Manuel García Castellón

En pleno escándalo por el 'mastergate', la Púnica es la otra sombra que persigue a Cristina Cifuentes y que amenaza con no disiparse. Ahora, el juez instructor ha rechazado cerrar la causa y ha destacado el papel de la actual presidenta, que era "incompatible" por estar en la mesa de contratación y en el comité de expertos que valoró las ofertas de licitación.

Este miércoles estaba previsto que el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y el empresario Javier López Madrid declarasen en la Audiencia Nacional por el tren de Navalcarnero pero el juez Manuel García Castellón ha decidido suspender el interrogatorio.

El juez ha rechazado el recurso que interpuso el PSOE para que la Comunidad de Madrid entregase las actas del Canal porque la documentación forma parte del "acerco probatorio" del caso Lezo y solo es el Juzgazo quien puede decidir "si es procedente la entrega de la documentación integrada en el procedimiento".

Francisco Granados ha presentado facturas presuntamente falsas de la Consejería de Justicia que dirigía Alfredo Prada que él cree que servían para pagar los gastos en B de la campaña de Aguirre en las elecciones de 2007.

Las siglas que incluyó en su agenda Francisco Granados junto a cantidades de dinero son interpretaciones suyas de un juego de "tetris", no donantes del PP madrileño. Es lo que ha defendido el exsecretario general de la formación popular de Madrid esta mañana en la Audiencia Nacional, donde ha respondido a las preguntas de Anticorrupción. Además, en declaraciones a los medios de comunicación a la salida del juzgado ha defendido su etapa como alcalde de Valdemoro y como consejero de Transportes.

El 27 de febrero, Francisco Granados se sentará otra vez en la Audiencia Nacional para volver a declarar por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

La actual presidenta Cristina Cifuentes sufrió un importante rastreo de su vida, pública y privada, por parte del entorno de Ignacio González y Esperanza Aguirre cuando la actual lideresa del PP de Madrid era delegada del Gobierno.

Constantino Álvarez ha confesado ante el juez la existencia de una práctica institucionalizada en Cofely para llevar a cabo pagos a cambio de adjudicaciones.

El expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el exconsejero de la empresa, Javier López Madrid, imputados en la trama Púnica por amaños en obras de Metro de Madrid.

El presunto cerebro de la trama Púnica ha confesado que pagó comisiones a políticos del PP, PSOE e IU en varios municipios madrileños -Parla, Getafe o Valdemoro- a cambio de que le adjudicasen la construcción de vivienda pública.

El presidente de Adif, Juan Bravo, ha comparecido este lunes en la Audiencia Nacional para defender la compra de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Colombia.

Pedro Calvo, Juan Bravo y otros colaboradores cercanos de Gallardón podrían ser imputados en el 'caso Lezo' después de que Anticorrupción lo haya pedido.

Francisco Granados volverá a sentarse en el banquillo para declarar sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Madrid. Además, el juez ha vuelto a rechazar imputar en la causa a Cifuentes, Aguirre, González y otros cargos del partido como pedía el exdirigente regional.

Javier López Madrid, investigado en la trama Lezo, ha acusado al expresidente madrileño Ignacio González de involucrarle adrede en conversaciones que sabía que estaban siendo grabadas por la UCO.

El juez acepta la petición de Anticorrupción y permitirá a Ignacio González salir de la cárcel si paga una fianza de 400.000 euros.

La declaración de la exjefa jurídica de la Asamblea de Madrid ha sido suspendida al no haber tenido acceso su defensa al expediente de la causa.

Esta próxima semana, tendrán que declarar en la Audiencia Nacional Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González, y sus sobrinas Rocío y Lourdes Bonet Cavero sobre la pieza número 5 del 'caso Lezo', referente al blanqueo de capitales.

El expresidente madrileño Ignacio González permanecerá en prisión después de que el juez de la Audiencia Nacional haya rechazado la petición de su defensa, que solicitaba la puesta en libertad por el deterioro físico y psíquico que, aseguran sus abogados, sufre desde que se encuentra en la cárcel de forma preventiva en el marco de la investigación de la conocida como Operación Lezo.

El juez del caso Lezo le había rebajado la fianza al hermano de Ignacio González de 4 millones de euros a 200.000 por la dificultad de la destrucción de pruebas y por motivos de salud y, este mediodía, Pablo González la ha pagado, por lo que ha abandonado Soto del Real sobre las 20 horas de esta tarde.