El presidente de la Comunidad de Madrid presidirá este martes el que será, con toda probabilidad, su último Consejo de Gobierno. Ángel Garrido debe abandonar su cargo para poder concurrir a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo y, aunque el Ejecutivo quedará ahora en manos de Pedro Rollán, se prevé que el presidente se vaya por la puerta grande aprobando grandes medidas pendientes. El decreto de regulación de las salas de juego, el del taxi y el de los pisos turísticos son algunas de las posibilidades.
El decreto que regula las salas de juego y casas de apuestas, el del taxi o el de los pisos turísticos. Estas son algunas de las medidas estrella que el Consejo de Gobierno podría aprobar este martes para que el presidente de la Comunidad se vaya por la puerta grande.
Ángel Garrido dirá hoy adiós a la Puerta del Sol, una vez haya presentado su dimisión a la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, para dedicarse en exclusiva a la campaña de las elecciones europeas del 26 de mayo. En su lugar, será su número dos, Pedro Rollán, quien recoja las riendas del Ejecutivo.
Aunque al actual portavoz y vicepresidente aún le quedan ruedas de prensa por ofrecer con medidas aprobadas, todo apunta a que será Garrido quien deje solucionados algunos de los temas más polémicos de los últimos tiempos. Aunque en el Ejecutivo ni confirman ni desmienten esta cuestión, sí constatan que "es una posibilidad" que el presidente se vaya anunciando estas tres nuevas regulaciones.
Lucha contra la ludopatía
Por un lado, se prevé que sea aprobado el decreto que regula las salas de juego y casas de apuestas que han invadido todos los municipios de la Comunidad. Con esta normativa se prohibirá a estos establecimientos instalarse a menos de 100 metros de los centros educativos no universitarios, se les obligará a cambiar sus fachadas para identificarse correctamente, tendrán que reforzar sus sistemas de acceso, contarán con una prohibición de venta de alcohol en el caso de los recreativos y, además, se donará un 0,7% de la recaudación de sus impuestos a la lucha contra la ludopatía.
Estas son las medidas previstas en el borrador inicial del proyecto, que ha recibido alegaciones tanto por parte de la patronal correspondiente como de asociaciones de padres y madres de alumnos que consideran la medida insuficiente.
Así, mientras los primeros -el Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO) y la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR)- reclamaban más flexibilidad por considerar sus obligaciones "injustificadas", los segundos -como la Fapa Giner de los Ríos- exigían más dureza a la hora de establecer las distancias respecto a los colegios: 800 metros en lugar de 100.
Por ello, es probable que el texto inicial haya sido modificado. No obstante, la Consejería de Economía y Hacienda que dirige Engracia Hidalgo no ha querido desvelar este punto.
Flexibilidad para los taxistas
Del mismo modo, sus homólogos en Transporte tampoco han ofrecido detalles sobre la norma que prevén aprobar para intentar poner al fin al conflicto que enfrenta a taxistas y trabajadores de vehículos de transporte con conductor (VTC). Tras los 16 días de huelga que protagonizaron los primeros a comienzos del 2019, la Comunidad se comprometió a flexibilizar su sector sin endurecer las medidas establecidas para los VTC, como sí había ofrecido inicialmente.
Los taxistas se levantaron de la mesa en el último Comité de Transportes
Para ello, la titular del ramo, Rosalía Gonzalo, reunió al Comité de Transportes para debatir nuevas medidas. El debate terminó sin acuerdo: los taxistas se levantaron de la mesa y Comunidad y Ayuntamiento fueron incapaces de ponserse de acuerdo. Así las cosas, el Gobierno autonómico se negó a meter mano en este asunto hasta que "el único responsable" -a su parecer- del conflicto (el Ministerio de Fomento que dirige José Luis Ábalos) se encargase del mismo.
A día de hoy, Moncloa solo ha aprobado una medida que entró en vigor el pasado 1 de abril y que obliga a los dueños de las licencias de VTC a registrarse. Por lo demás, siguen siendo las Autonomías las encargadas de legislar al respecto. Por ello, al margen de las medidas propuestas por el Ayuntamiento de Madrid, el equipo de Garrido prevé sacar adelante un decreto que establezca medidas favorables para los taxistas.
En él se incluirá la posibilidad de trabajar más horas -24, en lugar de las 16 actuales-, aumentar el número de plazas de los vehículos -hasta nueve-, establecer precios fijos para los trayectos o permitir los viajes compartidos entre clientes, entre otras cuestiones. Susceptible de haber recibido cambios debido a las alegaciones, el texto final -igual que el de juego- podría ser uno de los broches de lujo previsto para la salida de Garrido, que ya tiene un pie en Bruselas.
Límites a los pisos turísticos
Por último, también es probable que el decreto de pisos turísticos salga adelante este martes, aunque todo es susceptible de ser modificado "a última hora", advierten en la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes que dirige Jaime de los Santos. En cualquier caso, de aprobarse el borrador ya conocido, la Comunidad fijará un número máximo de huéspedes según el tamaño de la vivienda, obligará a los arrendadores a adquirir un certificado de idoneidad y dejará en manos de las comunidades de propietarios la posibilidad de prohibir que en su edificio haya apartamentos turísticos.
Las comunidades de propietarios podrán prohibir que haya viviendas de uso turístico en su portal
Por un lado, la norma define con claridad tanto qué es un apartamento turístico (unidades de alojamiento complejas destinadas de forma habitual al alojamiento turístico ocasional) como una vivienda de uso turístico (cualquier piso, estudio, apartamento o casa que de forma habitual sea comercializada y promocionada en canales de oferta turística). De hecho, "si el número de viviendas de uso turístico implantadas en un edificio, portal o equivalente, unitario, es del 100%, le será de aplicación la normativa para apartamentos turísticos", especifica el decreto.
Por otro, obliga a los propietarios a conseguir un certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico (CIVUT). Para ello, un "técnico competente" comprobará in situ que la vivienda cumple los siguientes parámetros: disponer de calefacción, agua fría y caliente, ventilación directa al exterior, un extintor manual a no más de 15 metros de la puerta de salid, señalización básica de emergencia y un plano de evacuación del edificio. Además, deberá haber un número de teléfono de atención permanente, así como un rótulo informativo con los teléfonos y direcciones de los servicios de emergencia que ha de estar redactado tanto en español como en inglés.
Asimismo, las "capacidades máximas alojativas" oscilarán entre un máximo de dos personas en viviendas inferiores a 25 metros cuadrados útiles y hasta cuatro, para viviendas de entre 25 y 40 metros cuadrados útiles -siempre que haya dos piezas habitables-. A partir de ahí, podrá haber dos personas adicionales más por cada 10 metros cuadrados útiles siempre que dispongan de al menos una pieza habitable más independiente.
Los dueños de las viviendas de uso turístico deberán contratar, además, un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a los posibles daños que pudieran sufrir los inquilinos y "deberán remitir a las correspondientes comisarías de Policía o puestos de la Guardia Civil [...] la información relativa a la estancia de las personas que se alojan en ellos" para cumplir -se especifica- con "la normativa vigente en materia de protección de seguridad ciudadana".
Los propietarios deberán informar a la Policía sobre las personas que alojan
Por último, el Ejecutivo de Ángel Garrido -hasta este martes (después será de Pedro Rollán)- permite a las comunidades de propietarios prohibir el establecimiento de pisos turísticos en su edificio. "Cuando se trate de viviendas de uso turístico sometidas al régimen de propiedad horizontal, el destino de vivienda al uso turístico no será posible si está prohibido por los estatutos de la comunidad de propietarios", se establece en el artículo 17.5 del decreto.
Este decreto, reza el texto, se aprueba para poner fin al "vacío legal" y la "inseguridad jurídica injustificada" existente en la actualidad y, pese a las diferencias habituales entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid -éste último tiene su propia normativa al respecto-, el Gobierno autonómico establece que el "decreto de modifiación enfoca las viviendas desde una perspectiva turística, no urbanística, sin perjuicio de que los municipios establezcan, si así lo consideran, ulteriores controles en el ámbito de sus respectivas competencias".
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