Cuando dentro de pocos meses las cámaras de vídeovigilancia empiecen a enfocar y grabar los puntos calientes del barrio de Bellas Vistas, habrán pasado más de tres años desde que la Junta de Tetuán aprobó su instalación en marzo de 2017. Probablemente los vecinos que demandaban esta medida no se lo creerán, después de haber tenido que soportar con estoicismo los continuos retrasos de un proyecto que ha sufrido la desidia administrativa, problemas técnicos sobrevenidos, falta de presupuesto, complicaciones en el procedimiento y hasta una pandemia.
Pero hagamos un ejercicio de memoria. En la legislatura anterior, cuando Manuela Carmena llevaba el bastón de mando, de vez en cuando se vivían acaloradas discusiones en los Plenos sobre la necesidad de instalar cámaras de seguridad en algunas zonas muy concretas de Madrid, como el barrio de Bellas Vistas, el conocido como 'Pequeño Caribe', donde las reyertas eran frecuentes y la inseguridad manifiesta.
En marzo de aquel año, el Pleno de la Junta municipal de Tetuán, a iniciativa de PP y Ciudadanos, aprobó esta medida reclamada reiteradamente por los vecinos de la zona. Pero hubo que esperar unos meses, hasta octubre, para que la alcaldesa le enviara la propuesta a la Delegación del Gobierno en Madrid, por aquel entonces en manos de Concepción Dancausa, quien se mostró favorable y dio su respuesta en apenas dos semanas. Con este segundo trámite salvado, llegó entonces el momento de estudiar cómo conciliar la seguridad con el derecho a la intimidad y la protección de datos. De este modo, el tiempo siguió avanzando mientras los vecinos de Bellas Vistas desesperaban.

Llegó 2018 sin noticias de las cámaras, pero con declaraciones contradictorias de los ediles de Más Madrid, que preguntados por la cuestión, unos alegaban problemas presupuestarios para seguir adelante con el proyecto y otros sencillamente dudaban sobre su idoneidad, lo que creó cierta confusión y el lógico revuelo entre los madrileños afectados, sobre todo cuando era público y notorio que no a todos los concejales les parecía bien instalar 19 cámaras en Tetuán. La propia concejala-presidenta del distrito, Montserrat Galcerán, aseguraba que Topete era una calle pequeña y estrecha y que “poner tantas cámaras en esta zona me parece que es demasiado”. La mismísima portavoz Rita Maestre, tuvo que salir al paso y recordar que el proceso seguía adelante, sin ninguna “restricción presupuestaria", aunque añadiendo que era algo "complejo porque tiene que ser muy garantista".
Casi un año después del inicio de los trámites, la propuesta aprobada en pleno de instalar cámaras de vigilancia dormía en el fondo de un cajón. A punto de expirar la autorización dada por la Delegación del Gobierno, la única explicación que ofrecía el Consistorio era que las cámaras estaban solicitadas y en proceso administrativo.
Al final, el permiso de la Delegación caducó, con lo que el Consistorio tuvo que pedir una prórroga de seis meses. Por aquel entonces, el Gobierno local eludía fijar fechas. "Para los plazos administrativos no tengo una bola de cristal", llegó a comentar el por aquel entonces coordinador general de Seguridad y Emergencias, Daniel Vázquez Llorens. “Es un procedimiento muy lento, farragoso y tremendamente burocratizado", comentaba, para añadir que el de la capital era "un Ayuntamiento con muchos bloqueos administrativos". Lo que sí supimos es que se estaba realizando el estudio técnico que Vázquez Llorens esperaba que estuviera concluido en noviembre. Luego tendrían que llegar el pliego de prescripciones técnicas, el presupuesto y posteriormente se procedería a su instalación y puesta en marcha.
Llegó noviembre y después Navidad, cambiamos la hoja al calendario y llegamos a 2019, año electoral, sin acordarnos de las cámaras. Las urnas y los pactos de Gobierno propiciaron un cambio de signo político en Cibeles y el proyecto volvía a la casilla de salida.

En julio de 2019, estrenando como quien dice su mandato, los socios de Gobierno en la capital, PP y Ciudadanos, aprobaban en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento la licitación para instalar cámaras de videovigilancia no solo en el distrito de Tetuán sino también en el de Puente de Vallecas, otra zona en la que los vecinos llevaban tiempo demandando cámaras para combatir la inseguridad y como medida disuasoria para los delincuentes. Además, no descartaban ampliarla a otros barrios de la capital donde existiera demanda ciudadana y fuera útil, como Lavapiés, Chueca, la Colonia Marconi y los accesos de entrada a túneles como los de AZCA o Sor Ángela de la Cruz.
En septiembre de ese mismo año, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, anunciaba que el nuevo equipo iba a “poner en marcha todo aquello que el anterior equipo de Gobierno decía que estaba pero luego se ha descubierto que no, como las cámaras de seguridad”. Aunque aclaraba que no querían convertir la ciudad "en un Gran Hermano".
Fuentes del área de Obras y Equipamientos reiteran que "lo que descubrió este Gobierno nada más llegar es que no se había hecho nada desde 2017. No había ni dotación presupuestaria ni nada". Así que buscaron una fórmula para poder relanzar el proyecto de las cámaras, “una Inversión Financieramente Sostenible (IFS)”, explican a Madridiario. “Es un mecanismo contable que permite a los ayuntamientos hacer inversiones siempre que duren en el tiempo más de 16 años y le permite llevar a cabo proyectos que no estén en los presupuestos ordinarios".
Pasó el verano, llegó diciembre y se volvía a escapar otro año sin las cámaras en Bellas Vistas. Estrenado 2020, el Ayuntamiento se atrevía a dar fechas. En febrero el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, aseguraba que las cámaras de seguridad llegarían a los citados barrios antes de septiembre, Aseguraba que eran una de sus prioridades en el área de Seguridad y que suponían un "muy importante esfuerzo presupuestario". Lo decía después de celebrar la Junta y el Consejo de Seguridad de la capital, copresidido junto a la delegada del Gobierno en Madrid, que había cambiado. En la sede de Miguel Ángel ya no estaba Dancausa, sino María Paz García-Vera.

Un mes después, en marzo, la Junta de Gobierno aprobaba la adjudicación del contrato para la instalación de cámaras de seguridad en ambos distritos. Se informaba entonces que los trabajos de montaje se realizarían en los siguientes seis meses, por lo que estos dispositivos de vigilancia se activarían al final del verano. Ya no era antes de septiembre, sino después.
"Iba a aprobarse la licitación justo cuando surgió la pandemia”, apuntan desde el área de Obras, “pero por el estado de alarma no se pudo aprobar” y una vez más se interrumpió el proceso.
Por fin ahora, a finales de agosto, una vez superado el nuevo obstáculo, "con la máxima agilidad y con todos los plazos", subraya la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, el Ayuntamiento de Madrid ha seguido ejecutando el plan. Ya se está haciendo la obra civil en Tetuán, “abrir zanjas, meter cableado, conectar sistemas electrónicos, con la Policía”, precisan desde Obras, primer paso en la cuenta atrás para comenzar a instalar las cámaras prometidas.
Entre septiembre y octubre de este año se pondrán los carteles preceptivos y se iniciará el despliegue de las cámaras en ambos barrios para hacer las primeras pruebas en noviembre. "Hemos querido darle toda la celeridad del mundo porque, aunque las cámaras no son la panacea, tienen efectos disuasorios y de esclarecimiento de hechos. Es una buena noticia", ha asegurado Sanz. Se ha empezado por Tetuán y luego le tocará el turno a Puente de Vallecas, aunque a finales de año, se espera que estén operativas y empezarán a funcionar ambas.
En total, se colocarán 19 dispositivos en Tetuán situados en las principales esquinas de las calles de Topete, Almansa, Alvarado y Tenerife, delimitando el barrio de Bellas Vistas. En cuanto a Puente de Vallecas, se instalarán 25 cámaras en el entorno de Peña Gorbea, en toda la avenida del Monte Igueldo, San Diego y Monte Perdido. El Ayuntamiento invertirá entre los dos lotes más de 950.000 euros, medio millón menos que el presupuesto por el que se licitó.
Cuando concluya este despliegue de cámaras de seguridad, podría tocarle el turno a Marconi y a Chueca. "En los dos sitios lo pidieron los vecinos. Chueca se dijo que se iba a estudiar, pero no hay novedades al respecto y en Marconi, que también lo pedían los empresarios, sí hay una partida presupuestaria para este 2020, pero tampoco se ha empezado", concluyen fuentes del área de Obras y Equipamientos.