La educación de los madrileños comienza a parecer un jaque a la reina. La rápida respuesta de la líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, al modelo que la Comunidad va a implantar en los centros sostenidos con fondos públicos ha vuelto a poner en alerta todas las fichas del tablero.
Como se especificó este lunes, el área dirigida por Enrique Ossorio obligará a partir de ahora a todos los centros públicos y concertados a publicar toda la programación de actividades extraescolares y complementarias, además de los contenidos curriculares que los alumnos de dicha institución van a llevar a cabo a lo largo del curso, antes del momento de matriculación, en torno al mes de abril.
“No hay nada de novedoso en lo que dicen, lo único que están haciendo es, por omisión, un señalamiento de los equipos docentes y directivos de los centros”, expone al respecto la secretaria general de Educación de Comisiones Obreras (CCOO), Isabel Galvín, a Madridiario.

Para Galvín, las instrucciones dadas por la Consejería instan a los centros madrileños al cumplimiento de la legislación vigente, ya que la Ley orgánica de Educación de 2006, en su artículo 121.3 indica que los colegios e institutos sostenidos con fondos públicos establecerán sus proyectos educativos y estos deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa.
Asimismo, la legislación madrileña señala en el artículo 2 del decreto 29/2013, disposición que regula la elección de centro escolar, que la Administración educativa y los centros educativos deberán facilitar la información necesaria para permitir una elección libre y responsable por parte de las familias.
“Desde el Gobierno de la Comunidad están generando problemas que no existen y están desoyendo otros que sí deberían resolverse de verdad”, sostiene la secretaria general, quien incide en que lo que se está haciendo es “trasladar de nuevo una bronca política a las aulas” y, como consecuencia, “creando preocupaciones e incluso miedo en los centros educativos”.

El actual modelo de educación en la región madrileña responde en cualquier caso a las leyes y medidas establecidas por el Partido Popular, agrupación que ha gobernado desde 1995, año en el que el popular Alberto Ruiz-Gallardón asumió el cargo tras 12 años de socialismo. Por ese motivo, Galvín explica a Madridiario que no entiende de dónde surgen las dudas.
“Con estas instrucciones pareciera que los centros de la Comunidad de Madrid, en especial los públicos, no estuvieran cumpliendo con la normativa, y no es así”, sostiene. “Los profesores y equipos directivos de los colegios madrileños no se sienten respaldados ni por su presidenta, ni por su vicepresidente, ni tampoco por la Consejería. En definitiva, por nadie de la Comunidad de Madrid”, sentencia.
Para la jefa de estudios de un colegio público del noroeste de Madrid, que ha solicitado a este medio que no se den los datos del centro ni tampoco los suyos debido a que “las cosas están muy revueltas” y no desea “que nos monten ninguna manifestación en la puerta”, la medida no conlleva tampoco ninguna novedad.

“En este colegio se aprueba a principio de curso la programación y se revisa a mitad de año, incluyendo nuevas propuestas. Las que no estén contempladas y aprobadas en esos dos periodos no se hacen”, indica al respecto de la programación, y justifica que “todas tienen que estar supervisadas por el Consejo Escolar y los padres informados desde el principio”. En referencia a la información que puede darse antes de las matriculaciones a los padres, esta “es bastante amplia”.
Por su parte, Educación reitera que su objetivo es el de dar “certidumbre” y ante todo defender la autonomía de los centros y la figura del profesor. “Lo que se está pidiendo a los centros es que tengan toda la información organizada y la Programación General Anual (PGA) lo más cerrada posible antes de que se inicien las matriculaciones”. Tal y como explican desde la Consejería y como constata el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, Camilo Jené, “no todos los colegios tienen aprobada y lista la PGA antes de que empiece el curso”.
“Lo venimos reivindicando desde hace años, son documentos públicos y por tanto tienen que estar disponibles desde el principio por motivos de transparencia”, dice Jené al respecto de las peticiones del Gobierno regional. Sin embargo, el presidente incide en que la programación anual debe ser un “documento dinámico” que cuente con flexibilidad para la improvisación de cursos, talleres o charlas que puedan ser útiles para el alumnado y que no estuvieran previstas.

Dicho espacio de improvisación forma parte del proyecto de la Consejería, explican, ya que son conscientes de que no se puede cerrar un programa por completo antes de iniciarse el curso ni tampoco de tener la memoria del anterior -la cual suele elaborarse a partir de junio, terminadas las clases-, en la que muchas veces se basan los futuros cambios.
Del mismo modo, Educación insiste en que no se permitirá “vetar” ningún tipo de actividad complementaria, ya que su impartición deriva de la autonomía de los centros y, además, de un programa curricular obligatorio. “Siempre se va a informar de ello a los padres y, si se requiere salir del recinto escolar, se les pedirá permiso, pero no se va a prohibir en ningún caso este tipo de actividades”, aseguran desde el área de Ossorio.
Así, parecen pocos movimientos en el tablero para tanta expectación, pero la realidad es que los que un día parecía que jugaban juntos, hoy están cada uno en un lado disputándose una victoria en forma de Presupuesto y la Educación parece ser el alfil que puede acabar con la partida.
Para Monasterio, el 'pin parental' es “fundamental” de cara a mantener el apoyo al Gobierno de coalición conformado por Partido Popular y Ciudadanos y sacar las cuentas regionales adelante. Pero para Isabel Díaz Ayuso, y qué decir para Ignacio Aguado, la propuesta educativa de Vox tiraría por tierra todo lo mantenido hasta el momento al respecto y, además, una de las áreas de las que más presumen, la educación madrileña. Que continúe la partida.