En 1961, José María Ruiz-Mateos colocaba la primera piedra del imperio financiero que construiría en las décadas posteriores. Partiendo de una modesta bodega, pasó a ser uno de los hombres más ricos del país con Rumasa, un holding integrado por más de 250 sociedades que daba empleo a unos 65.000 trabajadores. Su característico e inusual modelo empresarial, basado en un grupo de bancos de su propiedad que servían de soporte financiero a sus firmas, fue observado con lupa por el Banco de España desde los últimos años del Gobierno de UCD.
En 1975 se detectaban irregularidades y al consejo de la desinversión se sumó un requerimiento de someterse a una auditoría que reflejara el estado real de sus cuentas. Esta petición del Banco de España no llegaba y el Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, aprobó el 23 de febrero de 1983 un polémico decreto-ley para la expropiación de las compañías del grupo al empresario jerezano.
El Gobierno argumentó “motivos de utilidad pública e interés social” para justificar la intervención. Eduardo Sotillos, portavoz del Ejecutivo, declaró que el objetivo de la misma era “garantizar plenamente los depósitos de los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros, que se consideran gravemente amenazados”. Por su parte, el considerado por Ruiz-Mateos como el ‘brazo ejecutor’ de la expropiación, el ministro de Economía Miguel Boyer, aseguró que se trataba de una “medida política económica con la que se quiso evitar una crisis total de un grupo en quiebra”.
Maestro de las huidas y el esperpento
Estas explicaciones no sirvieron al presidente del ‘holding de la abeja’, que siempre mantuvo su versión de la existencia de una “conspiración político-empresarial para desmembrar Rumasa”. Ruiz-Mateos fue acusado de presunta estafa, fraude e impagos a Hacienda y la Seguridad Social valorados en miles de millones de pesetas. Días después de conocer la noticia huyó a Londres y más tarde a Francfort, donde fue detenido el 25 de abril de 1985. El 1 de diciembre del mismo año era extraditado desde Alemania.
En 1993 la Corte de Estrasburgo dictó en su sentencia que en la expropiación se había violado el derecho del empresario a ser oído, pero no le indemnizó. Cuatros años más tarde, la Audiencia Nacional le absolvía debido a cambios en el Código Penal, aunque consideró probadas diversas falsedades e impagos.
Antes de esto, Ruiz-Mateos protagonizó varios episodios esperpénticos que convirtieron su juicio en un auténtico ‘circo mediático’. El más sonado, la agresión a Miguel Boyer a la salida de los juzgados en la que pronunció el ya mítico “¡que te pego, leche!”. La imagen del propietario de Rumasa disfrazado de Superman y de presidiario aún permanece en la retina de muchos.
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