Austeridad y privatizaciones en lo social y sanitario

Los servicios sociales se consideran el cuarto pilar del estado del bienestar y abarcan desde la adjudicación de prestaciones económicas para personas sin recursos hasta la asistencia a mayores, menores huérfanos, apoyo psicológico a mujeres maltratadas, programas contra las drogas, comedores sociales, atención a la dependencia...

En 2012 y con el fin de ahorrar y "mejorar la eficiencia de los recursos" la Comunidad de Madrid puso en marcha una comisión para evitar duplicidades. Se trataba de poner orden en unos servicios que, en ocasiones, se prestan en el mismo ámbito y reciben los mismos destinatarios. Esperanza Aguirre, como presidenta de la Comunidad, y Ana Botella, como alcaldesa de la capital, acordaron que el Gobierno municipal quedara al frente de la gestión de los centros de mayores, mientras el regional se ocuparía de la lucha contra la drogodependencia.

Esta medida debía haberse implantado en 2013, pero el asunto se complicó cuando el Gobierno de la nación aprobó en febrero un anteproyecto de ley para racionalizar las administraciones locales. Entre otras medidas, el anteproyecto contempla que los ayuntamientos perderán sus competencias en servicios sociales, sanidad y educación. Esta nueva orden mantiene en el aire el futuro de estos servicios públicos.

La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, dirigida en la actualidad por Jesús Fermosel, es el órgano  más alto desde el que se toman las decisiones  en materia social. Con un presupuesto de 1.249 millones de euros para 2013, coordina la atención a la dependencia, el voluntariado, la cooperación al desarrollo, los mayores de 65 años o los inmigrantes ?es reseñable el espectacular incremento de extranjeros que regresan a sus países de origen al no encontrar empleo en España?. Además, dependen de la Consejería el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos y el Consejo Asesor de Personas con Discapacidad. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 450 millones de euros para el mantenimiento de estas ayudas esenciales, siendo el Samur Social la 'estrella' de sus políticas enfocadas a personas sin recursos.

Pero no solo de dinero público se nutren los servicios sociales de la región. Cientos de organizaciones no gubernamentales o congregaciones religiosas prestan a diario sus servicios a quien los necesita. Bien es cierto que todos ellos han visto mermados sus recursos. Por ejemplo, las entidades que luchan contra la drogodependencia han visto cómo frente a los 8 millones que se destinaban en 2007, cinco años después tan solo recibieron una octava parte (1,2 millones). Ante esta situación, muchas entidades temen la quiebra.

Transformación de la red sanitaria
Punto y aparte merece el análisis de la sanidad madrileña. Con un presupuesto de 7.108 millones de euros para 2013, en general, mantiene gran prestigio y su sistema es de calidad. Dispone de 36 hospitales públicos y casi 500 centros de salud y consultorios que en 2012 atendieron a 44,9 millones de consultas médicas, lo que arroja una media de siete consultas anuales por madrileño, según datos de la Consejería. Los hospitales madrileños de la red pública atendieron 11,7 millones de consultas, casi medio millón de ingresos, 2,7 millones de urgencias, 420.000 intervenciones quirúrgicas y 48.400 partos. Además se realizaron 5 millones de pruebas de diagnóstico por imagen, de las que 3.3 millones fueron de radiología convencional. Los laboratorios registraron por su parte más de 10 millones de análisis clínicos. A título de ejemplo, en la Comunidad emitieron 105 millones de recetas.

Uno de los puntos fuertes de la Sanidad madrileña es el sistema de donación y trasplantes de órganos, materia en la que España lleva 20 años siendo líder mundial indiscutible. Madrid, con el 18 por ciento del total nacional, juega un papel fundamental en este logro al ser la primera autonomía acreditada para realizar trasplantes 'multiviscerales'.

En estos resultados han jugado, sin duda, un papel relevante los doce hospitales que Esperanza Aguirre prometió construir en dos legislaturas. Hoy, once funcionan a pleno rendimiento ?Henares, Infanta Leonor (Vallecas), Puerta de Hierro-Majadahonda, Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Infanta Elena (Valdemoro), Tajo (Aranjuez), Sureste (Arganda del Rey), Gómez Ulla (reconvertido), Torrejón y Rey Juan Carlos de Móstoles. La inauguración del duodécimo, el hospital de Villalba, se vio retrasado a causa de los recortes.

Estas infraestructuras han modificado completamente la red de salud pública de la región, transformación que, sin embargo, ha estado envuelta en polémica desde sus inicios. Y es que las políticas de "colaboración con la empresa privada" puestas en marcha por el Ejecutivo madrileño no gustan nada a muchos profesionales del sector.  De los doce hospitales construidos, cuatro nacieron ya con su gestión privatizada (Infanta Elena y Rey Juan Carlos y el hospital de Villalba a cargo de  Capio Sanidad, y  Torrejón gestionado por Ribera Salud y Sanitas).

La situación sufrió un vuelco cuando el 31 de octubre de 2012 el presidente de la Comunidad, Ignacio González, presentó su Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. La medida contemplaba un "ajuste" de 533 millones que habían de salir en buena parte de la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. El anuncio provocó la respuesta del sector sanitario: huelgas, manifestaciones, recogida de firmas... Nunca los profesionales de la salud habían estado tan unidos para mostrar frontalmente su rechazo a las medidas. La 'marea blanca' ?así llamada por color de las batas? se hizo habitual en todas las protestas ciudadanas.

Además de las privatizaciones, el plan supone un cambio drástico en el modelo del Servicio Madrileño de Salud, pues contempla la reducción del gasto medio en medicamentos mediante la dispensación de genéricos, la implantación de la tasa del 'euro por receta' ?medida que, tras ser recurrida, fue suspendida cautelarmente por orden del Tribunal Constitucional?, el incremento de las actividades de la central de compras, la reordenación de la actividad de los profesionales en los hospitales, la concentración de laboratorios,  el cierre del Instituto de Cardiología o la transformación del hospital Carlos III, especializado en medicina tropical entre otras cosas, en hospital para pacientes crónicos.

Todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad ?UGT, CCOO, AMYTS, CSIT, SATSE y USAE? a los que se unió CSIF, programaron paros. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) convocó una indefinida de lunes a jueves en solitario que tuvo un seguimiento tan masivo que llevó incluso a la Consejería de Sanidad a alertar del ingente número de operaciones quirúrgicas y consultas canceladas. Las huelgas, que han vuelto con cinco jornadas convocadas entre mayo y junio, han perdido fuerza en favor de otros tipos de movilizaciones como una consulta popular que logró recopilar casi un millón de votos contra las privatizaciones.

Pero esta postura de los profesionales no ha movido al gobierno regional de su tesis, repetida por prácticamente todos sus miembros: las reformas planteadas son, según la postura oficial, "la única posibilidad de salir de la crisis" y "no hacer nada" nos conduciría a un sistema insostenible. Ante estas diferencias, profesionales y políticos no han conseguido alcanzar un acuerdo.