"Es una reforma que llevará a otra reforma. Estamos hartos de tanto cambio"

La reforma educativa de Isabel Celaá irá al Congreso en febrero. Así lo ha asegurado la ministra de Educación tras la reunión, este miércoles, de la Conferencia Sectorial, la última antes de que el Consejo de Ministros apruebe el texto, que pretende derogar la LOMCE -la conocida como Ley Wert que aprobó el PP en 2013- y reformar la anterior normativa educativa, la LOE. Según Celaá, este texto definitivo incorporará propuestas que han trasladado diferentes comunidades autónomas en el encuentro. Sin embargo, para el secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid (ECM), José Antonio Poveda, la "urgencia" con la que el Gobierno de Sánchez está tramitando la ley hace que sea una nueva "oportunidad perdida para lograr un consenso educativo".

"Es una reforma más sin consenso", ha valorado Poveda en conversación con este digital, por lo que, a su juicio, "llevará a otra reforma". Poveda recuerda que el PSOE de la oposición se levantó el pasado mes de marzo de la mesa de negociación del Pacto Educativo por no asumir el Gobierno su propuesta de destinar el 5 por ciento del PIB a Educación. "Ahora, en el Gobierno, tampoco destina ese 5 por ciento ni trabaja por el pacto", afea el secretario de ECM, quien lanza que "parece más una vendetta" del PSOE, que "deroga la LOMCE" y aprovecha para cambiar "algunas cosas" de la LOE.

Cuestiones de fondo y libertad de elección

"Es una reforma que nos conducirá a otra reforma. Estamos hartos de tanto cambio", zanja Poveda, que representa a buena parte de la concertada madrileña y que critica que, "mientras se sigue hablando de la concertada y de la asignatura de religión", existen "cuestiones de fondo" que no se abordan. "Siguen sin afrontarse los grandes retos, la preparación de los alumnos para enfrentarse a la realidad del siglo XXI, tan cambiante, con tantos retos", señala.

También defiende la "libertad de elección" de la educación por parte de los padres, un tema "crucial" para el sector al que representa y en el que la reforma de la ministra Celaá supone, opina, "un retroceso".

Cotización de las prácticas no remuneradas

En un capítulo a parte pero en estrecha relación con el funcionamiento del sistema educativo, Poveda ha puesto el acento en el Real Decreto de Medidas Fiscales que el Gobierno aprobó el pasado 28 de diciembre, en el que se establece la oblicación de cotizar prácticas académicas y conta el que los rectores de la CRUE ya dieron la voz de alarma hace unos días.

El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo estableció esta obligación. Hasta ahora, la cotización solo era obligatoria cuando el estudiante cobraba mientras que si eran prácticas curriculares considerándose una asignatura estaban bonificadas al 100%.

"Es un auténtico torpedo contra el sistema de FP", resume el secretario regional de ECM, quien cree que las empresas nunca van a asumir este coste y se pregunta si lo harán las propias Consejerías de Educación Autonómicas -de las que dependen el 80 por ciento de la oferta de plazas de FP, las correspondientes a centros públicos- y los centros privados y concertados.