Siete policías controlarán las nuevas restricciones de las 385 salas de juego

Cambios en el control de acceso que, si no se cumplen, conllevarán multas de hasta 9.000 euros por cada menor que acceda a las salas de juego. Esa es una de las medidas incluidas en el decreto de juego que la Comunidad de Madrid ha aprobado finalmente este martes y que incluye el incremento de los efectivos de vigilancia: serán 9 inspectores y 7 policías nacionales los encargados de controlar las nuevas restricciones.

Según explicó el presidente, Pedro Rollán, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se trata de luchar contra la ludopatía, especialmente, entre los más jóvenes. Un sector preocupante ante el aumento de adicciones en dicho sector de la población.

En líneas generales, la nueva normativa establecerá sistemas de control de acceso más rígidos, obligará a estos locales a no instalarse a menos de 100 metros de cualquier centro educativo no universitario y destinará el 0,7 por ciento de lo recaudado a la prevención y lucha contra la adicción al juego. También incluye otras medidas de refuerzo de este objetivo, como cambios en la rotulación exterior (publicidad) de los establecimientos o la prohibición de contar con máquinas infantiles que conceden premios en especie y que se asemejan a las de los adultos.

Mayor control de acceso

Para evitar que niños o adictos inscritos en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego puedan acceder a salones de juego y casas de apuestas, éstas deberán instalar un mostrador con los sistemas informáticos pertinentes que, a través del DNI, detecten a quienes deben ser excluidos. Los locales deberán adquirir dichos sistemas en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley o de nueve, en caso de necesitar hacer reformas estructurales en el local para ello.

Se reforzará la vigilancia en los barrios con más concentración de salas de juego

En cualquier caso, el Ejecutivo autonómico reforzará los controles de estos establecimientos y multará con hasta 9.000 euros por cada niño que logre acceder al interior del local. Además, la sanción puede conllevar la suspensión de la actividad económica en cuestión, en caso de reincidencia, durante cinco años. Así lo explicó el expresidente -y ahora número 13 de Ciudadanos- Ángel Garrido en su último Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol, cuando anunció la remisión del texto a la Comisión Jurídica Asesora.

Su sucesor, Rollán, cuantificó la recaudación esperada de otra de las medidas de la nueva ley: la Comunidad prevé lograr un monto de 1,2 millones de euros al año procedentes del 0,7 por ciento de la recaudación de los impuestos que pagan dichos establecimientos. Todo irá destinado íntegramente a luchar contra la ludopatía, tal y como ha ratificado hoy la aprobación definitiva de la norma.

No obstante, el presidente especificó que este incremento en prevención no se debe a un aumento del número de adicciones y aseguró, asimismo, que los 16 efectivos -en total- que vigilarán la aplicación de la nueva normativa son suficientes para controlar los 385 locales que existen en la región. Se reforzará la presión, aclaran fuentes de la Puerta del Sol, en aquellos barrios donde existe más concentración de establecimientos y, además, fuentes del Ejecutivo consideran que la nueva ley servirá como barrera de control en sí misma. "La mayoría de estos negocios tienen locales de alquiler y no se van a arriesgar a pagarlo durante cinco años teniendo el establecimiento cerrado", auguran.

Moratoria de 10 años para evitar demandas del sector

También para proteger a los menores, el Gobierno establece que, si bien tienen un plazo de 10 años para hacerlo a partir de la entrada en vigor del nuevo decreto, cumplida la fecha, no podrá haber ya ningún salón de juegos o casa de apuestas a menos de 100 metros de un centro educativo no universitario. Una medida insuficiente para asociaciones de padres y algunos partidos de la oposición que elevan dicha distancia hasta los 800 o los 500 metros respectivamente (Fapa Giner de los Ríos y Podemos, entre otros). Rollán, en cambio, justificó la moratoria con el objetivo de "garantizar la seguridad jurídica" y evitar, asimismo, posibles demandas de los empresarios del sector que puedan poner en peligro la legitimidad de la ley y exponer a la Administración al pago de indemnizaciones.

Asimismo, las salas de recreativos tendrán prohibido "el despacho y consumo de cualquier tipo de bebidas alcohólicas", una restricción no aplicada a los salones de juego, donde sí se permitirá instalar una cafetería, siempre que esté separada del espacio de juegos y siempre que se requiera el mismo control de acceso a ella como al propio establecimiento.

Por otro lado, la rotulación que identifica un local como "salón recreativo" o "salón de juegos" deberá quedar bien clara en el exterior del local, del mismo modo que deberán tener "claramente visible desde el exterior" la prohibición de acceso a los menores de edad. Tampoco podrán mostrar imágenes de juegos cuyo desarrollo no esté autorizado en los mismos ya que es propio de bingos y casinos.

Las casas de apuestas, por su parte, deberán "situar en lugar visible del interior un cartel con la indicación de que la práctica abusiva de juegos y apuestas puede producir ludopatía" y "disponer de pantallas o paneles electrónicos que permitan conocer el estado de las apuestas y el seguimiento de los acontecimientos objetos de las mismas". "No podrán situarse ni en la fachada ni en el exterior de los locales carteles informativos de los mercados, los pronósticos, ni de los coeficientes de apuestas", concluye el decreto.