Madrid es, por naturaleza, una ciudad acogedora, reivindicativa y que da la mano al que lo necesita. En lo social, muchos acontecimientos han tenido lugar este 2023. Nuevos planes y recursos públicos para los ciudadanos, huelgas, manifestaciones o la lucha por derechos han marcado el año.
Las talas por las obras de la Línea 11 de Metro, las condiciones del sector del taxi, las cocinas fantasma, derechos laborales en Educación, Cuerpos de Seguridad del Estado o Bomberos, mejoras en los equipamientos de los barrios, los cantones de limpieza o la amnistía –con diversas jornadas de protestas en Ferraz y manifestaciones multitudinarias– son algunas de las preocupaciones de los madrileños que les han hecho salir a la calle a protestar este año.
Asimismo, varios sectores públicos han peleado por sus derechos mediante el ejercicio de la huelga, siendo las más sonadas la de Justicia y la sanitaria.
El 24 de enero comenzaba la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, que llegó a extenderse hasta el mes de marzo cuando los letrados avalaron el preacuerdo alcanzado entre el Comité y el Ministerio de Justicia para detenerla.
Poco después de finalizar esta huelga, comenzaron los paros en el sector de los funcionarios de Justicia para reclamar mejoras retributivas. Estos fueron ampliándose y en mayo sobrevoló la amenaza de otra huelga más, la de jueces y fiscales, que finalmente no llegó a convocarse tras llegar a un acuerdo con el Gobierno. Los paros llegaron a convertirse en huelga a finales de mayo, colapsándose aún más el sistema judicial.
No fue hasta el 4 de julio cuando la huelga cesó, con el pretexto de llevar a cabo una pausa en el proceso hasta después de las elecciones del 23 de julio a pesar de los desacuerdos con el Ministerio.
El 2023 ha sido movido también en la Sanidad madrileña. El 11 de enero, la Consejería de Sanidad y el comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria finalizaron su séptimo encuentro –el primero de este año– sin acuerdo ni avances en la negociación, por lo que concluyó la 'tregua navideña' y se reactivaron los paros indefinidos.
Tras varias manifestaciones y concentraciones, en marzo se puso final con un acuerdo a los paros en la Atención Primaria, pero este no fue el fin de los quebraderos de cabeza del Gobierno regional. En marzo fue el turno de la Atención Hospitalaria y, un mes después, de los trabajadores de todas las categorías del Sermas. ¿El principal objetivo? La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. El verano calmó los ánimos, pero en noviembre las aguas volvieron a removerse por la falta de médicos en Urgencias o el “caos” en Atención Primaria.
Acciones como la reducción del IVA en la cesta básica de la compra o la ayuda del Gobierno de 200 euros para mitigar la elevada inflación no han conseguido que los datos de pobreza en Madrid hayan mejorado.
El número de familias vulnerables atendidas por Cáritas Diocesana de Madrid aumentó un 20 por ciento durante 2022, hasta las 120.000 personas, mientras que un informe de CCOO evidencia la “desigualdad salarial” y “pobreza laboral” que padecen muchos de los trabajadores madrileños.
Otro informe de CCOO Madrid advierte que el 14,4 por ciento de las personas con trabajo viven en situación de pobreza en la Comunidad de Madrid y el 15 por ciento no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y Unicef evidencia el gran problema de España con la pobreza infantil.
¿Cómo combaten desde las Administraciones públicas estas alarmantes cifras? ¿Qué aportación social realizan las asociaciones o empresas privadas? Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad han destinado este año recursos para mejorar la vida de los ciudadanos de la región.
El Programa Cintras, Housing First, becas infantiles, la Tarjeta Familias o las becas comedor –que no han estado este año exentas de polémica tanto por su retraso en llegar a las familias o por la supuesta exclusión de las madres solteras– y la Campaña Municipal del Frío se suman a otras medidas de la Comunidad de Madrid para paliar los efectos de la pobreza como la renovación automática del título de familia numerosa, medidas para fomentar la natalidad (rebajas fiscales, un portal web de apoyo o nuevas ayudas), el Programa ‘No second night’ y las ayudas para familias acogedoras, entre otras.
De entre estos recursos, ha habido dos que han sido protagonistas. En febrero, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, avanzaba que estaba ultimándose un acuerdo con la empresa de distribución Glovo para facilitar la entrega de comida a domicilio a personas vulnerables que, por razones de salud o movilidad reducida, no puedan recoger esos alimentos.
Desde la oposición en la Asamblea afearon al Gobierno regional que en un programa de exclusión social se colabore con “el buque insignia de la precariedad laboral en España”, como señaló el diputado de Más Madrid Emilio Delgado. La colaboración consiste en la entrega de 80 códigos promocionales diarios a comedores sociales de la región para facilitar la llegada de comida a domicilio a personas vulnerables.
Por otro lado, el bono social térmico indignó a los madrileños tras conocerse que varios políticos lo habían recibido no por criterio de renta, sino por ser familia numerosa. El primero en conocerse que recibía esta ayuda fue Enrique Ossorio, al que siguieron Mónica García y Alfonso Serrano.
En el sector privado y asociacional, la Fundación Cofares cuenta con el programa 'Sanamos', una iniciativa que tiene como fin facilitar tratamientos farmacéuticos a personas con pocos recursos.
Por su parte, la Fravm puso en marcha el proyecto ‘Barrios en movimiento’ en seis de los distritos más desfavorecidos de la capital, con el objetivo de proporcionar apoyo a personas desempleadas o en precariedad laboral y a aquellas que trabajan en una economía sumergida.
Por otro lado, el Banco de Alimentos de Madrid lanzó un ‘SOS’ al ver cómo las ayudas europeas van a dejar de llegar a la fundación, que este año ha llegado a recoger más de 2,2 millones de kilos de productos. La campaña benéfica ‘El mensaje detrás del cuadro de Botero’, organizada por la Fundación Reina Sofía, sirvió de apoyo este año al Banco de Alimentos.
El proyecto de ley por el derecho a la vivienda, que da permiso a comunidades autónomas y ayuntamientos para poder limitar el precio del alquiler, recibió en mayo su aprobación definitiva en el Senado, siendo enérgicamente condenado por la Comunidad de Madrid, que afirmó que no aplicaría la ley a pesar de los graves problemas con los que cuenta Madrid en materia de vivienda.
Para paliar este problema, desde el Gobierno regional abogan por la construcción de vivienda protegida a través de las empresas municipales del suelo para ofrecer alquileres reducidos, la flexibilización del uso de suelo público o planes como el Plan Vive, entre otros.
Las ayudas al alquiler del Gobierno, gestionadas por la Comunidad de Madrid, es otro recurso para facilitar el acceso a la vivienda a los más jóvenes, pero el bono de alquiler joven ha sido protagonista este año por su tardanza en llegar.
A comienzos de noviembre, más de 3.600 solicitantes no habían recibido todavía la ayuda correspondiente a 2022, según confirmó la directora general de Vivienda, María José Piccio, a pesar de que la Comunidad meses antes negaba los atrasos. Ello llevó a que los afectados se concentrasen en Sol contra la “gestión desastrosa” de la Comunidad de Madrid y para pedir “unos alquileres dignos y estables”.
Reparto de comida en mal estado, malas condiciones laborales, embargos judiciales o brotes de sarna son algunos de los problemas que han evidenciado el mal cuidado de las diferentes residencias de la Comunidad, aunque los casos más sangrantes han sido las de los centros Francisco de Vitoria en Alcalá de Henares y Peñuelas (distrito de Arganzuela, Madrid).
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares acusó en marzo a la dirección de la residencia de mayores Francisco de Vitoria del municipio de tratar de impedir la entrada a una inspección sanitaria municipal debido a “las reiteradas quejas y denuncias de los usuarios y familiares” por “el mal estado de la comida y del agua”, entre otros asuntos, de esta residencia dependiente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) de la Comunidad de Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se habría comprometido tras un Pleno a revisar el contrato de comidas de la residencia para, “si se dan las condiciones”, revocarlo, algo que no llegó a pasar. El contrato de alimentación que la Comunidad de Madrid alcanzó con las empresas adjudicatarias se prorrogó de forma “temporal y técnica” hasta determinar cómo ofrecer el mejor servicio posible a los residentes. Pero apenas un día y medio después, fuentes de la consejería de Familia, Juventud y Política Social se pusieron manos a la obra en la licitación de un nuevo contrato que pusiese fin a la polémica.
En octubre, la residencia que acabó en el punto de mira fue la de Peñuelas. Aralia, empresa encargada de la gestión, acumulaba tres sanciones emitidas por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales por errores a la hora de medicar, por no comunicar la muerte de una usuaria que falleció tras asfixiarse con las sujeciones de su cama y por incumplimiento del contrato y ratios.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, criticó que la Comunidad de Madrid renovase el contrato de la residencia de Peñuelas a esta empresa a pesar de estas graves sanciones.
Los ancianos fallecidos durante la pandemia de Covid-19 en las residencias por los protocolos de la Comunidad han seguido en la memoria de los madrileños este año. El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero ha seguido subrayando en varias comparecencias que las personas que ocupaban las residencias “quedaron abandonadas a su suerte”.
El Parlamento Europeo aceptó en septiembre investigar estas muertes y la Audiencia Provincial de Madrid obligó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba a reabrir una causa contra la presidenta regional y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero. En noviembre, hizo lo mismo por la muerte de siete mayores en una residencia de Ciudad Lineal.
La Comunidad de Madrid es la tercera región de España con más personas con discapacidad administrativamente reconocida, con un total de 397.747 pero, ¿está adaptada a las necesidades de estos ciudadanos?
Desde las administraciones públicas han trabajado este año para sacar adelante iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad como la conversión de locales en vivienda pública adaptada para personas con movilidad reducida; el Plan Adapta del Ayuntamiento de Madrid; la inversión de 3.375.000 euros a tres líneas de subvenciones para mejorar la atención especializada a personas con discapacidad y con enfermedad mental grave y duradera; aumento de plazas en residencias; una app para poder llevar la acreditación de discapacidad en el móvil; e iniciativas culturales para que todo el mundo pueda disfrutar de Madrid.
A pesar de todos estos avances, todavía quedan muchos problemas por resolver. El Defensor del Pueblo detectó en marzo dilaciones de hasta dos años en el proceso de valoración de la discapacidad en la Comunidad de Madrid. Asimismo, el empleo para personas con discapacidad sigue siendo una asignatura pendiente.
Y para luchar por conseguir más derechos, se encuentra FAMMA, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, que este año ha cumplido 35 años trabajando por las personas con discapacidad física y orgánica de la Comunidad de Madrid.
2023 ha sido un año complicado para las mujeres, con un verano negro y ocho mujeres asesinadas por violencia de género en Madrid. Según el ‘Informe trimestral sobre violencia de género’ del mes de diciembre, las denuncias aumentaron un 15,44 por ciento en relación con el primer trimestre del año y un 10,89 por ciento en relación con el segundo.
Durante este 2023, la Comunidad de Madrid ha ayudado a 130 mujeres adolescentes víctimas de violencia en sus relaciones de pareja, graves datos que han llevado al Ayuntamiento de Madrid a negociar con el Gobierno la implantación del VioGén.
La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del solo sí es sí, ha dado mucho de qué hablar este 2023. En enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rebajó por primera vez la pena impuesta a un condenado por el delito de abuso sexual sobre una menor de 16 años.
Debido a la gran reducción de condenas que trajo esta ley, el 26 de abril el Senado aprobó de forma definitiva la reforma de este texto. En el mes de junio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo daba su aval a las rebajas de penas aplicadas en las revisiones de condenas firmes tras la entrada en vigor de esta ley, desestimando el criterio unánime de la Fiscalía.
La desigualdad ha seguido patente este año, dejándose ver con la brecha salarial o la dificultad con la que cuentan las mujeres a la hora de comprar una casa en comparación con los hombres. Es por ello que las mujeres han seguido saliendo a la calle en jornadas tan señaladas como el 8-M y el 25-M o para denunciar actuaciones machistas como la ocurrida con la futbolista Jenni Hermoso este verano.
Lo que parecía un gran avance para las personas trans y el colectivo LGTBI+ fue el comienzo del fin de sus derechos en la Comunidad de Madrid. El 2 de marzo entró en vigor la Ley Trans, a lo que el Gobierno regional respondió que estudiaría cómo acotar esta ley y pediría informes médicos para la hormonación de menores con el objetivo de aplicar el principio de prudencia y de legislar escuchando a los expertos.
En el mes de marzo se dio luz verde a la reforma de la Ley Trans madrileña, tema sobre el que se volvió a hablar casi a finales de año con la presentación de dos proposiciones de ley para modificar la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual de la Comunidad de Madrid.
La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, recordó a la presidenta Díaz Ayuso su obligación de cumplir la ley y los madrileños salieron a la calle para protestar. Más Madrid registró enmiendas a la totalidad y varios eurodiputados pidieron a la Comisión Europea que tome medidas. A pesar del descontento de la oposición y la ciudadanía, el 22 de diciembre se modificaron en el Pleno de la Asamblea de Madrid las normas Trans y LGTBI.
El aborto ha sido siempre un tema polémico, que se reavivó este 2023 con la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Las declaraciones del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sobre medidas para que las mujeres que quieran abortar escuchen el latido del feto o se hagan ecografías 4D llegaron a la Comunidad de Madrid, asegurando Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, que “se verá en próximas semanas” si su grupo presentaría en la región una propuesta similar a la de Castilla y León sobre el aborto.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo que, respecto al aborto, “nadie puede disponer de la vida de nadie” y se están haciendo las cosas “con mucha frialdad”. La norma finalmente entró en vigor el 2 de marzo con medidas como que las jóvenes de 16 y 17 años pueden interrumpir su embarazo sin permiso paterno.
Mientras que este 2023 se ha intentado avanzar en propuestas antirracistas, otras personas han seguido el camino de la intolerancia rezumando odio y racismo, siendo el principal receptor el futbolista del Real Madrid Vinicius.
El jugador ha sufrido actos de odio como la aparición de un muñeco colgado de un puente con su camiseta o los insultos racistas en varios estadios de fútbol. Por este segundo acto, el aficionado identificado como autor de los insultos recibió una multa de 4.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un año. Y por el primer delito, la Fiscalía pide cuatro años de prisión para los cuatro hinchas del Atlético de Madrid, que deberán sentarse en el banquillo de los acusados.
Por otro lado, la llegada de inmigrantes procedentes de Canarias a la Península ha supuesto un constante tira y afloja entre las administraciones madrileñas y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
A finales de octubre se decidió que los inmigrantes serían trasladados a dos campamentos improvisados en Carabanchel y Alcalá de Henares, aunque a su llegada fueron ubicados en un primer momento –en una “improvisación sobre la marcha”, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida– en el Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas (CREADE) ubicado en Pozuelo de Alarcón y en albergues y hostales de la capital.
El Valle de Cuelgamuros, conocido comúnmente por su antiguo nombre, Valle de los Caídos, se ha mantenido todo el año en la actualidad informativa. Mientras que Vox pedía su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) con la ayuda de Isabel Díaz Ayuso, el Tribunal Supremo daba en marzo luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista allí enterradas al rechazar el recurso presentado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, último escollo jurisdiccional que frenaba las extracciones de los cadáveres, que comenzaron a exhumarse en junio. Previamente se hizo lo mismo con los restos de José Antonio Primo de Rivera, ahora enterrado en el Cementero de San Isidro.
Tras el comienzo de los trabajos se pudo identificar a 12 personas, cuatro de ellas con nombre y apellidos, y 12 familias pudieron, al fin, enterrar los restos de sus seres queridos tras muchos años de espera.
A finales de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid ha anuló la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para acceder a las criptas y proceder a las exhumaciones, y en diciembre, fue la Audiencia Nacional la que ordenó la paralización de estos trabajos al admitirse las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos que actúa en representación de la nieta de una de las apenas 200 mujeres enterradas en la Basílica del Valle.
Los vecinos y vecinas de la Cañada Real Galiana superaron este 2023 su tercer invierno sin electricidad, más de 900 días desde que el sector V y VI se quedaron sin suministro eléctrico, dejando a más de 4.000 personas sin luz, 1.800 de ellos niños y niñas.
El drama de estos madrileños llegó este año al festival de Cannes, a través del cortometraje Aunque es de noche. Este corto evidencia los graves problemas de la gente que vive en la Cañada que, como señalan desde el Grupo de Acción Comunitaria (GAC), el Centro Sira y la Plataforma en su informe 'La Cañada responde', es “uno de los mayores atentados contra los Derechos Humanos en la región”. En el mes de agosto, la Comunidad planteó como solución el despliegue de 13 líneas de alta tensión. En octubre, anunció que comprará 18 viviendas por 2,9 millones de euros para realojar a familias asentadas en infraviviendas en la Cañada y en el poblado de Las Sabinas. Pero hasta que estos proyectos se materialicen, las críticas seguirán llegando.
Los vecinos de San Fernando de Henares han seguido este 2023 saliendo a la calle a protestar por la mala gestión del Gobierno regional con los problemas que ha traído consigo la Línea 7B de Metro de Madrid.
Bajo el lema 'Una vivienda digna por una vivienda digna', el 17 de mayo la Plataforma de Afectados Metro Línea 7B San Fernando recordó el aniversario de los primeros derribos de viviendas con una marcha por el municipio.
En julio se conoció que la Comunidad de Madrid prorrogará la ayuda para el pago del alquiler de las viviendas a las familias afectadas, y meses después, con la llegada del nuevo consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, Comunidad y afectados acercaron posturas.
Aunque el gran mazazo llegaría en diciembre: la Comunidad de Madrid llevará a cabo dos nuevos derribos de viviendas en los inmuebles ubicados en los portales 3 y 4 del número 7 de la calle Rafael Alberti y en el número 9 de la misma calle, afectando a una veintena de familias ya desalojadas.
El Grupo Social ONCE otorgó en el mes de octubre los Premios Solidarios en la Comunidad de Madrid, máxima distinción que concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que destacan por desarrollar una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo.
En el apartado de Programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón fue para Madridiario por su gran recorrido en la Comunidad de Madrid, con fuerte presencia en entornos políticos y sociales, e inclusión de la información del Grupo Social ONCE con total normalidad y asiduidad y por situar la información social al mismo nivel que el resto de noticias.