La organización no gubernamental In Género, fundada en Castilla-La Mancha en 2005, ha presentado este miércoles en Madrid su Informe de Intervención Integral correspondiente al último año, en el que advierte de las dificultades que siguen enfrentando las víctimas de trata y explotación sexual para acceder a derechos básicos, atención sanitaria y apoyo institucional.
Durante la presentación, el coordinador nacional de la entidad, Miguel Ángel del Olmo, subrayó que la protección de las víctimas “no puede depender de la situación administrativa” de las personas afectadas. Según explicó, la falta de regularización condiciona el acceso a recursos sociales y sanitarios esenciales y, en muchos casos, deriva en “interrogatorios invasivos” y barreras idiomáticas que dificultan la atención.
La organización, que en la actualidad está presente en 12 comunidades autónomas, defendió que uno de sus principales objetivos es “eliminar los obstáculos de acceso a derechos” como medida imprescindible para garantizar la atención integral de las personas atendidas. En este sentido, reclamó un mayor respaldo institucional tanto por parte de las comunidades autónomas como de la Administración del Estado.
Por su parte, la responsable del gabinete jurídico de la entidad, María Rosario Porras, detalló los perfiles sociodemográficos de las personas atendidas, así como las condiciones detectadas en los espacios donde se ejerce la prostitución y las dificultades de acceso a servicios públicos.
El informe revela que más de un tercio de las 10.367 usuarias atendidas durante el último año no dispone de acceso normalizado al sistema sanitario. Además, la ONG acompañó a 26 personas en procesos de denuncia por trata, de las cuales el 96 por ciento eran mujeres migrantes.
Desde la organización explicaron que la intervención que desarrollan incluye asistencia jurídica, acompañamiento a servicios sanitarios y sociales, apoyo psicológico, orientación laboral y acceso a formación, además de talleres realizados directamente en los lugares donde intervienen.
Dificultades para la regularización y el empadronamiento
La portavoz jurídica de la ONG alertó también sobre las dificultades existentes para solicitar la regularización administrativa y denunció la “desigualdad territorial” en la aplicación de la normativa de extranjería entre distintas comunidades autónomas.
En relación con el empadronamiento, el informe documenta situaciones en las que se exigen pagos económicos para facilitar este trámite en algunos municipios, una práctica que la entidad considera una vulneración de derechos al “convertir un derecho en mercancía”. Asimismo, denunciaron casos de personas que, pese a alquilar habitaciones, no pueden empadronarse debido a la negativa de los arrendadores, lo que limita su acceso a sanidad, educación y prestaciones sociales.
La ONG reclamó además que se garantice de forma efectiva la universalidad sanitaria reconocida legalmente y denunció que muchas de las personas atendidas siguen sin disponer de tarjeta sanitaria.
Finalmente, la organización hizo un llamamiento a responsables políticos e instituciones para combatir lo que califican como un “trato diferencial” hacia personas trans y migrantes en entornos sanitarios y administrativos.
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