Cuatro años sin luz en la Cañada Real: el Sector VI exige el restablecimiento del suministro eléctrico

El 2 de octubre de 2020 se apagaban definitivamente las luces en el sector VI de la Cañada Real Galiana. No se trata de un recurso literario para ejemplificar el pretendido desmantelamiento de las infraviviendas levantadas en la zona, sino de un corte eléctrico real y que se prolonga ya durante los últimos cuatro años. El resultado, una "catástrofe humanitaria" que afecta a buena parte de la población que allí reside y una "vulneración de derechos humanos" que ha llegado incluso a cobrarse vidas. En suma, más de 4.000 afectados. De ellos, en torno a 2.000 son niños.

El motivo esgrimido por Naturgy, la empresa proveedora del servicio, para justificar el corte del suministro fue la presencia de plantaciones ilegales de marihuana que disparaban el consumo eléctrico. Argumento apoyado por las múltiples operaciones policiales desplegadas para su desmantelamiento y que solo en 2023 trajeron consigo la detención de 122 personas. Desde el corte, fuera como fuese, pagan justos por pecadores: inviernos sin calefacción ni agua caliente y veranos sin la posibilidad de conectar siquiera un ventilador a la corriente para combatir las altas temperaturas. La alternativa, en el mejor de los casos, un generador eléctrico portátil.

“Ya son cuatro años sin suministro eléctrico. Y ahora se acerca de nuevo el invierno. La realidad es que no se están garantizando los derechos humanos de las personas que viven en la Cañada Real. Especialmente en los sectores V y VI. Sin electricidad, no hay vivienda digna. Además se está criminalizando a toda la población. Es indigno. Absolutamente intolerable. El daño provocado por esta catástrofe humanitaria es irreparable”, relata con preocupación la portavoz de la Plataforma Cívica por el Derecho a la Luz en la Cañada Real, María López, en conversaciones con Madridiario.

“Es violencia institucional”

Lo ocurrido en Cañada a lo largo de los últimos años es, a tenor de lo expuesto por la Plataforma, un “absoluto escándalo” porque se estaría “enmascarando” una “grave vulneración de los derechos humanos” que, “al margen de todos los problemas que pueda tener la zona”, ha sido “provocado por la compañía eléctrica” con el “benepláctico” de unas administraciones –Gobierno de España, Comunidad de Madrid y ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada– “incapaces de aportar una solución”: “Ni se facilita ni se permite a los vecinos la firma de nuevos contratos. En algunos casos, desde hace décadas”.

Incluso el Pacto Regional por la Cañada Real, acordado hace ya más de siete años por todas las instituciones con competencias en la materia, continúa López, “recoge que se debe garantizar el servicio eléctrico en todos los sectores”. Sin embargo, “ni siquiera cumplen lo firmado”. En la misma línea, añade la portavoz, hasta tres informes diferentes del Defensor del Pueblo y múltiples resoluciones tanto de Naciones Unidas como del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa –este último de modo cautelar– versarían sobre la necesidad de restablecer el suministro de forma inmediata.

“Esperamos que antes de la llegada del invierno haya una resolución definitiva y el Consejo de Europa termine por condenar al Estado Español por vulneración grave de la Carta Social Europea de los Derechos a la salud, la educación y la vivienda”, lanza la portavoz. De ser así, “podríamos acudir a la vía judicial porque tales resoluciones son “de obligado cumplimiento”. “Se está discriminando gravemente a la población más vulnerable. Incluyendo mujeres, que son quienes más sufren las consecuencias de la falta de luz, migrantes, personas con discapacidad, niños... Es violencia institucional. Nadie ha hecho absolutamente nada para dar una solución”, zanja López.

Realojos, la apuesta institucional

Asegurando que la prestación –o no– del suministro eléctrico escapa a sus propias competencias, la respuesta a cargo de las autoridades implicadas pasa por los realojos, con prioridad para los contextos más vulnerables. La firma del Protocolo del Plan Extraordinario de Realojos Cañada Real 2024-2034 el pasado mes de abril, cuyo objetivo no es otro que facilitar un nuevo hogar a más de 1.600 familias con un presupuesto de 330 millones a repartir en los próximos diez años, así lo refleja.

“La única vía para garantizar una vivienda digna es el realojo”

“El acceso al suministro eléctrico a través de una red estable o regularizada es una cuestión que excede de las competencias del Ayuntamiento de Madrid. La única vía que garantiza el acceso a una vivienda digna y adecuada a los residentes en la Cañada Real es el realojo”, defienden, sin ir más lejos, desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en Cibeles. En cualquier caso, matizan mismas fuentes, el Consistorio habría suscrito un convenio con Cáritas para el reparto “ordenado y con derivación técnica” de bombonas, estufas, tarjetas de gasolina para generadores o leña. A ello habría que sumar además “la acción ordinaria y permanente de los Servicios Sociales municipales y los recursos disponibles en materia de emergencia social”.

Desde que se firmase el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana en 2017, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid han invertido cerca de 60 millones de euros para el realojo de hasta 286 familias. De ellas, 280 pertenecientes al Sector VI. En total, más de 1.000 personas, de las cuales 500 son menores edad. Un ritmo de realojos, dicen, que “no se da en ningún otro asentamiento similar”. Asimismo, defienden en el Consistorio, la ampliación acordada en 2023 ha permitido ampliar la bolsa de vivienda municipal hasta alcanzar los 180 inmuebles.

A tales cifras habría además que añadir también la aportación, dentro de sus capacidades, del Consistorio ripense, que hasta la fecha ha efectuado 14 realojos, con cuatro más en marcha. Con vistas a diciembre y de la mano de la Agencia de Vivivenda Social (AVS), desde el Comisionado por la Cañada Real en Rivas confían en llevar a cabo entre ocho y diez traslados adicionales. Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, asegura que el Ejecutivo central ha transferido hasta la fecha ocho millones de euros a la región a cuenta del Protocolo Extraordinario de Realojos. Una inversión, sostienen, destinada a “incrementar el parque de vivienda disponible” y acelerar así todo el proceso.

“En octubre de 2020 se apagó la luz en el Sector VI. Pero no nos olvidemos que también se limitó el suministro al Sector V. La solución de las administraciones es firmar un realojo en abril de 2024 para diez años. Esto contradice lo que se dijo en el año 2017. Hace siete años, cuando se firmó el Pacto Regional, donde se dice que se garantizarían los suministros a todos los habitantes de Cañada, que se mantendrían el mayor número de viviendas y se intentaría realojar a los que por motivos de infraestructura no pudieran dejar. Una vez más, son mentiras y falta de compromiso por parte de todos los políticos en solucionar algo perfectamente solucionable y que llevamos décadas pidiendo”, concluye María Álvarez -nombre ficticio-, vecina del Sector V.

Resistencia a los traslados y reokupaciones, problemáticas añadidas

La política de realojos adoptada tendría, no obstante, una cara 'B'. Tal y como denuncian en la Plataforma Cívica por el Derecho a la Luz en la Cañada Real, se trata, en muchos casos, de “desalojos forzosos”, contra la voluntad de los propios residentes, a quienes “ni siquiere se les ha consultado”, y que vienen mediados por la amenaza de acometer “derribos ilegales”.“No se puede hablar de realojos a espaldas de los vecinos y vecinas, impidiendo su participación. Más aún en un contexto premeditado de corte de la luz. Es completamente incongruente porque el propio Pacto Regional aspira a que haya una regularización del barrio (…). Las familias que quieren quedarse, que tienen ahí su vida desde hace décadas, solamente están luchando por su barrio”, lamenta López.

Una visión muy diferente es la que adopta el actual Comisionado para los realojos en la Cañada Real por Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura. Pese a reconocer que el “sentimiento de pertenencia” y el “temor a lo que no se conoce” provoca que haya familias que “quieran quedarse”, rechazando, por ende, el traslado hacia otro punto de la región, del Cura garantiza que “la inmensa mayoría de los realojados están felices” porque “si se puede comparar con condiciones dignas, nadie quiere vivir en Cañada”: “Me da mucha rabia que haya asociaciones externas, que no viven el día a día y que piden a la población que resista, que siga allí... Me da mucha rabia porque si no ejercen su derecho al realojo lo pierden durante, al menos, diez años. Lo que realmente necesitan es apoyo, conocer sus derechos y que cada familia haga lo que considere mejor para sí”.

"Si me cortas el suministro eléctrico durante cuatro años y me ofreces un realojo, obviamente me veo obligada a aceptarlo. No estoy eligiendo libremente, sino que es la administración la que me obliga a aceptar ese realojo, que supuestamente es la única solución, bajo la amenaza de que si no lo acepto me quedo otros diez años viviendo en Cañada Real en las mismas condiciones: sin suministro eléctrico, sin agua caliente, sin calefacción, sin nevera... Para que fuera coherente y democrático, yo debería poder elegir teniendo en mi vivienda todas las condiciones normales de un hogar", responde, por su parte, la presidenta de la asociación cultural Tabadol y vecina del Sector VI, Houda Akrikez.

"Es una especie de trata de personas"

También preocupa al exalcalde del municipio el “efecto llamada” que, fruto de la coyuntura económica y las falsas promesas de realojo, se estaría produciendo en la Cañada Real Galiana: “Hay gente que está haciendo negocio por la situación de la vivienda en Madrid. Aprovechando que algunas parcelas son muy grandes, se está construyendo más casas para subarrendar. Incluso en la planta de arriba. Son construcciones ilegales para personas muy vulnerables, sin papeles o que vienen de otros poblados. Es una especie de trata de personas. Nuestra Policía Local no da a basto para abrir expedientes”.

A juicio de del Cura este “efecto llamada” resulta, además, una “gran contradicción” puesto que “la gente que viene ahora no tiene derecho a realojo. Incluso puede que derriben su vivienda”. De acuerdo con lo recogido en el Pacto Regional, únicamente se procederá al traslado de aquellos vecinos con “arraigo” en la zona, aquellos que permanezcan empadronados, al menos, desde diciembre de 2011.