La Comunidad de Madrid ha pedido por carta al presidente de RTVE, José Pablo López, que emita también el vídeo sobre sus "éxitos" en la gestión de la pandemia así como la declaración de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, al respecto tras difundir un documental "sesgado" sobre la situación de las residencias madrileñas a causa del Covid-19.
Así se lo ha expuesto en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, al tener conocimiento de la emisión de un programa especial y del documental 7291.
"Dicho documental, de un marcado sesgo ideológico, ofrece información que no se corresponde con la realidad, obvia de manera notoria una comparativa de datos contrastados con otras comunidades autónomas y también las actuaciones negligentes e ilegales del Gobierno central durante dicho periodo", ha expuesto el consejero.
Además, ha reivindicado que fue el Ejecutivo madrileño "el primero en tomar medidas para atajar los efectos de una pandemia global que fue ignorada y negada durante meses por el Gobierno de nuestro país". A ello añade que, para la realización de dicho documental, "se omitió deliberadamente el contraste con los datos y hechos por los que, de forma unánime, en más de sesenta ocasiones, los Tribunales de Justicia se han pronunciado a favor de la Comunidad de Madrid".
Para justificarlo ante el presidente de RTVE, García Martín alude al artículo 3.2.b de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal que mandata a la Corporación RTVE a "garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico presente en nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, de forma perceptible, la información de la opinión".
De igual modo, se refiere el artículo 10 del Mandato Marco a la Corporación RTVE que ordena que su actividad "se habrá de regir por los principios de independencia, neutralidad, pluralismo, imparcialidad y rigor, evitando todo posicionamiento ideológico más allá de la defensa de los valores constitucionales, dando cabida para ello a todas las opciones y opiniones presentes en la sociedad española de conformidad con su representación institucional, social o económica, debiendo ser extremadamente precisa con la realidad de los hechos, que habrán de contrastarse mediante varias fuentes".
Es por ello que desde el Gobierno madrileño creen que la difusión de este documental debe ser "contrastado con datos objetivos" para lo que pide que sean reproducidas con las mismas condiciones las dos piezas audiovisuales del Gobierno regional sobre el Covid que "ponen de manifiesto el éxito de la gestión de la Comunidad de Madrid y las negligencias del Gobierno central durante la crisis del Covid-19".
Un vídeo con acusaciones al Gobierno
La Comunidad de Madrid lanzó ayer un vídeo con acusaciones al Gobierno central por su "penosa" gestión de la pandemia, que arrancaba haciendo alusión a los más de 120.000 fallecidos que hubo en España a causa del Covid-19, y en el que se usaban imágenes de titulares de prensa.
El Gobierno madrileño, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, emitió además un comunicado para hacer frente a la campaña de "la izquierda y la ultraizquierda" sobre el Covid-19 y para decir "la verdad de lo ocurrido", ante un Ejecutivo que quiere "utilizar el dolor para sus intereses políticos".
"Tras tener conocimiento de la elaboración de documentales engañosos, centrados únicamente y de manera sesgada y politizada en la gestión de la Comunidad de Madrid, una cuestión que el Gobierno regional considera intolerable, procedemos a detallar los datos exactos sobre todo lo que ocurrió en aquellos días trágicos", expuso.
En el documento expuesto por el Gobierno regional se niega el número de fallecidos de residencias que "agita la izquierda", y que supera los 7.000, y que consideran "un invento del entonces consejero del ramo, señor (Alberto) Reyero (Cs), que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz".
RTVE recuerda que ya ofreció participación a Ayuso
Radio Televisión Española ha contestado al Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid a través de una carta recordándole que RTVE “es un medio de comunicación público, pero no gubernamental, por lo que debe preservar su independencia editorial”.
En el escrito, el ente público subraya que “la exigencia de emitir determinados contenidos, como nos solicita desde su Gobierno, constituye una intromisión indebida en la autonomía de la Corporación y podría suponer un uso instrumental del medio para fines ajenos a su función de servicio público”.
RTVE destaca que, desde el inicio de la preparación del especial ‘La pandemia que cambió el mundo’, se invitó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso a participar, reiterando esa invitación y facilitando los “medios técnicos necesarios para que pueda participar en el caso de que no se encuentre en la Comunidad de Madrid”.
Asimismo, en la carta se señala que “desde que comenzamos la preparación de este programa especial, que incluye la emisión del documental '7291', hemos querido contar con la participación activa del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de su presidenta regional para garantizar la presencia que ustedes nos exigen ahora por carta”.
“A día de hoy y después de reiterados intentos, ustedes nos han derivado al secretario general del Partido Popular de Madrid, D. Alfonso Serrano. Desconocemos si el mismo actúa en nombre del Gobierno o del partido que lo respalda, pero, en todo caso, podrá aportar todos aquellos elementos y datos que considere oportunos a preguntas de los periodistas”, sigue la carta.
Por otro lado, RTVE considera “extemporánea” la petición del Ejecutivo madrileño, dado que la declaración institucional de la presidenta ya fue emitida el miércoles en directo por el Canal 24h y recogida en los distintos espacios informativos. “Por tanto, RTVE no ha hurtado a su audiencia el punto de vista de su Gobierno en relación con la gestión de las residencias madrileñas durante la pandemia”, defiende la misiva.
Además, recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que “los medios de comunicación públicos no pueden convertirse en portavoces de ninguna institución gubernamental”. Y hace alusión a la Ley 17/2006 que regula el funcionamiento del ente público “establece que el control sobre la objetividad y pluralidad de RTVE se ejerce a través del Consejo de Administración y órganos internos de control, no por solicitudes directas de gobiernos autonómicos como ustedes pretenden”.
Por último, RTVE reitera que “tienen a nuestros profesionales a su disposición para aclarar, aportar y matizar todo aquello que consideren oportuno, pero siempre bajo la premisa de una actividad periodística”.
En consecuencia, la carta, firmada por el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, concluye que el derecho de acceso “no resulta de aplicación para el presente caso” y, por tanto, se deniega la emisión de los vídeos solicitados.