El sector de taxi se movilizará la próxima semana, en concreto el miércoles 28 de mayo, para mostrar su firme oposición a la concesión de 8.500 nuevas licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) a la empresa Cabify por parte de la Comunidad de Madrid.
La protesta llega tras la denuncia pública de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), que asegura haber detectado “irregularidades” en el proceso de solicitud de las licencias, que “dejan al descubierto las trampas de la conocida empresa de VTC”.
Según la Federación, Cabify habría presentado documentación de vehículos que no estaban disponibles para su uso, al tratarse de coches alquilados o flotas renting. “Este fraude se ha podido acreditar a través del alquiler de un número considerable de estos vehículos. Incluso se ha comprobado que algunos de ellos ya se habían vendido antes de presentar la documentación (a la Administración)”, exponen.
Estas 8.500 autorizaciones concedidas forman parte de un paquete de 25.000 solicitadas por Cabify en 2018, las cuales fueron denegadas por la Comunidad de Madrid. Ahora, tras siete años de litigios, la Dirección General de Transportes se ha visto “obligada”, a juicio de la FPTM, a retomar el procedimiento de concesión como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo. “Este proceder no implica la puesta en marcha de todas las autorizaciones concedidas, pero, para la FPTM, la activación de una sola de estas autorizaciones da carta de naturaleza a ese fraude y supone un escándalo que deja en evidencia la ineficiencia de los procedimientos”, denuncian.
Para la Federación Profesional del Taxi de Madrid, la autorización de estas licencias “no solo pone en peligro el sector público del taxi, sino que también afecta al correcto funcionamiento y sostenibilidad de la movilidad urbana, con un impacto negativo y directo sobre los ciudadanos, debido a la consecuente congestión del transporte en la ciudad de Madrid y en otros muchos municipios de la comunidad autónoma”.
Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, ha apuntado que “las irregularidades en la concesión de autorizaciones a empresas de VTC no se han atajado por parte de ninguna Administración de manera contundente, con la consecuente asfixia del colectivo y la incertidumbre para miles de familias”. A su vez, Sanz ha condenado con firmeza el inadmisible modo de actuar de Cabify: “Esta empresa ha solicitado miles de autorizaciones y las está vendiendo antes de que se las concedan, estamos hartos de que se haga negocio con la movilidad en las ciudades y entendemos que existe recorrido para que rindan cuentas ante los tribunales”.
Desde la federación también han advertido a los inversores, que califican de “incautos”, que adquieren licencias VTC sin garantías legales, llegando a pagar hasta 40.000 euros por autorizaciones provisionales cuyo futuro depende de decisiones judiciales aún pendientes.
La manifestación, promovida por la FPTM, comenzará a las 11:00 horas junto a la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. La marcha recorrerá el Paseo de la Castellana desde el cruce con la calle San Germán hasta la calle Raimundo Fernández Villaverde, punto en el que finaliza junto a la sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Durante el recorrido, se realizará una parada en la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde los portavoces de la FPTM entregarán un escrito con las pretensiones del colectivo. De la misma manera que ocurrirá, al finalizar la marcha, en la sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Respuesta de Cabify
En respuesta, Cabify ha expresado a Madridiario su rechazo tajante a las acusaciones de la Federación y han defendido la legalidad del proceso. “Toda la documentación presentada por Cabify ante cualquier Administración Pública siempre -insistimos, siempre- cumple con los requisitos exigidos por la normativa de transportes o cualquier otra que resulte aplicable”, asegura la compañía, que recuerda que la Comunidad de Madrid no encontró “ningún defecto documental en la solicitud” respecto a esas 8.500 licencias, y denegara su concesión por otros motivos, que el TSJM ha dictaminado que era en cualquier caso contrario a Derecho.
La empresa también critica al sector del taxi y sostiene que su actividad supone una mejora de la movilidad y una fuente de generación de empleo. “Cabify no solo aporta valor a la ciudadanía, sino también al sector del taxi, de hecho los taxistas conectados a Cabify (un tercio) han ingresado más de 12,5 millones de euros netos en 2023”, exponen.
Desde Cabify aseguran que “siempre” han abogado por la “convivencia y la colaboración con todo el sector”. “Hemos tendido la mano al taxi en numerosas ocasiones, incluido todo lo relacionado con estas licencia”, manifiestan.
Además de esas 8.500 licencias reconocidas por la Comunidad de Madrid tras varias sentencias, Cabify contempla ampliar estas autorizaciones hasta llegar a unas 45.000 que podrían lograr en toda España tras sus reclamaciones en los tribunales.