

La Constitución garantiza que la educación, la sanidad y demás servicios sociales son gratuitos y para todos los que viven en cualquier municipio de España. Para tener derecho a ello es necesario estar registrado para aparecer en el censo de vecinos. Para empadronarse sólo hay llevar  el pasaporte y un documento que acredite que vive en una casa de este o ese pueblo.

El Ayuntamiento catalán de Vic, gobernado por CiU, PSC y ERC, decidió meterse en un camino que lleva poco a poco a la expulsión de los inmigrantes sin papeles. Además, se muestra convencido de que su acción es legal. Se monta un buen lío, pero no se producen pronunciamientos rotundos de los dos grandes partidos, PP y PSOE, sobre esta cuestión. Puede que la ley deje algún resquicio para castigar a los sin papeles, si es así habrá que cambiarla porque da asco y produce repugnancia que sea legal lo que Vic quiere imponer.

Ahora, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,  gobernado por el PP, que inicialmente hizo ascos a lo hecho por socialistas, centristas y nacionalistas de Vic aunque sin descalificarlo con claridad, pone pegas a que se empadronen los inmigrantes que no acrediten disponer de más de 20 metros cuadrados en la casa en la que están  censados.

El PSM, que calló cuando se conoció lo de Vic, ahora acusa al PP de xenofobia y pide a Aguirre que pare al alcalde de Torrejón, quien asegura que todo es legal. Algunos quieren reducir el empleo echando extranjeros; la inseguridad, expulsando a los inmigrantes y el déficit, borrando de la Sanidad y de la Educación a los sin papeles, sin darse cuenta que la solución no es mirar con indiferencia y desprecio al diferente, sino contando con todos para salir de la situación, que no mejorará si nos dejamos llevar por los cantos de sirena de los que no se dan cuenta que la diferencia entre los que tienen papeles y los  que carecen de ellos es absolutamente administrativa. Unos y otros son seres humanos con derechos.