La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles se aparte de una investigación sobre las muertes en residencias durante la pandemia y remita las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que ya instruye un procedimiento relacionado.
La decisión se produce en el marco de una cuestión de competencia y afecta a diligencias vinculadas a una presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a personas mayores durante la crisis sanitaria, según han informado los abogados de las víctimas.
En su resolución, la Sala defiende la conveniencia de acumular los procedimientos al apreciar conexión entre los hechos investigados. A su juicio, la unificación de las causas permite "evitar resoluciones contradictorias y garantizar una adecuada administración de Justicia".
El tribunal recuerda además que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la tramitación conjunta cuando existe una relación directa entre los hechos que aconseje su enjuiciamiento en un mismo procedimiento. En esa línea, considera que la remisión al juzgado madrileño facilitará una investigación única sobre los hechos y la posible responsabilidad de los investigados, evitando duplicidades.
La Audiencia acuerda así la inhibición parcial del órgano de Móstoles en lo relativo a los hechos que podrían constituir un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria.
Nuevo criterio
Esta decisión contrasta con un pronunciamiento anterior de la Sección Primera de la misma Audiencia, que el pasado mes de abril rechazó agrupar más de una veintena de causas similares en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, manteniendo las investigaciones repartidas entre distintos juzgados.
Los abogados que representan a familiares de víctimas en más de 80 procedimientos han valorado positivamente el nuevo criterio, al entender que respalda la necesidad de una investigación conjunta. Sin embargo, han criticado la falta de uniformidad entre resoluciones judiciales, que consideran "incomprensible".
"Nos felicitamos de la decisión adoptada por la Sección Séptima. Ahora en Madrid nos encontramos con una situación inédita y caótica: se acumularán unos casos y otros no. Debería buscarse una solución para que haya una investigación conjunta, igual que ocurre con la DANA en Valencia", han señalado.
Pese a ello, los letrados han indicado que adaptarán su estrategia procesal y han insistido en que su objetivo principal es "la defensa de las víctimas de las residencias y el restablecimiento de la verdad".
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