Así lo explica el Consistorio en un comunicado colgado en su página web después de la polémica surgida por los requisitos de empadronamiento de inmigrantes a raíz de lo ocurrido en Vic, donde se quiere 'vetar' a los extranjeros "sin papeles" a aparecer en el padrón.

En octubre de 2008, el Consistorio torrejonero aprobó una modificación de sus normas de empadronamiento en la que se decía que las personas no comunitarias que quisieran llevar a cabo este trámite tendrían que aportar "el permiso de residencia y, en caso de carecer de él, copia y original del pasaporte en vigor en el que no conste el visado de turista".

Para los españoles que quisieran registrarse en el padrón municipal sería necesario presentar como documentación el original y copia del DNI, y para los comunitarios el permiso de residencia o pasaporte con certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros.

Frenar el hacinamiento
También explica que los requisitos para empadronarse en Torrejón de Ardoz "son iguales al de resto de municipios del país", a excepción de la citada modificación que se introdujo en octubre de 2008 con el objetivo de frenar "una problemática" que se estaba produciendo en el municipio, "como era el hacinamiento de personas residiendo en una misma vivienda (pisos patera y camas calientes)".

Otro de los cambios de la normativa se refería a la limitación del número de personas empadronadas en una misma vivienda en relación a los metros cuadrados, "siempre y cuando estas personas no tengan una relación de parentesco de hasta segundo grado".

Esto significa que no se aplica a padres, hijos, abuelos, sobrinos y tíos, y en ningún caso se aplica a menores de edad. "El objetivo es luchar contra los alquileres abusivos que se traducían en que en algunas viviendas de menos de 100 metros cuadrados estuvieran empadronadas más de 20 personas", precisa el Ayuntamiento.

"Buena acogida"
La Administración local indica que esta novedad "ha tenido una buena acogida entre toda la población, en especial en el colectivo inmigrante, con el que no existe ninguna problemática, ya que ven en esta norma la defensa de sus derechos a una vivienda digna, así como que su aplicación supone una sana convivencia y una mejor integración del colectivo inmigrante en la sociedad".

Finalmente, destaca que la aplicación de estas normas "no ha supuesto ningún tipo de protesta por parte de ningún colectivo social".