Las críticas al euro por receta se multiplican

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha anunciado este viernes que su formación política interpondrá medidas judiciales de responsabilidad patrimonial contra el presidente de la Comunidad, Ignacio González, para que "pague de su bolsillo todo el coste económico que está suponiendo la puesta en marcha del euro por receta". Así lo ha expresado Gómez durante la presentación de "más del doble" de firmas --se requieren 50.000-- para llevar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a la Asamblea de Madrid contra el euro por receta y "especialmente el copago farmacéutico a las personas que están en edad de jubilación". "Lo que ocurre es que el PP, con su mayoría absoluta, impide que se pueda formalizar una ILP", ha sostenido.

"Vamos a sacar toda una serie de baterías, de iniciativas, para frenar el desmantelamiento y privatización de la sanidad pública madrileña. Iniciativas institucionales, de movilización social e iniciativas judiciales", ha explicado el dirigente socialista. En este sentido, Gómez ha indicado que el próximo martes presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta, "algo que ya se ha impuesto en Madrid y está ocasionando un trastorno a los madrileños, a los farmacéuticos, y que es una medida más encaminada a desmantelar un sistema sanitario público en Madrid".

"El copago farmacéutico y el euro por receta significa que paga más el que está más enfermo y no el que tiene más recursos económicos", ha aseverado Gómez, quien ha asegurado que él no pagará el euro por receta. "Cada ciudadano haga lo que considere en conciencia, porque después la administración tratará de cobrar el euro y además cobrar por intereses", ha indicado.

Petición al Defensor del Pueblo
IU ya ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al euro por recete implantado en Madrid. El diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha presentado una solicitud de recurso de inconstitucionalidad en el Defensor del Pueblo este viernes y ha aprovechado para tachar de "injusta" la nueva tasa en vigor desde el 1 de enero pues, a su juicio, tiene un fin exclusivamente recaudatorio. Además, según el diputado, supone una "discriminación inaceptable" entre los ciudadanos, que afecta especialmente a los enfermos crónicos y los que tienen varias patologías. Llamazares ha incidido en la necesidad de que se paralice de manera inmediata la aplicación de la tasa, ya que "no puede haber ni una recaudación más del euro por receta, porque este tripago, este impuesto a la enfermedad, es insoportable para los ciudadanos".

Formularios "amenzantes"
El Observatorio Madrileño de Salud —entidad integrada por una veintena de Ayuntamientos de la región, sindicatos, asociaciones profesionales y entidades sociales— por su parte ha señalado que los formularios que entregó la Consejería de Sanidad a las farmacias para que los rellenen los objetores al euro por receta son "ambiguos y amenazantes". Según el Observatorio los formularios "parecen incluir la aceptación de los ciudadanos de estar cometiendo una infracción, cuando en realidad la ilegalidad la comete el gobierno de la Comunidad de Madrid".

En una nota, critica el retraso hasta febrero de la puesta en marcha del sistema informático en las farmacias, lo que provocará que "las tasas pagadas en el mes de enero y hasta que este sistema informático esté disponible no se computen para el máximo anual de 72 euros que establece esta ley, de manera que los madrileños acabarán pagando cantidades muy superiores".

A su juicio, esta tasa es "ilegal" porque  Madrid carece de competencias para fijar una tasa sobre las recetas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), según la Constitución Española, la Ley General de Sanidad, la de Cohesión y Calidad del SNS y la Ley del Medicamento.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Álvaro González, ha recordado este viernes a través de un comunicado que el euro por receta es una tasa "disuasoria", no recaudatoria, y que es necesario cumplir con el objetivo de déficit marcado por el Estado.