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Vivir de alquiler en tiempos de coronavirus
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(Foto: AQ Acentor)

Vivir de alquiler en tiempos de coronavirus

domingo 12 de abril de 2020, 09:07h

Imagine que le han aplicado un ERTE en su trabajo o que ha tenido que cerrar su negocio desde la proclamación del estado de alarma. Imagine ahora que vive de alquiler. Y que, a lo mejor, también paga una renta por el local en el que se ubica su medio de vida. Tal vez no tenga que imaginarlo, sino que es lo que le ha tocado en suerte. Sería entonces una realidad palpable en el bolsillo, en la cuenta corriente. Números rojos o escasos ahorros para enfrentarse a un todavía incierto futuro. Sería una de las muchas personas afectadas económicamente por la crisis del coronavirus, pero que, además, se encuentran en una situación especialmente vulnerable.

Apenas doce días después de la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto 11/2020 para ayudar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la crisis sanitaria, las medidas para aquellos que viven de alquiler o tienen rentado un local para su negocio se están mostrando insuficientes para algunas asociaciones, sindicatos y también muchos afectados. Por lo pronto, el Sindicato de Inquilinos lanzó el pasado día 1 de abril una huelga de impagos hasta que el Gobierno decida suspender el abono de los alquileres mientras dure el estado de alarma. Para respaldar esta huelga, han puesto en marcha una caja de resistencia en la plataforma de crowdfunding Goteo en la ya llevan recaudados 35.000 euros. También una campaña de firmas en Change.org suma miles de apoyos.

No parece una medida fácil de tomar. En España, un alto porcentaje de los propietarios son pequeños tenedores, y aunque el Sindicato de Inquilinos asegura que la idea de que la mayoría de ellos viven de sus alquileres no es del todo cierta porque “los arrendadores ganan 38.000 euros de media frente a los 23.000 euros de los hogares inquilinos (Encuesta de Condiciones de Vida, 2018)”, no existe un consenso sobre cómo abordar el problema. Desde el mismo sindicato aseguran que si los arrendadores tienen un única vivienda en propiedad y necesitan esos ingresos para cubrir sus necesidades básicas, “también deben estar amparados por el Gobierno, como ya están haciendo a otros sectores”.

Hace apenas unos días, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, anunció que el Gobierno ultima la creación de un Ingreso Mínimo de Emergencia que podría entrar en vigor de forma urgente. También está pendiente de concretarse un nuevo programa específico que adjudicará directamente ayudas a algunos inquilinos vulnerables y será el que se haga cargo de los créditos que algunos ciudadanos no puedan devolver al Instituto de Crédito Oficial. Pero, hasta entonces, lo cierto es que hay ya muchos afectados que no pueden esperar. “El tiempo pasa y siguen sin tener trabajo. Solicitar subsidios o el desempleo no es algo inmediato. Son días o semanas que no cuentan con ningún tipo de ingreso. Mientras, existe la presión de muchos propietarios. Mucha gente pierde el mes de fianza.”, explica una educadora social del Distrito Centro, en Madrid capital, quien lleva 18 años trabajando con personas en situación de vulnerabilidad y prefiere no dar su nombre.

Renta pública y renta privada

El porcentaje de hogares que residen en una vivienda en alquiler ha ido aumentado en los últimos años. La Comunidad de Madrid se encuentra en los primeros puestos, con un 26,6% del total, según el Observatorio de Vivienda y Suelo de 2019. A la vez, es, también, la región más cara de toda España para hacerlo. Según los datos de este mismo observatorio, el precio medio de un alquiler en la provincia de Madrid en 2018 fue de 819 euros.

No obstante, hay una gran diferencia entre el mercado público y el privado. En muchos municipios se han puesto en marcha medidas para ayudar a los arrendatarios de vivienda pública: en Madrid capital son casi 6.000 inquilinos los que, por lo pronto, no han tenido que pagar el recibo del mes de abril, y se prevé aplicar esta medida también en mayo si se alarga el estado de alarma. Lo mismo en la Comunidad: unas 23.500 viviendas de protección pertenecientes a la agencia de vivienda social están incluidas en un plan en el cual a todas aquellas personas que se han visto afectadas laboralmente por el Covid19 se les reducirá la cuota al mínimo legal establecido, 46 euros. De la misma manera, a los emprendedores que estén ocupando mediante alquiler locales pertenecientes a la agencia de vivienda social también se les exonera del pago, según fuentes de la Consejería de Vivienda.

El problema es la gente que está fuera de esta vivienda pública. La Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda al Alquiler (APASAA) ha reclamado apoyo al Gobierno central ante la situación de "vulnerabilidad" en la que ya se encontraban y que se ha vuelto "verdaderamente precaria" a raíz del coronavirus y sus efectos en la economía por el estado de alarma. Esta asociación aglutina a aquellos que, a pesar de considerarse aptos, no recibieron la ayuda del Plan de Estatal de Vivienda 2018-2021, adjudicada por la Comunidad de Madrid, por falta de presupuesto.

Así las cosas, los peores parados son los arrendatarios del mercado privado del alquiler, para el que no se han puesto en marcha ayudas ni en la Comunidad ni tampoco en los ayuntamientos frente a esta crisis. Y donde el Gobierno ha querido hacer hincapié con unas medidas que a muchos afectados les parecen insuficientes.

Son, para vivienda, y en el caso de que el propietario sea un pequeño tenedor, aplazamiento o suspensión, o, en el caso de que el propietario no acepte, préstamos a interés cero del Instituto de Crédito Oficial con aval estatal. También se incluyen en este supuesto ayudas directas de hasta 900 euros. La cantidad y las condiciones quedan en manos de las comunidades autónomas pero, además, estas ayudas aún tienen que concretarse en el Plan de Vivienda, por lo que todavía no se podrían solicitar. Solo en el caso de que los dueños sean grandes propietarios (empresa, entidad pública o particular con más de 10 inmuebles) se plantea una reducción de la renta al 50% durante un máximo de cuatro meses o solicitar una moratoria de pagos por ese mismo periodo, que luego deberá ser devuelta durante un máximo de tres años.

Medidas insuficientes

El problema es que, tanto en uno como otro caso, la medida a tomar se deja a elección del arrendador. Y eso es lo que complica la situación. Sheila vive de alquiler en Guadarrama, pero tiene una peluquería, por la que también paga una renta, en Collado Villalba. Es madre soltera y sus ingresos provenían íntegramente de su negocio, que tuvo que cerrar a mediados de marzo. “Llamé al dueño y me dijo que el pago del alquiler era una obligación”, explica sobre el local de la peluquería, por el que tiene que pagar 1.000 euros al mes, sin contar el IVA ni el IRPF. “Yo lo entiendo si eres una persona que vive de eso, que tiene un solo local. Pero este señor tiene el edificio entero, es de los más ricos de esta zona”, asegura. “Ahora mismo estoy esperando a los préstamos ICO” para autónomos, “por el que nos cobran 2,5% de interés, que no es mucho pero ya es algo, y tengo que pagar la cuota de autónomos, seguridad social, sueldos... He tenido que pagar absolutamente todo. Como si abriera la peluquería, pero sin facturar un solo céntimo”, se lamenta.

En la misma situación está Soraya, quien vive y trabaja en Colmenarejo. O trabajaba, mejor dicho, en una escuela infantil que ha tenido también que cerrar. “Con el local no hay manera de negociar nada. Llamé para preguntar porque es un alquiler muy alto, de 1.275 euros, le dije al casero que necesitaba ayuda, que si podía hacerme una rebaja, y me dijo que no”, explica, mientras cuenta que no sabrá qué hará en el mes de mayo, pero que lo de los créditos es “pan para hoy y hambre para mañana. En abril he tenido cero ingresos. A mi chico también le han hecho un ERTE. Pedir una ayuda para tener que devolverlo a plazos después cuando ya estás hasta el cuello… Yo llegaba ya justísima”, explica Soraya, quien tiene un niño de tres años. “Personalmente, creo que no se están gestionando bien las cosas”, asegura.

De acuerdo con estas dificultades se muestra la educadora social, quien ha visto cómo esta crisis ha puesto a las personas que ya tenían una situación económica vulnerable contra las cuerdas: “Hay familias que viven al día, con dificultades de llegar a fin de mes. A lo mejor para las familias de clase media o que pueden contar con algún tipo de ahorro no está mal la medida, pero para las de recursos muy bajitos es imposible pagar esos alquileres a plazos. Este tipo de familias necesitan una ayuda económica íntegra, no tener que pagar ese alquiler”, asegura, a lo que añade que “si estamos hablando de propietarios que tienen varias viviendas igual tenían que asumir ellos el que no se les pagara o el que no se les pagara esos alquileres en su totalidad”.

Esto es justo lo que piden desde el Sindicato de Inquilinos: “Es intolerable que las personas mayormente afectadas por la crisis tengan que seguir pagando alquileres a costa de endeudarse”, explican. “Las medidas de microcréditos suponen que mientras las familias se endeudan, los arrendadores ven su liquidez y poder adquisitivo totalmente intacto”, denuncian.

Pequeños propietarios

Así las cosas, parece que, no obstante, son los pequeños propietarios los que más están poniendo de su parte para salvar la situación. Sheila no ha tenido con su vivienda el mismo problema que con el local. “Mi casera me llamó por teléfono y me dijo que no me preocupara en absoluto, que no le tenía que pagar el alquiler.”, explica.

La misma ayuda de su casero recibieron Olga y su pareja, quienes viven en Robledo de Chavela y que se han quedado sin trabajo: ella, creadora escénica, se dio de baja como autónoma en enero; él, trabajador de un hotel de Madrid, ha sufrido un ERTE. “Yo no tengo derecho a nada a día de hoy. Lo positivo dentro de esto es que el dueño de nuestra casa se ha portado muy bien y nos ha dicho que no nos preocupemos por los pagos estos meses hasta que podamos remontar”, explica. Pero, aun así, asegura, están “en una situación de incertidumbre” porque no saben cuándo van a poder empezar a trabajar de nuevo.

Hay otros, como Rafa y su novia, Cristina, que aún pueden permitirse pagar a pesar de la situación. Los dos trabajaban en el sector de eventos, el primero que cayó tras la anulación del Mobile Congress de Barcelona. Apenas pasan de la treintena, viven en el barrio de Arganzuela, en Madrid, y en un par de meses se han visto sin trabajo, él, y con un ERTE, ella. “Hemos estado dándole vueltas y al final con lo que tenemos ahorrado vamos a seguir pagando porque no queremos pedirle el aplazamiento de los pagos al casero ni pedir créditos, podemos arreglárnoslas con el desempleo. Preferimos no hacerlo porque al final acabas pagándolo igual”, cuenta Rafa.

Paralización de desahucios y de los cortes de suministro

Sí hay, no obstante, gente que lo ve de manera más positiva. Miguel tiene 49 años, vive en el madrileño barrio de Vallecas y perdió su trabajo como formador en marzo. Ahora, está pensando en solicitar alguna de las medidas que ha puesto en marcha en Gobierno, como los créditos ICO, pero asegura haberse acogido ya "por defecto" desde la publicación del decreto a la extensión de contrato de alquiler, a la imposibilidad de ser desahuciado y a la seguridad de tener agua, luz, gas, internet y comunicación telefónica. “Creo que nunca en la historia democrática de España se había decretado la imposibilidad de desahuciar a alguien por impago, así como tampoco nunca se habían generado créditos a interés cero, ni tampoco se tiene conocimiento de medidas similares anteriores que evitaran cortar los suministros básicos incluyendo internet y teléfono”, se congratula. “Veo que el Gobierno tiene la intención de añadir coberturas extras, para no dejar a nadie fuera, a medida que se van dando cuenta de que no han cubierto a todos. Reconozco que las medidas inicialmente me parecieron vergonzosas. Critiqué como el que más. Pero según fueron pasando los días, me di cuenta del contexto en el que hice la valoración. Me refiero a que con otro gobierno, estas medidas nos habrían sabido a gloria”, asegura.

Y es que otras de las medidas como la paralización durante seis meses de los desahucios de personas vulnerables o la prórroga de todos los contratos de alquiler que caduquen desde la entrada en vigor del decreto sí han obtenido una mayor aceptación. En este caso el arrendador no podrá negarse y deberá mantener las mismas condiciones de alquiler que se tenían anteriormente. Además, el Ejecutivo ha ampliado la prohibición de cortar los suministros de agua, luz y gas a todo el conjunto de la población durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, aunque el aplazamiento, al igual que pasa con el pago de la renta, puede no ser una solución para aquellos que cuentan con pocos recursos.

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