Alrededor de un centenar de taxistas se concentraron el 27 de noviembre de 2017 a las afueras del Congreso de los Diputados para pedir la regulación del sector del alquiler de coches con conductor, las llamadas VTC. “De aquí no nos vamos hasta que no nos escuchen”, dijeron entonces. Y es que, Uber y Cabify habían desbordado la ratio de los vehículos que les permite la ley y los taxistas se cansaron. Sin embargo, no ha sido hasta este año cuando han decidido gritar de verdad y cuando han tenido enfrente a un Gobierno que, por fin, les ha hecho caso. Eso sí, no sin esfuerzo.
Si por algo se ha caracterizado su 2018 ha sido por la larga lista de movilizaciones que han protagonizado, siendo la más llamativa una acampada de varios días que logró paralizar el Paseo de la Castellana y que logró ser bautizada como el 15-M taxista.
Centenares de trabajadores plantaron sus vehículos frente al Ministerio de Fomento y solo se los llevaron cuando José Luis Ábalos les prometió un decreto que a día de hoy sigue desarrollándose: el Parlamento le ha dado luz verde y en la actualidad se busca cómo practicar la medida más innovadora, el traspaso de competencias a las comunidades autónomas y a ayuntamientos.
Por su parte, las VTC respondieron con más movilizaciones pero el Tribunal Supremo avaló su límite en un movimiento que les deja casi sin opciones de cara al futuro, aunque todavía quedan muchos más por llegar.
Los que no se han manifestado en la calle pero no por falta de ganas han sido los usuarios de Metro de Madrid. La actual Legislatura ha sido la de los arreglos y, para hacer el honor, la red ha sufrido estos últimos 365 días importantes cierres hasta en cinco líneas, siendo la 1 la más afectada. Además de ver clausuradas varias estaciones por la instalación de ascensores, en agosto cerró para acometer la conexión con la estación de Cercanías Sol, que incluye una réplica del templete de Antonio Palacios que ha traído varios problemas al Gobierno de Garrido.
En este sentido, la línea 9 cerró varios tramos en la que fue su cuarta fase de obras, al igual que la línea 7B y Metrosur. Respecto a la línea 2, la estación de Sevilla sigue aún sin poder utilizarse por la impermeabilización de su túnel. Todo, sin hablar del amianto, que también ha provocado varias clausuras, una consecuencia que no han tenido los cambios de nombre de Atocha (Estación del Arte) o Metropolitano (Vicente Aleixandre), a donde sí han llegado menos trenes por las ráfagas de grafitis sufridas durante semanas.
Pintados también han aparecido diversos coches de Cercanías, que este año ha comenzado a resucitar con un Plan de inversiones ideado por Mariano Rajoy y continuado por Pedro Sánchez. En total, y si nada lo impide, serán más de 5.000 millones de euros para mejorar un servicio básico para la movilidad madrileña.
Otros aspectos que también ha desbloqueado el nuevo Ejecutivo nacional formado en junio han sido la variante de la A-1, que estará lista antes de 2023, o el enlace de la M-40 con la A-6, que costará casi 40 millones de euros. Por el contrario, Ángel Garrido no pudo arrancarle a Pedro Sánchez el compromiso de llevar a cabo el carril BUS-VAO de la A-2, que aún sigue en un cajón.
Además, los madrileños también han visto este año abrir el último acceso que faltaba para llegar al Wanda Metropolitano y cómo baja el precio de las radiales que tuvo que rescatar el Gobierno por su quiebra.
Lo que no se sabe si llegarán a vivir los ciudadanos residentes en la región será la inauguración del segundo aeropuerto comercial de Madrid, proyecto ideado por Air City Madrid Sur que en la actualidad estudia el área de Ábalos. Se basaría en una infraestructura que ya existe y podría estrenarse dentro de cuatro años.
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