Los ayuntamientos de Las Rozas y Colmenar Viejo, gobernados ambos por el Partido Popular, han rechazado acogerse al plan de la Comunidad de Madrid para promocionar vivienda protegida destinada al alquiler sobre suelo dedicado a oficinas.
El ejecutivo regional presentó esta iniciativa el pasado junio con el objetivo de acelerar los plazos de construcción y aumentar el parque de viviendas de la Comunidad. Recogida en el artículo segundo de la ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, la norma autoriza a cambiar el uso de parcelas calificadas como terciario-oficinas a uso residencial (de protección pública en régimen de arrendamiento) sin necesidad de tramitar una modificación del planeamiento urbanístico. El Gobierno regional estima que esta iniciativa legislativa permitirá liberar 1,8 millones de metros cuadrados de locales para convertirlos en 20.000 nuevos hogares.
Tal y como explicó el Gobierno autonómico, se trata de una medida “extraordinaria y temporal” para paliar el problema de la vivienda que, igual que otras ciudades de España, sufre Madrid. Esta novedosa iniciativa será posible sin necesidad de hacer una modificación del planeamiento. En su lugar se podrá realizar mediante licencia y los ayuntamientos tendrán hasta cuatro meses para decidir su aplicación. En el caso de seguir adelante, se habilita un plazo de dos años para solicitar la autorización y de tres como máximo para ejecutar la obra. Se podrá aplicar en parcelas vacantes o en edificios ya existentes, siempre que afecte a toda la infraestructura.
Gracias a esta nueva norma, se simplifican los trámites, con una reducción de cargas que permitirán una mejora organizativa y un impulso de esta actividad económica. Además, incluye la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos, con una disminución del plazo para su construcción de entre 8 y 12 meses. También se recoge un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las viviendas públicas de protección, situando el número de plazas en una por inmueble.
Estas medidas de cambio de uso se realizarán respetando en todo caso la autonomía de los ayuntamientos, que podrán decidir su aplicación en su término municipal, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación. El sector de la construcción en la región representó un 5,3 por ciento del Producto Interior Bruto en 2023.
Las razones que explican la oposición a la norma
Las razones que justifican la oposición del pleno municipal de Colmenar Viejo a adoptar esta norma vienen motivadas por la ubicación de las parcelas disponibles. Las de la zona de Arroyo Espino lindan con la Subestación Eléctrica de Colmenar Viejo, y las de la zona de la Estación están prácticamente pegadas a las vías del tren. "El desarrollo de viviendas en dichas parcelas puede acarrear en el futuro ciertos problemas de convivencia (ruidos, molestias y demás) con los vecinos que viviesen allí", explican desde el Consistorio.
A pesar de la negativa, el Ayuntamiento aclara que el acuerdo se adopta "sin prejuicio de que, como consecuencia de una alteración en la situación urbanística o de una nueva valoración de la realidad actual, el propio Pleno decida, en un momento posterior, la aplicación de mencionado régimen legal".
En el caso de Las Rozas, sin embargo, se ha decidido no adoptar la norma debido a que el municipio ya aprovechó las ventajas que ofrecía la Ley Ómnibus en este mismo sentido. Según explican desde el Consistorio gobernado por el popular José de la Uz, Las Rozas “ya convirtió varias parcelas del municipio destinadas a servicios en edificios de vivienda protegida”, lo que hace que no sea “necesario” aprovechar esta nueva oportunidad.
Además, añaden desde la alcaldía que se ha querido respetar la “idiosincrasia” del municipio: “Las Rozas tiene un parque empresarial muy grande y creemos que es bueno mantenerlo para seguir atrayendo empresas y, por lo tanto, inversión”.
El Ayuntamiento de Madrid se acoge con condiciones
Rivas-Vaciamadrid (Izquierda Unida) y Alcorcón (PSOE) también han rechazado la norma, mientras que otros ayuntamientos como Arganda del Rey, Leganés, Móstoles, Torrelodones, Valdemoro o Pozuelo de Alarcón han dejado correr el plazo, con lo que permitirán que este apartado de la ley entre en vigor en sus municipios.
Por su parte, Madrid se acogerá a la normativa de forma parcial: el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida ha excluido los suelos que tengan uso alternativo industrial. Según la Ley 3/2024, el uso alternativo de viviendas protegidas en régimen de alquiler no podrá exceder el 30 por ciento de la edificabilidad total destinada al uso terciario en el sector o ámbito correspondiente. Por este motivo, el Ayuntamiento de Madrid ha informado que procesará las solicitudes de licencia en estricto orden de presentación, determinado por la entrega completa de la documentación requerida, conforme a lo establecido en la Ordenanza 6/2022, de 26 de abril, sobre Licencias. y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.
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