El crimen que paralizó España hace 25 años

Era lunes 12 de abril del año 1993 y Anabel Segura, que se había quedado en casa para estudiar por ser Semana Santa, salió a correr por los aledaños de su residencia en La Moraleja. No se le volvió a ver. En la reconstrucción de lo sucedido solo había un testigo, el jardinero, que identificó una furgoneta blanca que salió a toda prisa.

Ese día, según las primeras versiones que se recogieron, Emilio Muñoz y Cándido Ortiz, autores del crimen, recorrieron con una furgoneta el recinto de La Moraleja, una urbanización de lujo en la que meses antes ya se había registrado un intento de rapto. Los dos hombres que ocupaban el vehículo iban supuestamente a la caza y captura de alguien con poder adquisitivo. Desde aquel momento, la policía negó que se tratase de un móvil sexual.

El único testigo, el jardinero del colegio Escandinavo, tan solo consiguió ver cómo esa furgoneta escapaba a toda prisa en dirección a la N-1 (Madrid-Burgos). En el lugar de lo ocurrido, sólo quedó esparcido el walkman de la joven y la parte superior del chándal.

A partir de los días siguientes y hasta más de dos años después, los padres mantuvieron una veintena de conversaciones telefónicas con los secuestradores. Se exigieron hasta 150 millones de pesetas por el rescate y fue considerado, en un primer momento, el secuestro civil más largo de la historia de España. La familia, que siempre permaneció con la esperanza de que Anabel estuviese viva, con el tiempo, descubrió que todo fue un paripé de los secuestradores.

El 28 de septiembre de 1995 la policía capturó a los tres secuestradores en los pueblos toledanos de Escalona y Pantoja, y también en Madrid. Tras derrumbarse, confesaron y, un día después, se encontró el cadáver de Anabel en una vieja fábrica de Numancia de la Sagra (Toledo). La habían matado cinco horas después de su rapto.

Los secuestradores

Emilio Muñoz Guadix, transportista de 38 años, y Cándido Ortiz Añón, alias Candi, fontanero de 35 años y con dos antecedentes fueron los principales autores del crimen y secuestro. Felisa García, esposa de Emilio, fue la tercera participante en el secuestro.

Felisa y Emilio, casados hace 18 años y con cuatro hijos, residían en Fuenlabrada. En 1992, un año antes del crimen atroz, decidieron vender la vivienda y comprarse un chalé adosado en Pantoja, un pequeño pueblo de Toledo.

En su nueva residencia, Felisa abrió una churrería con un préstamo de sus padres y en la que Emilio compaginaba el trabajo de churrero con el de transportista y mensajero. Su medio de transporte: una furgoneta blanca.

En la primavera de 1993, Emilio se quedó en paro y el negocio de churros tampoco prosperaba. Las deudas, la hipoteca y las letras de la furgoneta se amontonaban.
Por su parte, Cándido Ortiz, con mujer y dos hijos, también pasaba por una situación económica delicada.

De esta manera se comenzó a curtir un plan en el que Emilio fue el cabecilla y que acabaría con el secuestro y asesinato de la joven Anabel.

Repercusión mediática clave

Desde un primer momento, el caso de Anabel fue una investigación especial. España se mantuvo en vilo ante el avance de las negociaciones, se pidió su liberación por todo el país y se simbolizó la protesta con un lazo amarillo.

Tal fue el despliegue de los medios y su repercusión, inusual hasta entonces, que la Policía difundió grabaciones de voz de los secuestradores a través del programa de Paco Lobatón ¿Quién sabe dónde? Justo dieron en la clave. Una de las 30.000 llamadas que se recibieron afirmó reconocer una de las voces.

Durante la investigación y el tiempo que duró, llegaron a intervenir hasta videntes que afirmaban que Anabel vivía.

Finalmente, los acusados fueron condenados a 43 años de cárcel por el Tribunal Supremo por los delitos de asesinato con agravantes de alevosía y detención ilegal. Felisa, igualmente, obtuvo una condena menor de dos años y cuatro meses.

Cándido Ortiz falleció en prisión en 2009, mientras que Emilio Muñoz salió en libertad en agosto de 2013, tras quedar extinguida la condena después de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulase la 'doctrina Parot'.