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Casa Okupa
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El Ayuntamiento cerca a los centros 'okupa' con la Ley de Espectáculos

Por Enrique Villalba
miércoles 07 de mayo de 2014, 07:30h
El Ayuntamiento de Madrid está aplicando la Ley de Espectáculos Públicos en los centros sociales 'okupados' para garantizar la seguridad en los eventos que allí se celebran. Fuentes del movimiento aseguran que estos procedimientos matan la actividad y el servicio social que prestan estos espacios autogestionados.

En Madrid hay decenas de centros sociales 'okupados' en los que se desarrollan actividades de contenido político y social, tratando temas de todo tipo, desde el medio ambiente al consumo, pasando por la cultura, la educación o la economía. Según denuncian fuentes de este movimiento, desde que ocurrió la tragedia del Madrid Arena en noviembre de 2012, en la que fallecieron cinco jóvenes aplastadas, el Ayuntamiento ha comenzado a controlar la seguridad de los eventos que se celebran en estos espacios, como hace con otros locales de espectáculos. El procedimiento es el siguiente: en el momento en que se anuncia un evento que vaya a congregar a un número relativamente significativo de gente, el Consistorio envía una carta para avisar de que, el día del evento, se va a realizar una inspección de seguridad por parte de Policía Municipal y Bomberos para emitir un informe al respecto.

El delegado municipal de Seguridad, José Enrique Núñez, explica a Madridiario que, desde que ostenta el cargo, se ha preocupado de establecer controles sistemáticos de los eventos que se celebran en la ciudad, en cumplimiento de la Ley de Espectáculos Públicos, para garantizar la seguridad ciudadana. "El caso de las casas okupa no es una excepción porque, aunque no dispongan de permisos, la responsabilidad subsidiaria si ocurre cualquier problema es del Ayuntamiento", concreta. En ese sentido, siempre que la administración es consciente de conciertos u otros eventos relacionados en estos recintos, envía a la Policía Municipal y los Bomberos para hacer las comprobaciones pertinentes en materia de seguridad e impedir el acceso a esos inmuebles en caso de peligro. "En la mayor parte de los casos, los ciudadanos que asisten a estos eventos son razonables con estos controles. No obstante, en alguna ocasión han tenido que acudir como apoyo unidades de la UIP de la Policía Nacional para imponer la autoridad", prosigue el edil. Se refiere a los hechos ocurridos en enero de 2013 en el centro La Traba (Arganzuela). Tuvieron que acudir los antidisturbios porque se hizo el control apenas una hora antes del concierto que iba a celebrarse y, finalmente, se desalojó el local. La situación se ha repetido en otros contextos como el ESOA La Dragona (Ciudad Lineal), el centro Raíces y otros tantos.

Miembros del movimiento explican que la cancelación de estos eventos esconde una política activa más allá de la seguridad. "Las personas acuden libre y responsablemente a los centros, por lo que avalan y garantizan la seguridad en cada actividad. El uso de la Ley de Espectáculos es un barniz legal para reprimir espacios que no controlan", comenta un portavoz. Otra añade que "cancelar los talleres y eventos culturales mata la iniciativa vertebradora en lo social y lo cultural que suponen estos espacios autogestionados para los barrios". En todo caso, tal y como admite el movimiento en diversos foros diseminados por la red, ataca el principal medio de financiación de los espacios y los colectivos que en ellos desarrollan su actividad, poniéndolos en riesgo de extinción.

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