El pasado 29 de agosto, la Junta de Gobierno de la capital autorizó un gasto de 21.843.972 euros correspondiente a la modificación y prórroga de varios lotes del contrato de gestión de servicios públicos de Equipamientos y Servicios Municipales de Atención a Mayores (56 centros de día, tres residencias y un apartamento), lo que supone una reducción de 950.196 euros con respecto a lo inicialmente presupuestado. El contrato tendrá vigencia desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2014.
Para ajustar el dinero, el Área de Familia y Servicios Sociales ha decidido reducir el precio medio que paga por estos servicios. Esto quiere decir que si hasta ahora la aportación municipal suponía un 78,55 por ciento de media, con el actual contrato sería del 75,37 por ciento, por lo que los mayores asumirán un 3,18 por ciento más del precio.
Además, se suprimirán 90 plazas de respiro familiar (proporciona un tiempo de descanso durante los fines de semana a las familias o cuidadores de mayores dependientes) en los centros Carmen Conde (Centro), San Crispín (Latina) y La Magdalena (Carbanchel). El Consistorio asegura que este ajuste se debe a que actualmente el servicio "no se utiliza al cien por cien de su capacidad". Así, esta prestación a partir de ahora se prestará en siete centros municipales y tendrá un total de 210 plazas.
El resto del presupuesto recortado se amortizará con la eliminación de la partida destinada a actividades de difusión de los centros (jornadas de puertas abiertas, principalmente) y la reducción del 50 por ciento de los importes para material de actividades, salvo en las residencias. Se trata, fundamentalmente, de material técnico de fisioterapia y material fungible para el médico y enfermería. Se justifica esta reducción alegando que el equipamiento de los centros actualmente es "óptimo" y "no es necesario gastar en estos materiales la misma cantidad que años anteriores".
La concejal de UPyD Cristina Chamorro, que preguntará por esta cuestión en la comisión de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del martes, considera que estas medidas supondrán que los usuarios "paguen más por un servicio de peor calidad". Para Chamorro es especialmente grave que el Ayuntamiento haya tenido en cuenta que "no se alterará la rentabilidad de los contratos adjudicados" (tal y como indica expresamente el informe municipal) y no haya valorado "el coste que supondrá para los usuarios, que cada vez tienen que asumir más gastos, como la teleasistencia".
El Ayuntamiento de Madrid por su parte recuerda que este contrato, sumado al de los centros de día concertados (aprobado el 16 de mayo), supone una inversión total de más de 35 millones de euros, "un presupuesto sin parangón en el resto de España".
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