Antes de ser viceconsejero de Jaime González Taboada, Miguel Ángel Ruiz fue consejero delegado de Arpegio, la empresa pública que gestionaba la compra de suelo y el plan PRISMA en la Comunidad de Madrid. Este viernes, ha declarado en la comisión de corrupción de la Asamblea que está estudiando la gestión de Arpegio, algunos de cuyos contratos son investigados dentro de la operación Púnica. En su declaración, Ruiz ha justificado varios gastos polémicos de la empresa pública, si bien ha aclarado que fueron anteriores a su llegada.
Uno de ellos es la construcción de un aparcamiento, que costó seis millones de euros. El diputado de Ciudadanos Juan Rubio ha asegurado que esperaba encontrarse un edificio de varias plantas, pero que al llegar comprobó que era una explanada, que se habían limitado a "allanar y dynamicar", algo que ha calificado de "despropósito". Este gasto se incluye dentro de los 55 millones gastados en Arganda, donde se iban a urbanizar 3 millones de metros cuadrados, que, por el momento, solo han servido para organizar Rock in Rio en tres ocasiones. Según Ruiz, se trata de "55 millones perfectamente desglosados" y que serán rentables a largo plazo, pues cree que la zona será el "futuro de la conexión entre Valencia y Europa". El aparcamiento "sirvió de base para la urbanización", ha justificado Ruiz.
Una factura sin firmar de 16 millones
Ruiz fue quién firmó y envió la factura de 16 millones de Arpegio de la que nadie de la Comunidad de Madrid, que tenía que abonarla, se ha querido hacer cargo. Durante un duro interrogatorio con el diputado socialista Rafael Gómez Montoya, ha dicho que los gastos eran anteriores a su llegada a la empresa pero que la firmó por petición de los auditores. En cualquier caso, ha reconocido asumir "los conceptos" de la factura, principalmente actos de inauguración, publicidad, merchandising e incluso gastos en farmacias o supermercados, como ha señalado Gómez Montoya, para quien es "una factura nada clara". El viceconsejero ha respaldado esos gastos diciendo que el Plan Prisma, que era una de las competencias de la empresa pública, "era un programa que los madrileños tenían que conocer".
La factura fue cobrada por Arpegio pero sin un informe de la intervención de la Comunidad que le diera validez. Ruiz ha asegurado que sí hay un informe que ampara algunos gastos para sorpresa del diputado del PSOE, al que la Comunidad le ha respondido de forma oficial que no existe ningún informe al respecto.