La Comisión de Avalmadrid lleva los dictámenes de Cs y Vox al Pleno de la Asamblea

Este martes la Asamblea de Madrid ha acogido la última sesión de la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas de préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid SGR desde el año 2007 al año 2018, una comisión que fue constituida a mediados del mes de octubre de 2019 a petición de los grupos parlamentarios Socialista, Más Madrid y Unidas-Podemos IU.

Pocas semanas antes de que se creara el órgano en la Cámara regional, Isabel Díaz Ayuso fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid después de recibir el apoyo de Ciudadanos, como socio de Gobierno, y el Grupo Parlamentario Vox, socio preferente. Sin embargo, la presunta implicación de la presidenta regional en la trama Avalmadrid comenzó a dinamitar el nuevo Ejecutivo, que ya dejó ver en aquellos días sus primeras grietas internas.

El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, sentenció en rueda de prensa aquella frase “le pese a quien le pese, y caiga quien caiga” en referencia al apoyo de su partido a la comisión de investigación, y posteriormente lo hizo también la formación de Rocío Monasterio, quien pidió que se investigaran los hechos pero aseguró que no apoyaría ninguna “caza de brujas” de nadie en particular. Por su parte, desde el Partido Popular se ha señalado que con este caso se ha tratado de vincular a la presidenta regional a operaciones concretas, de forma que con su "obsesión de caza y captura estén desprestigiando a Avalmadrid".

En cualquier caso, después del desarrollo que esta comisión ha llevado a cabo a lo largo de varios meses en la Cámara regional, un órgano que varios grupos parlamentarios han catalogado como “fallido” por varias razones -muy distintas a modo de ver entre unos y otros-, todos los grupos han presentado propuestas de dictamen. Estas han sido discutidas a puerta cerrada por los diputados que han formado parte de la comisión, de forma que lo acordado será llevado a Pleno en la Asamblea de Madrid para su discusión y votación.

Finalmente, tal y como han informado fuentes parlamentarias, tras el debate a puerta cerrada han salido adelante los dictámenes presentados por los grupos parlamentarios Vox y Ciudadanos, los cuales han sido votados por los grupos de la izquierda permitiendo que haya habido más votos positivos que negativos. De esta forma, ambos serán llevados a Pleno para su debate y votación. Tal y como se ha podido saber, los grupos parlamentarios PSOE, Más Madrid y Unidas-Podemos IU -que habían elevado un texto conjunto- han votado a favor de todos los dictámenes salvo del presentado por el Partido Popular, mientras que ninguno de los grupos de la derecha ha votado por su dictamen.

Los textos de Vox y Ciudadanos, a Pleno

Desde el grupo parlamentario Ciudadanos destacan en sus conclusiones que la Comisión ha tratado de determinar la responsabilidad política que pudiera recaer en la persona o personas responsables en Avalmadrid, SGR que autorizaron la venta de una cartera de deuda a la entidad Cobralia. En la misma línea, consideran que desde un punto de vista contable, las operaciones de, al menos, el caso de Viajes Grupo Marsans y el caso del Grupo Cantoblanco se podrían haber evitado si Avalmadrid, SGR hubiera solicitado a la entidad avalada la presentación de estados contables consolidados.

Además, creen que parecía existir "una falta de profesionalidad y diligencia en el equipo directivo de Avalmadrid, SGR en alguno de los años analizados a la hora de admitir, autorizar o hacer seguimiento de determinadas operaciones que, desde el inicio, no eran viables o en las que se estaban asumiendo riesgos excesivos". Sobre los casos de conflicto de intereses, el grupo parlamentario Ciudadanos señala la existencia de “falta de independencia y profesionalidad” en lo relativo al Consejo de Administración y equipo directivo en relación con la Operación MC Infortécnica.

En relación con la operación concreta de MC Infortécnica SL, señalan que “desde la Comisión se reitera el pleno respeto a las decisiones judiciales, una condición indispensable para la Justicia, que representa uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad”, haciendo referencia al archivo de la causa por parte de la Fiscalía Anticorrupción después de la denuncia presentada por Más Madrid.

Por parte del grupo parlamentario Vox, concluyen que "las irregularidades en la gestión de Avalmadrid en el periodo analizado no se circunscriben a la selección del Banco de España y que la selección es un muestreo y no una verificación exhaustiva de toda la cartera gestionada por Avalmadrid en el periodo estudiado". El caso MC Infortécnica, por ejemplo, defienden que "no estaba en esa selección, y cabe concluir por tanto que muchos otros avales tampoco hayan sido concedidos con las garantías y procedimientos apropiados".

Lamentan que "la influencia que ejerce la Comunidad de Madrid en la toma de decisiones en la dirección y administración de Avalmadrid es absolutamente dominante, tanto directa como indirectamente". Por tanto, el carácter privado o mixto de la entidad es una cualidad "estrictamente formal". Las "irregularidades" detectadas en la concesión y seguimiento del aval de MC Infortécnica, empresa de la familia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, revela, según el grupo parlamentario liderado por Rocío Monasterio, que "en el mejor de los casos hubo un trato personalizado y preferente, y una gestión negligente en su seguimiento y recobro".

"La Comunidad de Madrid no ha fiscalizado debidamente el uso de las aportaciones para el Fondo de Provisiones técnicas que ha transferido a Avalmadrid, por lo que la sociedad ha actuado como una entidad canalizadora de fondos públicos sin ninguna supervisión por parte de las autoridades públicas, salvo la que ejerce el Banco de España en el ámbito de sus competencias", sostiene el Grupo Parlamentario Vox.

Dictamen de PSOE, Más Madrid y Unidas-Podemos

Por una parte, el documento que ha sido presentado por los grupos parlamentarios de izquierda de la Cámara regional denuncia un bloqueo “sistemático” por parte del Partido Popular y Ciudadanos, tal y como han señalado a los medios de comunicación los portavoces de los grupos Más Madrid y Unidas Podemos IU. Según argumentan, si bien la comisión de investigación ha recogido un total de 733 peticiones de comparecencias solicitadas por los distintos grupos parlamentarios, 283 han decaído, 177 no admitidas, hay 242 pendientes, 4 retiradas y 27 tramitadas.

En particular, se han solicitado repetidamente las comparecencias de mandatarios regionales como Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán o Isabel Díaz Ayuso, siendo en todos los casos rechazadas o no admitidas. Sobre este hecho, los grupos de izquierda han dejado constancia en su dictamen que “los miembros de la Mesa de la Asamblea con cuyos votos se rechazaron las comparecencias, aplicaron criterios que excedían de las disposiciones Reglamentarias con las que nos regimos en la Asamblea de Madrid” y, como consecuencia, acusan a la Mesa de haber “bloqueando claramente estas iniciativas” y creado, por ende, “un halo de sospecha sobre quien no ha venido a aportar información de sus actuaciones”.

Según señalan, “uno de los argumentos esgrimidos para su rechazo constituye un claro juicio de valor”, por lo que indican que “parece que la Mesa de la Asamblea sí prejuzgó la competencia en la materia de los expresidentes y la presidenta actual de la Comunidad de Madrid, así como el alcance de su relación y posterior responsabilidad, cuestión esta que era la que debía precisamente tratar de despejar la investigación parlamentaria”, señalan. Como sentencian, “es difícilmente aceptable que las comparecencias de quienes ocuparon y ocupan la Presidencia de la Comunidad de Madrid se rechazaran por no tener estas personas relación con el objeto de la iniciativa, o responsabilidad, o competencia en la materia, a pesar de la adopción de acuerdos por parte de ellos mismos o a través del Consejo de Gobierno que presidía”.

En este sentido, en su dictamen señalan que sí ven razones concretas en la relación entre diferentes mandatarios autonómicos y altos cargos, y la concesión de avales a entidades con dificultades económicas obvias que ponían en riesgo la continuidad de sus negocios y el cumplimiento de sus obligaciones de pago. De esta manera, sostienen que existían vinculaciones directas o indirectas entre los beneficiarios del aval y algún miembro de los órganos de gobierno de Avalmadrid, provocando que todo el entramado supusiera un quebranto económico de la entidad, lo cual sustenta el interés público de la comisión al ser la Comunidad de Madrid poseedora del 31 por ciento de sus participaciones y contar con capacidad de nombramiento de miembros del Consejo de Administración de Avalmadrid.

Tal y como pudo saberse a principios de septiembre de 2019, Avalmadrid concedió un préstamo por valor de 400.000 euros a la empresa familiar de Isabel Díaz Ayuso que nunca se empleó para el fin para el que fue concedido y que, ocho años después de dicha concesión, Avalmadrid no ha “recuperado dicho dinero, además de detectarse varias irregularidades en el procedimiento”. Según señalan, “se saltó la normativa interna de plazos y no se tuvo en cuenta la desaparición de los bienes que los receptores del aval aportaron como garantías –entre ellos, el piso que Díaz Ayuso recibió de su padre–, por lo que las demoras permitieron que el padre de la presidenta y sus socios se deshicieran de su patrimonio para evitar el embargo”.

La empresa no hizo un "análisis profundo" de esta situación hasta junio de 2019, cuando ya había estallado la polémica contra Isabel Díaz Ayuso, a la que Más Madrid denunció a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que fue finalmente archivada en noviembre de 2020 al considerar la Fiscalía que no había motivos para investigar las sospechas planteadas por un posible alzamiento de bienes, un posible delito de administración desleal o tráfico de influencias. Sin embargo, los grupos parlamentario PSOE, Más Madrid y Unidas-Podemos IU, disienten de ello. De hecho, como ha indicado Isa Serra tras la Junta de Portavoces celebrada este martes, “se discutirá en el seno del grupo parlamentario y con el resto de formaciones la posibilidad de llevar a los tribunales” la causa después de las conclusiones obtenidas tras la comisión.

En primer lugar, “a lo largo de las sesiones, y a pesar de la negativa del Gobierno, a facilitar el expediente completo de la operación MC Infortécnica S.L. concebida por Avalmadrid, se ha podido constatar la información publicada por Infolibre, así como que las garantías y condiciones establecidas por el Comité Directivo de Avalmadrid se basaban en la garantía hipotecaria sobre un inmueble, el aval solidario de los ocho accionistas que tenía la compañía, y el aval solidario de la compañía matriz del grupo. Los ocho socios, avalistas solidarios de la empresa del padre de la presidenta, indicaron tener un patrimonio neto de 1.565.000 euros compuesto por 14 bienes inmuebles, situados en diferentes provincias españolas, que “fueron objeto de diversas operaciones de alzamiento de bienes, a lo largo de varios años”.

Asimismo, los grupos de izquierda señalan que si bien los 400.000 euros de la póliza solo podían destinarse al pago de tres proveedores concretos, “el 2 de marzo de 2011 el analista de riesgos que se encargó de estudiar la operación escribió un correo electrónico a varios de sus superiores tras recibir la tasación realizada por Tinsa de la única garantía hipotecaria aportada: una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada”. A pesar de ello, señala el escrito de PSOE, Más Madrid y Unidas-Podemos IU, “tan solo 29 minutos después, el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo, otorgó la autorización solicitada pese a la advertencia de la tasadora con un correo de respuesta cuyo contenido eran dos palabras: “OK adelante”.

Por otra parte, en marzo de 2011, Eva Piera Rojo “era viceconsejera de Economía del Gobierno de Madrid, diputada en la Asamblea de Madrid en representación del Partido Popular y miembro del consejo de administración de Avalmadrid, entidad que había presidido entre enero de 2007 y septiembre de 2008”, y el 13 de julio de 2011, envía un correo electrónico al entonces director de Relaciones Institucionales y Desarrollo de negocio de Avalmadrid, Carlos Ramos Juárez, dándole las gracias y facilitándole el contacto personal de Isabel Díaz Ayuso, entonces compañera de Piera Rojo en las listas del Partido Popular a las elecciones autonómicas de mayo de 2011.

“Un día después de que Eva Piera Rojo le pida a Carlos Ramos Juárez que atienda a su compañera Isabel Díaz Ayuso, esta se pone en efecto en contacto con el directivo de Avalmadrid” a través de un correo electrónico en el que la actual mandataria indica: “Ante todo quiero darte las gracias por tu atención y tu interés en este tema tan importante para mi familia”, indicado asimismo que “aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil”, lo que los diputados de la izquierda de la comisión consideran prueba del motivo por el que Ayuso se puso en contacto con Avalmadrid.

“Parece estar muy preocupada por la posibilidad de que al haberse convertido sus padres en avalistas solidarios del crédito avalado por Avalmadrid puedan terminar perdiendo su patrimonio familiar”, señalan. “Es muy relevante tener en cuenta las fechas: el correo de Isabel Díaz Ayuso a Carlos Ramos, se envió el 14 de julio de 2011, pero MC Infortécnica S.L. no tendrá que hacer frente al primer pago de la devolución del crédito de 400.000 euros hasta el 15 de diciembre de aquel año. ¿Porqué se mostraba tan previsora cinco meses antes?”, preguntan desde PSOE, Más Madrid y Unidas-Podemos IU.

Asimismo, indican que la presidenta regional, el 14 de julio de 2011, cruza correo electrónico con Carlos Ramos Juárez de nuevo “para interesarse por las consecuencias del aval que habían prestado sus padres” y, al día siguiente, “promete su cargo como diputada convirtiéndose en una “autoridad” a efectos de cualquier posible valoración de las relaciones mantenidas con Avalmadrid y las posibles responsabilidades jurídicas que existieran”, indican. Además, como consta en el diario de sesiones de la Asamblea de Madrid, Ramos Juárez dejó claro en la Comisión de Investigación que recibía correos de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, así como que “se limitaba a contestar un requerimiento de mi presidenta [Eva Piera Rojo] que en ese momento era llamar a una señora que se llama Isabel Díaz Ayuso”.

En la misma línea, sostienen que los contactos posteriores de Isabel Díaz Ayuso con Carlos Ramos Juárez, en los que le solicita información confidencial sobre sobre terceras empresas y socios relacionados con la actividad empresarial de sus padres, hacen deducir que “sin ningún tipo de duda que los recursos humanos y materiales de Avalmadrid se pusieron a disposición de la diputada autonómica Isabel Díaz Ayuso con el objetivo de suministrarle información confidencial sobre personas físicas y jurídicas”, un encargo que partió de un pedido de una viceconsejera del Gobierno autonómico y miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid, por lo que “fue gestionado obviamente como si se tratase de una petición de la Comunidad de Madrid”.

Por otro lado, explican que “en aquel momento, los ocho socios y avalistas solidarios del préstamo eran dueños de 14 bienes inmuebles, siete tenían diversas hipotecas, de forma que no podían disponer libremente de ellos, mientras que los otros siete estaban libres de cargas”, y señalan que los siete bienes inmuebles libres de cargas pertenecían a tres de los matrimonios “que se desprenden de esos bienes en operaciones típicas de un delito de alzamiento de bienes, ya que el objetivo evidente era evitar el legítimo derecho de Avalmadrid a ejecutar los avales prestados”.

En este punto, se indica en el dictamen que la “secuencia de actos” señala que el 8 de noviembre de 2011, un mes antes del primer vencimiento del préstamo dado por Avalmadrid, los padres de la actual presidenta donaron a esta “una vivienda de 90 metros cuadrados”, lo que “parece apuntar a que, nada más tener la certeza de que MC Infortécnica S.L. no devolvería los 400.000 euros del préstamo que habían afianzado de forma solidaria con todos sus bienes presentes y futuros, los socios de dicha compañía empezaron a deshacerse de todos los bienes que tenían a su disposición”.

Dictamen del Partido Popular

Por su parte, el grupo parlamentario Popular ha presentado un dictamen basado en el “rigor, argumentos, doctrina, hechos” de lo acontecido, que “demuestra de manera contundente” que “la Comisión de Investigación no debió crearse” y que se ha tratado de una herramienta y un “abuso de poder contrario al Reglamento” de la Cámara regional, ya que esta “no tiene competencia sobre una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) como Avalmadrid”, indican fuentes parlamentarias populares. Asimismo, sostienen que “Avalmadrid ha funcionado de manera correcta de acuerdo a las normas del momento, cumpliendo procedimientos y a través de órganos colegiados”.

En relación a esto, señalan que “el Banco de España no ha sancionado por la supuesta concesión irregular de avales” a Avalmadrid, por lo que consideran que “las acusaciones de la oposición que justificaron la comisión son falsas”. Sobre el caso que supuestamente implican a la presidenta regional, señalan que “la concesión de aval a la empresa de la que la familia de Ayuso era socio minoritario fue absolutamente correcta tal y como ponen de manifiesto los informes económicos de la operación”, algo que confirma “el archivo de la Fiscalía que determinó que no hubo irregularidad, ni alzamiento de bienes, ni trafico de influencias ni dejadez de Avalmadrid para recuperar deudas por impago”.

Según puede leerse en el dictamen del grupo parlamentario Popular, asimismo, “Avalmadrid no forma parte del sector público autonómico”, sino que es una “entidad financiera con forma de Sociedad de Garantía Recíproca, que integra el sector privado” de acuerdo con la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, como la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que “establecen que para que una entidad o sociedad mercantil forme parte del sector público, esta tiene que estar bajo control público por la participación directa del capital social por parte de la administración o alguno de sus entes en mas de un 50 por ciento”.

En este sentido, señalan que “la Comunidad de Madrid tiene una participación en Avalmadrid del 26,1 por ciento y una representación en sus órganos de gobierno (consejo de administración) del 27 por ciento, equivalente a su participación, y que suponen un porcentaje muy inferior al establecido en nuestra legislación (50 por ciento), para considerar a la entidad integrante del sector público”. Además, indican, la Comunidad de Madrid “tampoco ejerce lo que se conoce como una posición de dominio o de control sobre Avalmadrid, de acuerdo a los criterios y los ocho indicadores recogidos en el Reglamento de la Unión Europea 549/2013 del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea”.

“Las operaciones y situaciones avalables por la SGR definen la tarea que tiene que desarrollar y condiciona por sí mismo el nivel de riesgo que asume Avalmadrid, que es mayor que el de otro tipo de entidades financieras”, dice el dictamen popular, que añade que “desde finales del 2010, Avalmadrid cuenta con un sistema de rating y scoring para valorar el riesgo”. Según indica, “los índices de solvencia y morosidad de Avalmadrid desde el año 2008 hasta el año 2018, ponen de manifiesto una gestión no solo prudente, sino con unos indicadores mejores que los del conjunto del sector, que suponen, por sí mismos un desmentido de toda acusación de mala gestión o falta de procedimientos adecuados vinculados a la toma de decisiones”.

De la misma manera, sostienen que “Avalmadrid ha desarrollado una labor muy importante en el periodo analizado por la Comisión de Investigación” e indican que “los datos ponen de relieve una constante actividad de apoyo al tejido productivo de la Comunidad de Madrid, con un aumento significativo de socios, de su capital social y de número de empresas que han recibido apoyo”. Sobre el expediente del Banco de España, los populares sostienen que el ente “no ha sancionado ninguna operación concreta y mucho menos por ilegalidades en su concesión” y que “los hechos han demostrado que las premisas de las que partían los Grupos solicitantes de la Comisión para justificarla eran falsos”. Así, indican que “el expediente del Banco de España no ha puesto de relieve ninguna ilegalidad”.

Sobre las operaciones concretas estudiadas en la comisión, los populares indican que “a pesar de que los grupos parlamentarios que solicitaron la creación de la comisión de investigación, lo justificaron en la existencia de posibles irregularidades en la concesión de de avales a 167 empresas, durante el transcurso de las sesiones de la comisión, fundamentalmente solo han centrado su actividad y preguntas en tres empresas: MC Infortécnica, Grupo Marsans o Grupo Cantoblanco, demostrando que el único interés real consistía en generar un “circo mediático”, en función de la relevancia o conocimiento de las personas afectadas , pero no el conocimiento real del funcionamiento de 107 Avalmadrid, ni las supuestas deficiencias en otras operaciones que tuvieron también un resultado fallido”.

Sobre el caso de MC Infortécnica, el referido a la empresa del padre de la mandataria regional, el Grupo Popular indica que “los comparecientes, responsables de la toma de decisiones ya sea de la concesión de avales, como de la recuperación de deudas, dejaron manifiestamente claro que ni conocía a la empresa MC Infortécnica, ni tampoco sabían quien era Isabel Díaz Ayuso, en el momento de la concesión del aval o de las decisiones posteriores”. Por una parte, señalan que el grupo parlamentario Más Madrid presentó el 11 de septiembre de 2019 una denuncia ante la Fiscalía Especial Anticorrupción sobre el aval concedido a la empresa MC Infortécnica en la que “hicieron diversas afirmaciones y acusaciones que la Fiscalía ha considerado falsas”.

Por otro lado, aseguran que “la concesión de aval se hizo de manera correcta, de acuerdo a lo establecido en el informe del analista correspondiente” de acuerdo con lo establecido con la Escala de ratings vigente en Avalmadrid y la puntuación dada, la cual “significa la existencia de un riesgo de impago de tan solo el 2,25 por ciento” y que, “de acuerdo a lo expresado por al auditora-consultra Accuracy, es equivalente a un nivel de riesgo AAB, riesgo normal”. Del mismo modo, señalan que “la concesión del aval contó con el apoyo de Cersa, que avaló el 50 por ciento de la operación”, por lo que Cersa “consideró que Avalmadrid remitió toda la documentación correspondiente de forma adecuada, que la operación respondía a las líneas y los criterios establecidos, así como que el procedimiento seguido por Avalmadrid fue el correcto”.

Respecto a la deuda originada por la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso tras la concesión del aval, el dictamen popular señala que “Avalmadrid sí que procedió a iniciar los trámites oportunos para recuperar la deuda originada”. Tal y como indican, en el año 2013 “Avalmadrid inició la reclamación de deuda y ejecución hipotecaria frente a MC Infortécnica y la finca y nave propiedad de padre de D.ª Isabel Diaz Ayuso”, y como consecuencia del proceso, “el juzgado de Instrucción Número 2 de Arenas de San Pedro, el 13 de abril de 2018, y tras haber quedado desierta la subasta correspondiente, se adjudicó la finca a Avalmadrid por un valor de tasación de 272.000 euros”.

“Los grupos parlamentarios que mantienen una acusación de trato de favor respecto al pago de la deuda existente lo hacen bajo el supuesto de que la SGR, no ha procedido a realizar las acciones correspondientes, para continuar la reclamación dineraria y saldar la deuda”, dicen en el documento, añadiendo que “solo cabe decir, que tal acusación parte de una presunción que no se corresponde con la realidad, desde incluso antes de constituirse la propia comisión de investigación”. Así, sentencian que “es profundamente injusto, pretender hacer responsable a la familia Diaz Ayuso de la deuda (provisional) con Avalmadrid”.