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El ‘caso de los espías’ queda archivado

El ‘caso de los espías’ queda archivado

miércoles 30 de junio de 2010, 00:00h
La juez Carmen Valcarce acordó el 15 de julio el archivo del 'caso de los espías' al no considerar probado que se empleasen los bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid para espiar, entre otros, al ex consejero regional Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
La magistrada decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias para investigar los supuestos seguimientos realizados a Prada y Cobo, enfrentados al Ejecutivo de Esperanza Aguirre, en 2008. Contra esta resolución cabía recurso de reforma y, subsidiariamente, recurso de apelación, pero el PP ordenó a Manuel Cobo que se abstuviese de continuar, pese a que la mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón estaba convencido de que se le espió desde el Gobierno de Aguirre.

El consejero Francisco Granados, al que se apuntó como responsable del supuesto equipo de espionaje, fue el gran triunfador, de manera que llegó a pedir incluso que Prada y la diputada Carmen Rodríguez Flores, otra de las que habrían sufrido los seguimientos, abandonasen su escaño en la Asamblea de Madrid como diputados del PP. Prada, efectivamente, dejó la Cámara. En la causa estaban imputados tres ex guardias civiles asesores de la Consejería de Justicia, el ex director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón y el empleado público Manuel Pinto.

En el auto, la magistrada explicó que en los posicionamientos de los teléfonos de los asesores de la Consejería (investigados para saber si se encontraban en el mismo lugar que decían los supuestos partes de seguimiento que se elaboraron sobre Prada y Cobo) "se produjeron coincidencias de lugar de determinados teléfonos", en alusión a los de los ex guardias civiles. Sin embargo, añade, "la generalidad de los contenidos de éstos, unido a la no fiabilidad absoluta de los posicionamientos, sobre todo aquellos que se producen en el centro de la ciudad, hace difícil determinar con claridad suficiente la realidad de estos seguimientos".

La magistrada si certificaba que las pruebas caligráficas evidenciaban que en tres de los partes de seguimiento "se han escrito a mano números de matrículas de vehículos" que se podían atribuir a uno de los agentes, José Manuel Pinto. Sin embargo, juzgó que, ignorando el origen de los partes y el autor de la redacción, no se podía establecer relación entre el trabajo de Pinto y el resto de imputados o actividad ilegal alguna, ya que se desconocía el fin de sus actividades.

La dimisión de Gamón
Pese a las protestas del PSOE e IU, que calificaron al trama de espionaje y el caso Gürtel como "el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia en Madrid", el señalado Granados salió triunfante al recalcar cómo la sentencia establecía que "el hecho de seguir a una persona (como ocurrió con Prada y que se justificó como contravigilancias en la comisión de investigación que se abrió en 2009 en la Asamblea de Madrid) no constituye infracción penal alguna". La posible malversación de caudales públicos (destinar fondos de la Comunidad de Madrid a estos seguimientos) tampoco tuvo lugar, según la juez.

Pese a ello, en el camino dimitió de sus funciones el ex director de Seguridad de la Consejería de Interior, un Sergio Gamón cuya ex esposa le implicó públicamente en el caso asegurando que espiaba a las órdenes del vicepresidente de Esperanza Aguirre, Ignacio González. La mujer, que trabajaba en Telemadrid como cargo de confianza, fue despedida de inmediato.

El procedimiento de los espías había arrancado en el mes de mayo, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por Cobo el 29 de febrero de 2009. La 'mano derecha' de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

Al conocer el archivo de la causa, Manuel Cobo presentó un recurso a la misma, pero la dirección del Partido Popular en Génova le obligó a retirarlo. El PSM también recurrió el archivo.
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