Dimiten varios examinadores ante las sospechas de fraude en las oposiciones de Policía de Alcorcón

Una prueba de conocimientos tipo test. Nueve aspirantes. Una pregunta sin ninguna contestación válida entre las opciones. Otra, errónea hasta en su planteamiento. Tres de los cuatro únicos aprobados dan con la respuesta que tienen los examinadores en su plantilla como buena, aunque no lo sea. En su calificación final, ninguno de esos tres cabos que aspiran a convertirse en sargento baja del notable alto. Los tres, además, tienen un índice de acierto elevadísimo entre las preguntas más difíciles, las que, supuestamente, estaban almacenadas en un pendrive desaparecido días atrás. Solo hay tres vacantes.

Este es el punto de partida del proceso de promoción interna abierto en la Policía Municipal de Alcorcón. Las pruebas para pasar a ser sargento y cabo se celebraron en diciembre de 2014, pero es ahora cuando han salido a la luz las actas de las reuniones que el tribunal de selección ha ido manteniendo hasta hace unas semanas, cuando cuatro de sus miembros se levantaron de la mesa y se marcharon. El proceso, del que están pendientes más de medio centenar de trabajadores, se prolonga ya más de tres años y entra en una fase realmente crítica.

Entre las dimisiones se encuentra la de la secretaria, según han denunciado desde Ganar Alcorcón, formación que participa como observadora en las reuniones del tribunal. Ella, funcionaria de Administración Local con habilitación nacional, ya había dejado "patente" en la reunión del pasado 19 de mayo su "preocupación" por las "filtraciones de información" que sufría el tribunal, según el acta consultada por este periódico.

Un proceso paralizado desde 2015

En aquel encuentro, la secretaria hace alusión a la última de esas filtraciones. Según aparece reflejado, varios de los examinados han presentado una queja en la que reclaman que el tribunal repita la votación de febrero de 2015 que había anulado y mandado convocar de nuevo todo el proceso ante las dudas sobre su regularidad. Argumentan que el presidente del órgano -el jefe de la Policía Municipal- no había votado en el orden correspondiente.

Sin embargo, lo llamativo es que la protesta de los agentes llegaba antes incluso de que se hubiera hecho público el resultado mismo de esa votación, como se argumenta en la reunión celebrada una semana después, el 26 de mayo. Ese día el presidente logra aprobar que el tribunal vuelva a pronunciarse sobre algo ya adoptado como es la anulación del proceso. Lo hace gracias al apoyo de un miembro del órgano que no había hecho acto de presencia en Alcorcón hasta ese momento. Y, también, pese a las advertencias de cometer una "manifiesta ilegalidad" y la marcha de uno de los vocales.

En ese contexto se producen ahora las dimisiones de cuatro de los componentes de ese tribunal. El Ayuntamiento de Alcorcón no ha hecho aún públicas las actas de estas últimas reuniones, que deberían reflejar los motivos de los dimisionarios. En principio, las tres plazas de sargento ya se habrían atribuido y quedaría por decidir qué ocurre con los aspirantes a cabo.

La investigación relizada por el tribunal el 8 de enero de 2015 -un mes antes de suspender el proceso- y conocida ahora, ya concluyó "indicios razonables de irregularidades" al cotejar las respuestas de un grupo de esos aspirantes a cabo. Como ocurría con los que querían convertirse en sargento, entre los exámenes más brillantes, de nuevo se encontraron respuestas correctas imposibles y un índice de acierto altísimo a las preguntas más difíciles.

Las filtraciones

El proceso ha estado marcado por la incertidumbre casi desde el principio y ha necesitado hasta la intervención de la autoridad judicial.

En la reunión del tribunal del 2 de enero de 2015 -solo diez días después de que tuviera lugar la fase teórica de las pruebas-, el anterior presidente del órgano plantea algo asombroso. Fernando Simón, el jefe de la Policía Municipal jubilado ese mismo año dando paso a De María, afirma que "no puede garantizar que no haya habido filtraciones" en las pruebas teóricas tanto de cabo y sargento.

Las sospechas "se agravan" por la "disparidad entre las notas de los aprobados y los suspensos", según el acta. Simón había confeccionado el cuestionario con algunas preguntas de su cosecha, pero la mayoría del test recogía las almacenadas en un pendrive proporcionado por Luis Escudero, el coordinador de Seguridad del Ayuntamiento, que encerraban "un alto grado de dificultad".

Solo una semana después, el tribunal reclama un informe a la Asesoría Jurídica Municipal para proceder ante las rarezas encontradas entre las calificaciones de los aspirantes. Ese informe aboga por anular y repetir el examen, una sugerencia que adopta finalmente el tribunal.

El origen de la bronca

Dos concejales -Jesús Gamonal, de UPyD y Natalia De Andrés, actual portavoz del PSOE- decidieron llevar estas sospechas a los juzgados. El de primera instancia e instrucción número 5 de Alcorcón tomó cartas en el asunto en abril de 2015. En un auto se recoge la declaración testifical de Simón. En ella, reconoce que al buscar y no encontrar un pendrive suyo en el despacho de la Policía en el que tenía algunas preguntas, "echó en falta" también el que le había facilitado Escudero.

El juzgado, sin embargo, tuvo que archivar el caso al no encontrar una relación entre eso y la existencia de un delito de revelación de secretos ni nadie a quien imputar la autoría de la sustracción.

Este auto está en el origen de la dramática discordia que ha vivido el tribunal estos días. En enero de 2016 y basándose en su contenido, la Asesoría Jurídica sugirió entonces reactivar el proceso porque no había "pruebas palmarias" sino "indicios". Con el voto en contra de De María, el tribunal decidió, no obstante, mantener la suspensión. Es justo la repetición de esa votación lo que ahora habría generado las dimisiones.

¿A quién beneficia?

Los beneficiarios de que el proceso no decaiga son, evidentemente, los que han aprobado. Ganar Alcorcón sospecha que estos agentes que ahora habrían promocionado de categoría son los más cercanos a David Pérez, el alcalde. "La lista coincide con los habituales en la 'guardia pretoriana' de Pérez, que ha sancionado a varios vecinos y vecinas y a trabajadores municipales que han recriminado sus políticas", valoran desde la formación.

El control del cuerpo estaría así garantizado no solo a través de De María, un puesto al fin y al cabo de designación política, sino también mediante el acceso a los mandos intermedios de los funcionarios, según esta argumentación, más próximos al regidor. De hecho, desde la formación de izquierdas creen que sus sospechas se verán ratificadas "cuando se abra el sobre con las notas de la promoción a cabos". A su juicio, todo apunta "hacia un posible caso de prevaricación", añaden.

El PP, que gobierna en minoría, rechazó junto a Ciudadanos (C's) la creación de una comisión de investigación al respecto.