Tras un 2020 en el que la cuestión económica vino completamente marcada por la pandemia del coronavirus, con cierre de negocios, aumento del desempleo, ERTEs y ayudas para contener la sangría, este año se ha caracterizado por una paulatina vuelta a la ‘normalidad’ y, con ella, la consiguiente recuperación de algunos sectores clave en la economía madrileña.
La mejor prueba de la citada recuperación, tras los momentos más duros de la pandemia, viene dada por las cifras del paro. Estas han experimentado un progresivo descenso a lo largo de todo el año. Si 2020 echaba el cierre con una cifra total de 432.516 desempleados en la región, noviembre de 2021 lo hizo con 309.089, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esto supone un descenso del 9,24 por ciento en los últimos once meses.
Destaca a este respecto Pozuelo de Alarcón, el municipio con mayor renta media y con menor tasa de paro (6,5 por ciento) de toda España, según la estadística 'Indicadores Urbanos 2021' publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras Pozuelo, destacan por sus bajas tasas de paro los municipios madrileños de Las Rozas y Majadahonda, con 7,5 por ciento y 7,7 por ciento, respectivamente.
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) también reflejan un cierto optimismo, y es que el gasto en estas prestaciones alcanzó en octubre (último dato disponible) los 189 millones de euros, la cifra más baja desde que se puso en marcha este mecanismo. Por tanto, se puede deducir como el número de trabajadores en ERTE se va reduciendo con el transcurso del tiempo.
Las contrataciones son otra de las pruebas inequívocas de la reactivación de la economía. Teniendo en cuenta únicamente el mes de noviembre, último del que se tienen datos, se registraron 270.745 contratos, es decir, 22.688 más que el pasado mes, lo que supone un repunte del 9'15 por ciento. Asimismo, en tasa interanual aumentaron un 24'2 por ciento, con 105.945 contratos más que en el mismo mes del año pasado.
Cifras a un lado, la recuperación en sectores tan importantes como el hostelero o el turístico resultan evidentes. De la mano de la relajación en las medidas para la prevención de contagios, Madrid ha ido recuperando su característico ajetreo, con calles y establecimientos abarrotados, especialmente en Navidad.
Fondos Covid europeos
Uno de los ingredientes fundamentales en la receta madrileña para la recuperación económica es la ayuda proveniente de Europa. En ese sentido, los Fondos Covid han levantado una fuerte polémica fruto de la falta de entendimiento entre Gobierno central y regional.
En el mes de noviembre, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, acusaba al Gobierno español de reservar parte de estos fondos para su reparto “a dedo”. En concreto, Lasquetty llegaba a afirmar que “sin criterio ninguno, le ha dado una serie de millones a cuatro regiones: País Vasco, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana”.
Por otra parte, el consejero tachaba de "decepcionante" la forma en que se está gestionando el asunto de los fondos europeos. "Son una cantidad gigantesca de dinero, 70.000 millones de euros de euros, de los cuales el Estado ha decidido gestionar 50.000 millones y que 20.000 millones sea lo que pase a través de las comunidades".
"¿Qué ocurre? Que nos lo dan absolutamente troceado en partes minúsculas con una finalidad absolutamente predefinida, planificada, desde el Estado que a Madrid, y a las demás comunidades, no nos permite hacer nada que esté adaptado a la realidad de nuestra comunidad", concluía.
En la misma línea, aunque unos meses después, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, avanzaba que llevaría a Bruselas el reparto de los fondos COVID-19 ante la “falta de transparencia total” por parte del Gobierno central.
Ayuso aseguraba no disponer de ninguna información sobre el mencionado reparto y criticaba que el Ejecutivo se haya dedicado de forma constante y exclusiva a hacer anuncios electorales con "el dinero de todos". Ante esta situación, la jefa del Ejecutivo regional señalaba que preguntará a Europa por el procedimiento de este reparto, una cuestión que trasladará a los responsables de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en un viaje que tiene previsto realizar a principios de 2022.
Impuesto de plusvalía y ordenanzas fiscales
Otro de los principales quebraderos de cabeza para las instituciones madrileñas, aunque en este caso para los Ayuntamientos, ha sido el nuevo impuesto de plusvalía. Tras su anulación por parte del Tribunal Constitucional, el Gobierno central redobló esfuerzos para aprobar un nuevo decreto-ley con el que se adaptara el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en cuanto al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Con el nuevo sistema de cálculo del tributo, los contribuyentes pueden elegir ahora entre dos opciones. Por un lado, una estimación parecida a la hasta ahora vigente basada en multiplicar el valor catastral del inmueble por unos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad del mercado inmobiliario y que variarán en función del tiempo transcurrido entre la compra de la edificación y su venta. Por otro lado, un modelo más novedoso por el que se toma como referencia la ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.
El resultado, sin embargo, no ha satisfecho las expectativas de algunos equipos de Gobierno local, entre los que destaca el de la capital, liderado por su alcalde, José Luis Martínez Almeida. El descontento viene motivado por la importante disminución de los ingresos previstos. De 600 millones a solo 400 por la vía de este impuesto, denunciaron desde el área de Hacienda en el mes de noviembre. Es decir, un 30 por ciento menos de lo esperado inicialmente.
Asimismo, el Consistorio deberá asumir la devolución de hasta 383 millones de euros que se corresponden con los 17.000 expedientes afectados por el fallo del Constitucional. Una cantidad que, tal y como expuso portavoz municipal, Inmaculada Sanz, abrirá "un importante agujero económico" en las cuentas de Cibeles. No obstante, Más Madrid ha negado este extremo y medios como El Confidencial publican que la Agencia Tributaria de la capital y el Tribunal Económico-Administrativo municipal (TEAMM) rebajan el impacto hasta los 137 millones de euros. Pese a todo, Sanz aseguró que la disminución de los ingresos no repercutiría sobre el proyecto de las ordenanzas fiscales, aprobado en Junta de Gobierno el pasado mes de octubre, aunque modificado después para conseguir el apoyo de Recupera Madrid.
La propuesta diseñada por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, destacaba por la reducción generalizada del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI), pasando del 0,456 por ciento al 0,428. Una cifra con la que la ciudad se situaría como la tercera capital de provincia con el tipo general del IBI más bajo, por detrás de Santander y Zaragoza, a la par que una medida con la que calculaban beneficiar a 2,2 millones de recibos se beneficiarán: 1,5 millones de viviendas, 96.200 locales comerciales. 30.000 oficinas, 11.000 instalaciones de uso industrial y 7.200 locales de ocio.
Sin embargo, esta bajada lineal no se aplicará. Los ediles del Grupo Mixto se oposieron de manera frontal a consentir "regalos fiscales". En su defecto, propusieron al Gobierno bonificaciones al IBI para las viviendas y locales de menos de 250.000 euros y un incremento del tributo para los 'superedificios' no residenciales, que ejemplificaron en el Santiago Bernabéu. Esta petición se erigió desde el prime momento como el principal escollo en la negociación entre las dos partes ante la negativa del equipo de Almeida a aceptar una subida fiscal a los grandes propietarios.
Finalmente, ambos se vieron obligados a ceder. El Consistorio no aumentará el impuesto a los más ricos como exigían los carmenistas, pero tampoco se lo reducirá. Gobierno y Recupera Madrid pactaron central los esfuerzos presupuestarios en el colectivo de titulares de un único inmueble residencial de valor catastral de hasta 300.000 euros utilizado como vivienda habitual, a quienes se les concederá una ayuda para compensar el recibo del IBI. Se estima que esta medida beneficie a 660.863 recibos, costando a las arcas municipales unos 34 millones de euros. Además, se mejoran las bonificaciones en la cuota del IBI para las familias numerosas de categoría especial, incrementándose del 70 al 80 por ciento en los inmuebles de valor catastral superior a 204.000 e inferior a 408.000 euros.
La otra cara de la moneda la representan las bonificaciones extraordinarias por Covid. Aunque las ordenanzas fiscales de 2021 se centraron en aliviar la carga impositiva a los sectores más perjudicados por la pandemia, tales medidas se desvanecen con la progresiva vuelta a la normalidad. El ocio, el comercio, los espectáculos y la cultura disfrutaron de una bonificación del 25 por ciento en el IBI y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que no conservarán el próximo año. Tampoco se prolongará la reducción del 25 por ciento a estos locales en la tasa de basuras.
Por su parte, los hoteles, a los que se amplió la rebaja del IBI y el IAE al 50 por ciento, perderán este apoyo económico. Del mismo modo, la hostelería volverá a pagar el cien por cien de la tasa de terrazas, bonificada en su totalidad en 2020 y 2021 como otra de las iniciativas adoptadas en marzo de 2020 para hacer frente a la crisis de la Covid.
Por el contrario, sí se mantiene la reducción del cien por cien en la tasa de mercadillos, incluido el Rastro, al considerar que este sector sigue en situación de vulnerabilidad. Se ayudará así a 2.826 puestos.
Por otro lado, cualquier empresa que inicie su actividad estará exenta del pago de la cuota del IAE durante los dos primeros ejercicios impositivos. Al mismo tiempo, se les deducirá el 50 por ciento de la cuota en los periodos impositivo tercero, cuarto y quinto posteriores a que pongan en marcha el negocio.
Finalmente, la tasa de basuras, que solo pagan los grandes generadores, tendrá bonificaciones en dos circunstancias. Por un lado, del 90 por ciento cuando se trate de locales vacíos. Por otro, del 70 por ciento en caso de inicio de actividad durante los dos primeros periodos impositivos.
Asimismo, para paliar los efectos adversos que pueda traer consigo la desaparición de las medidas, el Gobierno regional presentó el anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo fundamental es la activación de la economía y el empleo.
Entre las medidas planteadas cabe destacar la número tres, denominada 'Simplificación normativa en el ámbito de la Comunidad de Madrid y reducción de los trámites burocráticos' y que persigue la realización de una evaluación de la normativa de la Comunidad de Madrid a fin de proceder a su actualización, simplificación o derogación, en los casos que generen cargas innecesarias, contengan duplicidades o necesiten una mayor claridad en su redacción, reforzándose con ello el principio de seguridad jurídica y la reducción y simplificación de trámites, ganando en agilidad y eficacia.
Presupuestos sobre la campana
Cuestión fiscal al margen, los Presupuestos de la capital, aprobados en los últimos compases del curso gracias al apoyo de Recupera Madrid, trajeron consigo otras medidas destacadas como son la reducción del endeudamiento del Consistorio; el apoyo a la diversidad LGTBI con la vuelta de la financiarín para el Orgullo; la gratuidad del transporte de la EMT en periodos de alta contaminación y días de episodios de alta densidad de tráfico; la cesión de Prado 30 a la Comunidad de Madrid para construir tanto un Centro de Salud como un equipamiento cultural consensuado con los vecinos del distrito; la declaración de Almudena Grandes como 'Hija predilecta' de la ciudad de Madrid; o poner en marcha una solución humanitaria de emergencia energética para la Cañada Real.
Además, los ediles del grupo mixto pusieron como condición no apoyar con dinero público municipal a la asociación ‘Madrina’ que, a su juicio, acosa e intimida a las mujeres que legítimamente deciden interrumpir su embarazo. Por el contrario, desde Salud Madrid se apoyará a las mujeres embarazadas en todo aquello que puedan necesitar.
La aprobación definitiva, sin embargo, no estuvo exenta de polémica, y es que se produjo tras un largo 'tira y afloja' con Vox, socio preferente del alcalde para alcanzar este pacto. Así, el Gobierno Municipal tuvo que sentarse junto al resto de portavoces para conseguir sacar un acuerdo adelante que, finalmente, se ha producido con la ayuda de Recupera Madrid tras acercar posturas.
En lo puramente económico, evitar una nueva prórroga de los Presupuestos ha permitido evitar un importante impacto sobre la atención social y la creación de empleo. Y es que, de no haberse aprobado, de los 5.481 millones presupuestados para 2022 se pasaría a los 5.066 de 2021, a los que habría que restar la cuantía de las inversiones que ya han finalizado, como los 36 millones de la reforma de Plaza de España o los 23 de los parkings disuasorios.
Tampoco es posible olvidarse de su relación con los fondos europeos Next Generation. Esta inyección monetaria proveniente de la Unión Europea solo se otorga si los proyectos planteados "están maduros". Es decir, si "aportas un certificado de que tienen crédito en los Presupuestos". Madrid ha optado a la cofinanciación de 55 proyectos por valor de 360 millones. De estos, unos 200 millones los abonaría Bruselas. Haber prorrogado las cuentas supondría renunciar a esos 200 millones.
A escala regional, las cuentas fueron aprobadas tan solo unos días antes que en la capital. No obstante, en la Comunidad el desenlace de la negociación ha sido diferente y, finalmente, ha sido Vox quien ha dado el visto bueno a los primeros presupuestos que logra aprobar la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Así, el pacto firmado entre ambas formaciones el pasado 30 de noviembre ha dado sus frutos y permitirá que el Gobierno de la región pueda gestionar 23.033 millones de euros para el ejercicio de 2022.
Estos presupuestos alcanzan la cifra récord de 23.033 millones de euros, un 14,8 por ciento más que las cuentas hasta ahora en vigor. Desde el próximo 1 de enero permitirá la puesta en marcha de medidas como el novedoso Plan de Natalidad, con ayudas de hasta 14.500 euros por hijo para madres menores de 30 años en una inversión que se irá incrementando a medida que se vaya desplegando esta iniciativa.
El presupuesto público madrileño de 2022 contiene el mayor gasto social aprobado hasta la fecha, hasta los 19.194 millones de euros, un 15 por ciento más que en 2019, que servirán para intensificar las políticas de sanidad y educación públicas y la atención a las familias y colectivos más vulnerables. De esta manera, casi 9 de cada 10 euros se dedican a esta materia.
El área de Sanidad contará con una financiación récord, 8.783 millones de euros, un 8,6 por ciento más que en 2019, el 40 por ciento del total del gasto si se descuentan los fondos europeos. La Atención Primaria será una de las prioridades del Ejecutivo regional en este ámbito, con 2.056 millones, que se destinarán a nuevas infraestructuras y la mejora de las retribuciones salariales a los profesionales de los centros de salud en función de la carga asistencial o las situaciones especiales de atención que se presenten.
En el caso de Educación, Universidades y Ciencia, se incrementa el presupuesto un 16,4 por ciento, hasta llegar a los 5.753,6 millones de euros, lo que supone también la cifra más alta de la historia de esta Consejería, y tiene como objetivo fortalecer la calidad y la digitalización del sistema educativo público, con la Formación Profesional, la extensión del programa de bilingüismo o la construcción y rehabilitación de centros educativos como algunos de los ejes más importantes de la inversión.
Por otro lado, el Gobierno madrileño dedica a la creación de empleo y al impulso del trabajo autónomo, el emprendimiento y la formación otros 653 millones de euros, un 42,7 por ciento más que en 2019, mientras que en el área de Transportes se aumentan los fondos un 20,8 por ciento, hasta los 1.970 millones, que se emplearán en la ampliación y mejora de la red de Metro en sus líneas 3 y 11, entre otras actuaciones.
La Consejería de Familia, Juventud y Política Social sube su asignación un 19,2 por ciento respecto a 2019, con casi 2.200 millones de presupuesto, destinados a que las personas mayores y el colectivo de dependientes en la región tengan la mejor atención posible, así como para avanzar en la reducción de las listas de espera y reforzar el servicio de atención temprana.
Todas estas iniciativas irán acompañadas de nuevas rebajas fiscales, como la bajada de medio punto en todos los tramos de la escala autonómica del IRPF a partir del próximo 1 de enero, que supondrá un ahorro a los ciudadanos de 334 millones de euros. Además, la Comunidad de Madrid ha suprimido los impuestos propios.
Escasez, desabastecimiento y subida de precios
Otro de los principales temas de conversación en la recto final del año ha sido el aumento generalizado de los precios, especialmente el de la tarifa eléctrica. Aunque los efectos de las múltiples crisis que asolan al planeta como consecuencia de la pandemia del coronavirus llevan ya meses lastrando a las grandes industrias, es ahora cuando el madrileño de a pie comienza a sufrir en su piel las consecuencias de la escasez y el desabastecimiento.
Las razones que explican este fenómeno se relacionan fundamentalmente con la escasez de minerales, que comienza a limitar la fabricación de aparatos tecnológicos. La industria más afectada hasta el momento es la automovilística, fruto de la ausencia de componentes electrónicos como los microchips. De esta forma, los consumidores se han visto obligados a armarse de paciencia y asumir esperas de varios meses no solo para adquirir un vehículo nuevo en el concesionario, sino también para recoger su coche en el taller.
Aunque de forma menos acuciante, algo similar ocurre con otros sectores que requieren de materias primas minerales, como la construcción, donde se están experimentando paros forzosos fruto de la escasez de acero, aluminio y cobre, el juguetero, que emplea mayoritariamente plástico, el de las bicicletas, donde ya se empieza a notar la falta de piezas de repuesto, el de los electrodomésticos y, uno de los que más inquieta a los consumidores, el de los aparatos de telefonía móvil, ordenadores y tabletas.
Paralelamente, la congestión de los puertos marítimos ha dado lugar a un gran incremento en el precio del transporte por mar. Tanto es así que, en la actualidad, enviar un contenedor de mercancías desde China, uno de los principales proveedores a nivel mundial, hasta España cuesta hasta siete veces más que el año pasado. De 2.000 euros en 2020 a 14.000 hoy. Esta cuestión viene agravada, además, por el alza en los precios de los combustibles, que han alcanzado ya máximos no registrados desde el año 2013. El descenso de la producción de diésel, de hasta un 10 por ciento si se compara con cifras de 2018, se encuentra detrás de tal burbuja.
A la crisis mundial del transporte hay que sumar también las consecuencias de un mercado mundial convulso a raíz del Brexit y la excesiva dependencia del mercado asiático.
