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Pezuela de las Torres
Pezuela de las Torres (Foto: Ayuntamiento de Pezuela de las Torres )

Miembros del consistorio de Pezuela de las Torres se enfrentan por la ocupación

jueves 15 de octubre de 2020, 07:38h

La localidad madrileña de Pezuela de las Torres, limítrofe con la provincia de Guadalajara, en la comarca de la Alcarria de Alcalá, vive desde hace unos meses una complicada situación vecinal. A mediados del mes de junio, los habitantes de la localidad descubrieron que una de las casas deshabitadas del pueblo, que a día de hoy cuenta con algo menos de 1.000 habitantes, había sido ocupada. A partir de ese momento, los pezueleños comenzaron su lucha por evitar que esta acción ilegal proliferara en la localidad.

“En torno a mitad de año descubrimos la primera vivienda 'ocupada'. Se dijo que la casa se la habían alquilado a alguien, pero este es un pueblo muy pequeño y todos sabemos lo que pasa y quién se mueve en cada vivienda”, cuenta a Madridiario uno de los concejales del Partido Popular de la localidad, Israel Sigler Ramos. Según comenta, a partir de ese momento los vecinos convocaron varias manifestaciones “pacíficas” en la puerta de la vivienda para pedir a los okupas que abandonaran el lugar y mostrar el descontento del pueblo hacia ese tipo de prácticas.

En una de estas manifestaciones, en la que se llevó a cabo una 'cacerolada', uno de los okupas proliferó insultos y “salió a la puerta con una katana para amenazar a los vecinos” y se mostró “muy violento” con todos los que ahí estaban, lo que atemorizó a la población y dio paso a un clima de tensión que, a día de hoy, continúa. La familia que dio paso a la problemática finalmente abandonó el pueblo en torno al mes de julio, pero la proliferación de la usurpación de viviendas no ha cesado desde entonces.

Las viviendas son propiedad del SAREB, entidad con la que el Consistorio municipal ya se ha puesto en contacto para encontrar una solución. “Estamos negociando con ellos para que nos ceda la potestad de ser una especie de mediadores entre ellos y los nuevos propietarios de las casas. Nuestra idea es realquilar 10 viviendas a gente del pueblo que necesite o quiera quedarse con ellas, sobre todo a jóvenes”, comenta. Por el camino, el Ayuntamiento se ha hecho cargo de los gastos para tapiar y cerrar varias de las casas que podrían ser objeto de ocupación, señala el concejal.

“En agosto hubo cinco intentos de ocupación en el pueblo, de hecho en uno de los casos nos encontramos con que ya se había cambiado incluso el bombín del domicilio y estaba todo listo para que entraran y se encerraran en la casa”, dice Sigler. El concejal cuenta además que “desde el primer momento los vecinos se han manifestado, bien en concentraciones espontáneas u organizadas por los vecinos, o bien a través de convocatorias que contaron con el apoyo de la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento”, dice.

Asimismo, el Consistorio ha tratado de abordar en varias ocasiones en el marco de sus sesiones plenarias la situación, un hecho que ha sido “obstaculizado” por parte de los concejales del grupo municipal Izquierda Unida, tal y como denuncia el concejal popular. “Siempre que hay como punto del día en el Pleno del Ayuntamiento la ocupación hacen lo que sea para no abordarlo”, asegura Sigler, que acusa a los miembros de IU de “no querer nunca participar en nada de lo que ha hecho en contra de esta lacra en el pueblo para no perder a sus votantes y que no les regañen desde instancias superiores”.

En esta línea, el popular comenta que “el grupo IU ha propiciado que se suspendan varios Plenos en el Ayuntamiento desde el mes de agosto, y casualmente en todos se iba a tratar el tema de la 'ocupación' en el pueblo”. Así, Sigler enumera la suspensión del Pleno extraordinario convocado para el día 28 de agosto y el del día 2 de octubre, además de darse un “altercando” en el celebrado el día día 7 de octubre. En el primer Pleno de los mencionados, el popular señala que los concejales de IU “no se presentaron”, mientras que en el del día 2 de octubre tuvo que ser suspendido por el alcalde de la localidad, Pío Carmena Servert, al presentarse más miembros de los “acordados”.

“Se envió la convocatoria del Pleno del día 2 de octubre y se indicó que la secretaria interventora del mismo había indicado que en el Salón de Plenos únicamente se podría contar con la presencia de seis personas”, explica Sigler, que señala que “se decidió entre todos los grupos que habría un representante de cara partido, la secretaria, el alcalde y un técnico audiovisual, mientras que el resto de miembros seguirían la sesión de manera telemática”, indica.

Así consta en la notificación enviada a los concejales para dicha sesión plenaria, en la que se incluyen los puntos del día a tratar y se especifica: “En virtud de la Orden 1226/2020 de 25 de septiembre de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas específicas, temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la Covid-19, se permite la asistencia de hasta un máximo de seis personas. Se facilitará un enlace para garantizar la publicidad de las sesiones, para que pueda conectarse el público en general y otro enlace para garantizar la participación de los sres.concejales”.

Sin embargo, llegado el día, Sigler señala que “se presentaron los tres concejales de IU en el Salón de Plenos y señalaron que no se iban a ir porque era su derecho estar ahí”, motivo por el que el alcalde de la localidad suspendió el Pleno en el momento. Lo mismo sucedió en el Pleno extraordinario convocado el día 7 de octubre, en el popular señala que “tuvieron que intervenir miembros de la policía municipal y desalojarlos”, quedando un único concejal representante y “negándose el resto a participar de manera telemática”.

Siguiendo con la teoría de que se trata de una serie de hechos intencionados con el objetivo de obstaculizar el abordaje del tema de la 'ocupación' en el pueblo, Sigler señala que “después de tres intentos, celebrado el Pleno consistorial, el miembro representante de IU ha votado en contra de la moción en contra de la 'ocupación' presentada por el PP”. “Pretenden anular la actividad del Ayuntamiento y no les interesa el funcionamiento normal del mismo para que no podamos aprobar lo relativo a la ocupación”, sostiene el popular.

“No tiene nada que ver con nuestra visión de la ocupación”

Por el contrario, Ángel Laborda Crespo, miembro de Izquierda Unida en Pezuela de las Torres, desmiente “por completo” la versión dada por el Partido Popular de la localidad. “No hay nada de verdad en ello, en absoluto”, sostiene el concejal a Madridiario. En primer lugar, Laborda señala que “nuestra posición sobre el tema de los okupas no es la que se les achaca por parte del Grupo Popular", y han dejado constancia de ello de manera pública.

Tal y como sostienen en un escrito en su página web, “la gente está asustada por el hecho de que le puedan entrar en su casa, en su vivienda habitual o en su segunda residencia, sin conocer a menudo las diferencias entre el 'allanamiento de morada' y la 'usurpación' (u ocupación)”, señalando que la diferencia entre uno u otro radica en “la naturaleza del inmueble en el que se ha entrado”. Así, explican que “si se trata de tu morada (tu lugar de residencia habitual o tu segunda residencia), estamos ante un allanamiento de morada; si estamos ante un inmueble en desuso, se trata de una usurpación (ocupación)”.

“Por tanto, ambos delitos son tipos penales distintos, que afectan a bienes jurídicos diferentes (la intimidad del hogar, derecho fundamental contra el que atenta el allanamiento, y la propiedad privada, derecho no fundamental violentado por la usurpación u ocupación), tal y como se establece en los artículos 18 y 33.1 de la actual constitución”, indican. A reglón seguido, señalan que “exigen procedimientos judiciales y penas diferentes” e indican que “esa es la causa por la que quienes pretenden ocupar una vivienda lo hagan habitualmente con las que pertenecen a los bancos, puesto que suelen ser inmuebles en desuso, vacíos y desocupados”.

El grupo municipal señala en su escrito que “aunque, formalmente, se proteste contra la ilegalidad de la ocupación de viviendas, realmente lo que nos preocupa es otra cosa”, y asegura que lo que realmente se teme es que “las personas que vengan a convivir con nosotr@s en nuestro municipio sean “mala gente” y puedan llegar a causar problemas de convivencia”. En este punto, hacen referencia a que “una vivienda propiedad de un banco ha sido ocupada ya en nuestro municipio, un año tras otro, sin que haya supuesto la alarma social de ahora, a pesar de haberse producido en ella considerables destrozos”.

Así, sostiene que “en el tema de la ocupación, no se puede considerar igualmente a quienes ocupen una vivienda, que pudieran no tener otra alternativa habitacional dadas sus circunstancias sociales y económicas, y a quienes organizan mafias que se dedican a usurpar viviendas para luego ponerlas a disposición del mejor postor, abusando en muchas ocasiones de los anteriores”. En este punto, se preguntan: “¿A qué se debe que haya tantas viviendas construidas y vacías en Pezuela? Quizás, la política urbanística llevada a cabo hace años, antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria, tenga mucho que ver con el tema. Y: ¿somos conscientes de que una de las viviendas que se ha tratado de ocupar era la de una familia de nuestro vecindario, que perdió con el banco por la imposibilidad de hacer frente a un préstamo que, antes de la crisis y el paro, no tenían problema en pagar?”.

Por ello, indican, “no estamos de acuerdo con iniciativas que consideramos contraproducentes, como manifestaciones frente a la casa ocupada, que suponen una presión directa que puede derivar en confrontación”. Sin embargo, los miembros de IU de Pezuela de las Torres señalan que “apoyamos y vemos necesario que el Ayuntamiento se involucre al máximo en las gestiones que podemos llevar a cabo para evitar las mafias”, entre las que determinan “reclamar con firmeza una mayor atención de Policía y Guardia Civil; reclamar a las personas propietarias de las viviendas en desuso que pongan todos los recursos necesarios para evitar su usurpación y que las saquen al mercado a precios asequibles para que sean habitadas, dando así respuesta a la demanda actual de vivienda; y mediar entre las partes; cosas todas ellas que, con nuestro apoyo expreso, se están llevando a cabo”.

“Lo que sí echamos en falta es el hecho de que en ningún momento se haya reclamado al vecindario desde la alcaldía tranquilidad y prudencia para evitar situaciones de riesgo. Más bien al contrario, se le anima a involucrarse en ellas y se convocan manifestaciones que pasan justo por la zona del conflicto”, explican desde IU, llamando a no ignorar el principal origen del problema: “El parque de viviendas desocupadas sin vender o embargadas de Pezuela, porque un parque de viviendas semi-abandonadas siempre será una atracción para ocupar”.

Dicho esto, Laborda reitera que su grupo municipal quiera obstaculizar o impedir el desarrollo de Plenos en el Ayuntamiento de la localidad para no abordar el tema de la 'ocupación'. “Nosotros no hemos impedido nada, todo lo contrario, queremos que se celebren los plenos, tenemos 42 preguntas acumuladas y algunas otras nuevas a las que queremos que nos de respuesta el alcalde”, señala. Además, incide: “Izquierda Unida difícilmente puede impedir nada. El resto de los grupos son mayoría en coalición que nosotros, aunque seamos el grupo mayoritario”, indica.

En estos términos, relata que en la actividad ordinaria del Consistorio local “en los últimos ocho años ha habido siempre seis plenos al año. Sin embargo, al principio de la presente legislatura se aprobó que se celebraran seis plenos ordinarios, y en febrero el alcalde propuso que se modificara dicho acuerdo y solo se llevaran a cabo cuatro plenos ordinarios al año”. Así, indica que “el Pleno de marzo no se celebró por la situación del Convivid-19 y después solo se ha llevado a cabo uno el 10 de junio”, al que se suma el del pasado 7 de octubre.

“Con dos días de antelación, nos convocaron para el día 28 de agosto con motivo de un Pleno extraordinario”, un fecha en la que los concejales de IU se encontraban fuera de la localidad y “después de justificarlo debidamente no acudimos a la sesión, la cual sacaron adelante y en la que aprobaron incluso dos actas sin contar con nosotros”, denuncia. Asimismo, sostiene que “el 2 de octubre teníamos un Pleno ordinario que fue suspendido unilateralmente por el alcalde porque impedía que los tres concejales de IU entrásemos en el Salón de actos” del Consistorio, y señala que así puede verse en la grabación de dicha sesión plenaria.

En este punto, Laborda indica que “el origen del conflicto en el que el alcalde se apoyó para suspender el pleno fue que él pretendía que solo uno de nuestros tres concejales asistiera de manera presencial a la sesión, cosa que él había decidido por su cuenta y riesgo sin contar con nuestro grupo”, algo con lo que los concejales de IU no estaban de acuerdo y por ello “defendieron su derecho a asistir de manera presencial al pleno y el alcalde, lejos de negociar o tratar de llegar a un entendimiento, a los escasos segundos de llegar nuestros concejales al salón del pleno, suspendió la sesión a gritos, golpeando la mesa y de muy malos modos”.

Laborada hace referencia a la mencionada nota a pie de página de la convocatoria, la que menciona la Orden 1226/2020 de 25 de septiembre de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y señala que su estructura y contenido no se corresponden con la situación de Pezuela de las Torres.

“La limitación de asistencia presencial al pleno que el alcalde pretendía imponernos a través de la artimaña de la secretaria se basaba en una orden que no se podía aplicar a nuestro caso”, sostiene desde el partido, alegando: “Nuestro municipio no está incluido en el ámbito geográfico definido en la citada orden; el Ayuntamiento no es un establecimiento de espectáculos, aunque el comportamiento del alcalde pudiera invitar a pensar lo contrario; y el Ayuntamiento no es un centro docente, ni es un establecimiento abierto al público (el pleno se celebraba sin público), ni es una academia o escuela, ni se realiza en él práctica deportiva, que se sepa”

Asimismo, sostiene que “[El alcalde], consciente de la ilegalidad de su decisión, más teniendo en cuenta que la había tomado por su cuenta, sin tratar en ningún momento de consensuarla con nosotros, nunca nos hizo llegar ese mensaje a través de ningún documento que nos remitiera oficialmente por Registro, como se nos hicieron llegar tanto la convocatoria como la documentación del pleno”, haciendo referencia a “la nota que, estratégicamente, la secretaría había incluido en la convocatoria del pleno” y que mencionaba la Orden.

Claramente, sostienen desde IU, “el alcalde no quería comprometerse legalmente al comunicarnos de forma oficial esta discriminación hacia el mayor grupo municipal de nuestro Ayuntamiento”, y añade que “`por ello, nos hizo llegar el mensaje de su injusta decisión indirectamente, a través del correo electrónico que no nos remitió él, sino un trabajador del ayuntamiento”.

“Nosotros debatimos todo lo que se presente en el Pleno”, incide Laborda, y señala que “el PP a nivel nacional tienen una campaña en contra de la ocupacion y quieren sacar el apoyo de los municipios en los que están presentes. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la situación de los plenos en Pezuela de las Torres”.

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