Más Madrid ha solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el Pleno de la Asamblea de Madrid para que explique la gestión de su departamento ante los presuntos tratos vejatorios sufridos por mujeres víctimas de violencia de género usuarias del Centro de Acogida 4, gestionado por la entidad Trama.
La petición llega tras conocerse que la Fiscalía archivó el pasado 19 de mayo la causa por no encontrar indicios de delito, después de que la Dirección General de la Mujer remitiera los resultados de su investigación interna. La denuncia inicial partió de una asociación de mujeres de Vallecas, que alertó de comportamientos vejatorios ejercidos presuntamente por profesionales del centro. Según el testimonio de las propias víctimas que recoge Más Madrid, "se han producido situaciones de abuso y de violencia institucional hacia mujeres a las que la Comunidad de Madrid debía proteger por su especial situación de vulnerabilidad, teniendo además en cuenta que muchas de ellas residían en el Centro con sus hijos e hijas".
La propia portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reproducido en su cuenta de X alguna de las frases trasladadas por las víctimas y recogidas en la denuncia. "Trágate de nuevo lo que has vomitado”, “se metían con mi aspecto, peso y mi forma de vestir” o “estaba en una cárcel”. Añade en su publicación que "Ayuso lleva seis meses conociendo la situación de estas mujeres víctimas de violencia machista y sigue permitiendo que la empresa siga cobrando dinero público. Hemos exigido explicaciones".
Pese al archivo judicial, Más Madrid reclama transparencia política y ha solicitado también la comparecencia en la ante la Comisión de Familia y Asuntos Sociales del Parlamento madrileño de la directora general de la Mujer, Patricia Reyes. Además, la formación le ha enviado una carta solicitando el acta de inspección, el informe completo del caso y detalles sobre un posible expediente sancionador a la entidad gestora, garantizando la protección de los datos personales de las víctimas.
Desde la Consejería han confirmado que, aunque no se apreciaron indicios penales, el expediente informativo sigue abierto para ampliar la información sobre la atención prestada en el centro. Han añadido que se han iniciado inspecciones adicionales y se tomarán medidas si se confirma alguna mala praxis.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que la Comunidad de Madrid actuó con diligencia al poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía y ha afirmado que “si se detecta alguna irregularidad, la entidad responsable deberá asumir las consecuencias que correspondan”.
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