Un informe de la Universidad Camilo José Cela determina que, a pesar de que el rendimiento académico de los alumnos madrileños se sitúa 11 puntos por encima de la media nacional, los centros educativos suspenden en inclusión social, es decir, en la eliminación de las diferencias socioeconómicas de los colegios según las zonas de la región en las que se sitúan. Fomentar la movilidad de los alumnos o reducir las ratios en los centros más desfavorecidos son, según el informe, algunas de las claves para mejorar.
El sistema educativo de la Comunidad de Madrid se sitúa en una posición de liderazgo en cuanto a igualdad de oportunidades, pero está a la cola de España en inclusión social. Es la principal conclusión del estudio Igualdad de oportunidades e inclusión educativa en la Comunidad de Madrid, elaborado por el director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, Francisco López Rupérez, y las profesoras Isabel García García y Eva Expósito Casas, y presentado este miércoles en Madrid. Se trata de un exhaustivo análisis de 11 indicadores de PISA 2015 para el que se han procesado 600.000 datos de 39.000 alumnos y 1.100 centros.
Según ha explicado López Rupérez, el caso de la Comunidad de Madrid resulta de "especial interés" dadas sus características sociodemográficas: casi la mitad de su población vive en la ciudad y el 72 por ciento, en poblaciones de más de 100.000 habitantes, más de treinta puntos por encima de la media nacional. Por ello, para el profesor, "es un caso singular que hay que estudiar" y cuyas peculiaridades pueden explicar, en parte, los malos resultados de la región en inclusión social.
Inclusión educativa VS inclusión académica
Porque la Comunidad de Madrid se sitúa en un 61,82 por ciento en inclusión, entendida como la no diferencia del nivel socioeconómico de los centros educativos entre distitnas zonas de la región, cuando la media de España se sitúa cerca del 70. En este sentido, López Rupérez ha señalado que la segregación educativa se "acentúa más" en "medios urbanitas", dado que es en las ciudades donde la población inmigrante se asienta en unos barrios y no en otros -en los pueblos no hay esas 'cápsulas' de población inmigrante, sino que se distribuye de manera más uniforme-. En la Comunidad de Madrid, el 11 por ciento de los alumnos de ESO es de origen inmigrante y se encuentra concentrado en los colegios de determinadas zonas, dado que, según ha destacado el responsable del estudio, el primer criterio de las familias a la hora de seleccionar el centro educativo para sus hijos es la cercanía al hogar. Todos estos factores hacen que la inclusión social en los colegios sea más difícil en la región, que queda en una situación de desventaja con respecto al conjunto de España, aunque a la par con la media de los países de la OCDE.
El informe demuestra, no obstante, que no es incompatible un dato negativo en inclusión económica con una buena posición en inclusión académica, esto es, la no variación del rendimiento académico de los centros según el lugar de residencia. De hecho, en términos generales, los estudiantes de la Comunidad de Madrid se sitúan once puntos por encima de la media nacional en rendimiento académico, una vez equilibrada la influencia del factor socioeconómico y cultural de las familias (el índice ISEC del informe PISA), y queda en tercera posición autonómica, solo por detrás de Castilla y León y Navarra.
Igualdad de oportunidades
Además, el sistema educativo madrileño se sitúa en la parte alta del ranking autonómico en igualdad de oportunidades según el exahustivo análisis de la UCJC en base a diversos indicadores, entre los que destaca, en positivo, el esfuerzo de los centros educativos para implicar a los padres en la educación de sus hijos, que se ha demostrado como un factor determinante en el éxito académico; y, como punto a mejorar, la enseñanza personalizada, que ayuda, de manera especial en los centros más socialmente desfavorecidos, a mejorar el rendimiento.

La Comunidad de Madrid también destaca en el estudio por colocarse en la tercera posición nacional en el porcentaje de alumnos que, estudiando en los centros educativos considerados desaventajados socioeconómicamente, logran la excelencia académica en PISA. Según los análisis contextuales del equipo de investigación de la UCJC, el papel de la equidad en los sistemas educativos se ha ido fortaleciendo como una exigencia del nuevo contexto socioeconómico, con el objetivo de que los beneficios de la educación en la sociedad del conocimiento alcancen a toda la población y no solo a una élite bien formada.A pesar del buen posicionamiento de la región en igualdad de oportunidades educativas, el estudio reserva un apartado de recomendaciones para mejorar todavía más este aspecto. Por un lado, incentivar la implicación parental en centros socialmente desaventajados, con formación al profesorado y equipos directivos que contenga protocolos eficaces de actuación. En segundo lugar, promover metodologías didácticas personalizadas, potenciando los procedimientos de respuesta adaptada de la instrucción al alumno por parte de su profesor. También aboga por reducir las ratios alumno/profesor en los centros socialmente desaventajados y por incorporar al currículo habilidades no cognitivas, como la autoconfianza, el esfuerzo y la perseverancia. Y, por último, propone la evaluación de impacto de las políticas compensatorias, con el propósito de comprobar su grado de eficacia real. "Por ejemplo, estamos aplicando las políticas de atención a la diversidad e invirtiendo mucho dinero en ellas, pero no sabemos si se están obteniendo los resultados esperados", ha defendido López Rupérez.
Cómo mejorar la inclusión social
Además, para mejorar la inclusión social en el ámbito escolar, el informe propone dotar de programas social y académicamente atractivos a los centros con desventaja social y otorgar ayudas específicas para facilitar el transporte a alumnos socialmente desventajados si la elección del centro sostenido con fondos públicos se sitúa lejos de su lugar de residencia. También ofrecer incentivos económicos a los centros socialmente aventajados que escolaricen a alumnos desaventajados socialmente e implementar un sistema de cheques escolares dirigidos a familias con bajos ingresos para facilitar su movilidad a centros privados socialmente aventajados.